La Plataforma por la Escuela Pública advierte de la regresión que quiere imponer la ultraderecha en las aulas

Los grupos de extrema derecha emplean un "radicalismo reaccionario y pretenden incidir, condicionar y fiscalizar los proyectos educativos en los centros docentes". Es la advertencia que lanza la Plataforma Estatal por la Escuela Pública –en torno a la que se concentran sindicatos, estudiantes y familias– y lo hace tras poner el foco en el llamado "pin parental", una herramienta abanderada por Hazte Oír y defendida por Vox con el fin de fiscalizar el contenido que se imparte en las aulas, desde una óptica ultraconservadora.

Eva García de Madariaga, portavoz de la plataforma, expresó en una rueda de prensa celebrada este jueves su "rechazo frontal y abierto a toda una serie de iniciaticas, como el pin parental, que responden al objetivo de influir" en  los contenidos educativos y en las competencias del profesorado. La portavoz reivindicó el papel que juega la educación pública en la "construcción de la identidad personal" del alumnado y en el "desarrollo de sus capacidades". El pin parental, por contra, "vulnera precentos no solamente legales y constitucionales", sino también "acuerdos internacionales relativos a los derechos humanos". García de Madariaga aprovechó la ocasión para solicitar "por la vía de urgencia" una reunión con la actual ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá.

El Gobierno advierte de que llevará a los tribunales el 'pin parental' por "socavar el derecho a la educación"

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El pasado 30 de septiembre, CCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia el envío masivo por parte de Hazte Oír de cartas con el pin parental. Comisiones argumentaba, en su escrito, que la asociación ultra "carece de finalidad educativa y por lo tanto se produce una intromisión ilegítima de la asociación en los centros educativos dependientes de la Administración Pública". Además, los propios estatutos de la organización "no prevén entre sus fines este tipo de participación o de acciones", de manera que, a juicio del sindicato, podría estar dando lugar a "declarar actos ilícitos estas actuaciones".

Rodrigo Seoane señaló, en representación del sindicato, que todavía no existe una respuesta a raíz de la denuncia, pero recordó que los centros educativos que estén recibiendo el pin parental pueden oponerse a su puesta en marcha. Si un padre o madre lleva al centro el documento, el colegio tiene que registrarlo "pero eso no obliga a ningún compromiso". De hecho, aclaró el sindicalista, "cuando se solicita su implantación se está pidiendo una ilegalidad", pues la actual ley educativa incluye entre sus objetivos "el desarrollo integral del alumnado". "Lo que se está pidiendo con ese pin parental es que el centro no cumpla con su obligación", reiteró. Actualmente, además, trece comunidades autónomas cuentan con leyes LGTBI que promueven la incorporación de la realidad del colectivo en los planes de estudio.

"En las comunidades donde Vox tiene influencia, como Andalucía y Murcia", la propuesta tiende a avanzar, siempre con la connivencia de partidos como PP y Ciudadanos, advirtieron los sindicalistas, aunque "el comportamiento de otras formaciones varía en función del territorio". En La Rioja, la asociación Abogados Cristianos ha denunciado a un colegio por negarse presuntamente a recoger el pin parental. Los miembros de la asociación también remacharon que, tal y como está conformado el sistema educativo, las familias siempre son conscientes de los contenidos que se imparten en las aulas. "Los padres tienen pleno conocimiento y pueden participar a través de las AMPAS y los Consejos Escolares" de cada centro, enfatizó José Luis Pazos, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).