Piden hasta siete años de cárcel para 21 acusados por la mayor protesta de "Rodea el Congreso"
Los 21 acusados de causar desórdenes durante la protesta denominada "Rodea el Congreso" que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2012, la más multitudinaria de las convocadas, se sentarán en el banquillo 12 años después para enfrentarse a penas que van entre los tres años y ocho meses de cárcel y los siete años y cuatro meses de prisión. A los acusados se les imputa por presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y de resistencia, y falta de lesiones.
Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid tiene previsto celebrar entre el 18 y el 28 de noviembre este juicio por los altercados que tuvieron lugar entre la tarde del 25 de septiembre de 2012 y la madrugada del día 26 en las cercanías de la Cámara Baja.
Aquella jornada, convocada por varios colectivos que coreaban consignas como "no nos representan" o "lo llaman democracia y no lo es", se saldó con 35 detenidos y al menos 64 heridos entre manifestantes y policías. Participaron unas 6.000 personas, según informó la Delegación del Gobierno entonces. Esa protesta fue seguida por otras similares en los días siguientes, en las que también hubo algunos altercados que han desembocado en otros procesos penales.
La Coordinadora 25S pide suspender un juicio "político"
La plataforma convocante de esas protestas, la Coordinadora 25S, ha hecho público un comunicado en el que critica que se llegue a un juicio por unos hechos ocurridos hace 12 años, algo que ya debería llevar a que se suspenda, y que se pidan unas penas que suman un total de 112 años y cinco meses de cárcel.
"Los juicios políticos se pueden -y se deben- ganar", afirma el colectivo, que incide en que "se trata con toda claridad de un juicio político" porque las convocatorias "Rodea el Congreso" tenían como objetivo "denunciar la corrupción del Régimen, el carácter antidemocrático de éste, así como la necesidad de poner en marcha un proceso constituyente", unas exigencias que considera que hoy "están aún más justificadas de lo que estaban hace doce años".
Cuatro acusados se enfrentan a más de siete años de cárcel
Este proceso llegó a la Audiencia Nacional porque a los imputados se les acusó de un delito contra las instituciones del Estado, pero finalmente se investigó en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.
En el escrito de la Fiscalía de Madrid de cara al juicio la máxima pena se solicita para cuatro de los procesados para los que pide tres años y ocho meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos más otros tres años y ocho meses por atentado. En cambio, la solicitud mínima de prisión es de tres años y ocho meses para dos de los imputados por el delito de desórdenes públicos.
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La Fiscalía relata en el escrito que algunos de los congregados aquel día, en dos protestas cuyos integrantes confluyeron en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso, acabaron "arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado tirando vallas y arrojando objetos contundentes contra ellos, lo que obligó a organizar el despliegue de diversas unidades de UIP para tratar de contenerlos".
Para la Fiscalía fueron "diversos grupos controlados y organizados", además de ciudadanos individuales, los que "dirigieron sus acciones a causar destrozos en la vía pública, intentando rebasar los cordones de seguridad establecidos, arrojando objetos no solo contra la fuerzas se seguridad sino contra los vehículos policiales".
Subraya el Ministerio Público que los convocados "trataron de impedir la salida de los diputados, lo que obligó a los mandos policiales a establecer una salida libre de manifestantes", y luego se dispersaron por la zona de Atocha. Sobre algunos de los imputados relata que, además de lanzar objetos, pegaron patadas y puñetazos a los agentes, algunos de los cuales resultaron heridos.
