El PP aforó al rey Juan Carlos con una "enmienda fraude" como la que ahora denuncia

"Argucia". "Fraude". "Vergüenza". Estos fueron algunos de los calificativos a los que recurrió este miércoles el Partido Popular para definir el atajo legal al que ha recurrido el Gobierno de Pedro Sánchez para reformar la Ley de Estabilidad y allanar el camino hacia la aprobación de los Presupuestos. Aprovechando el fin del plazo de enmiendas, el partido del Gobierno registró un texto para modificar una proposición de ley sobre medidas urgentes para la aplicación del pacto de Estado en materia de violencia de género. Los conservadores se han llevado las manos a la cabeza y buscan jurisprudencia para intentar responder a este ataque que eliminaría su capacidad de veto en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. No obstante, no tienen que buscar esas sentencias muy lejos. En 2014, el PP aforó al rey Juan Carlos ante el Tribunal Supremo con lo que ahora califica como una "enmienda fraude". La misma jurisprudencia del Constitucional que esgrime ahora el PP fue utilizada en 2014 por el PSOE. Los papeles, pues, se han intercambiado.

Como ocurre en el caso de la maniobra ejecutada por los socialistas, la enmienda para aforar al rey emérito nada tenía que ver con la iniciativa a la que se incorporaba. Se introdujo en el proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que fue utilizada así para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

  Esquivar la mayoría absoluta del PP

Si la polémica enmienda de los socialistas está destinada a esquivar la mayoría absoluta del PP en el Senado para garantizar la aprobación de los Presupuestos, las que presentó el PP iba encaminada a proteger al rey y a los miembros de su familia. El 2 de junio, Juan Carlos I había comunicado su abdicación; el 26 de junio, el proyecto de ley recibía el visto bueno del Congreso de los Diputados.

Además de situar al Supremo como órgano competente para tramitar y enjuiciar las acciones civiles y penales "dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, los príncipes de Asturias, así como contra el rey o reina que hubiera abdicado y su consorte", cualquier procedimiento abierto en los tribunales contra los citados en ese momento debía ser remitido al Alto Tribunal.

La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PP y los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Los socialistas se abstuvieron, pero criticaron con dureza el procedimiento.

  "Inédito" y de "una gravedad extrema"

Ambos partidos parecen haber olvidado el caso del aforamiento del rey emérito. En la tarde de este miércoles, el PP presentó sendos recursos de amparo ante la Mesa de la Comisión de Justicia y ante la Mesa del Congreso. Tienen por objeto, señalan, "garantizar el derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española, de participación de los diputados en la función legislativa, proteger la función legislativa de la Cámara, así como la debida conexión material y relación de homogeneidad entre la iniciativa legislativa en tramitación y las enmiendas presentadas a la misma".

Horas antes, los dirigentes del PP desplegaban un argumentario en el que calificaban de "hecho inédito y de una gravedad extrema" para la democracia la actitud del Gobierno. Una "argucia" que, además, a ojos de los conservadores es "contradictoria con la voluntad expresada por el Grupo Socialista de reforzar el papel del Senado como cámara de representación territorial". 

Respecto al objeto de la ley en la que se introduce la enmienda, el PP cree que hacerlo en el marco del pacto contra la violencia de género es "un fraude en toda regla a los procedimientos parlamentarios". 

También destacan siete sentencias del Tribunal Constitucional que han sentado una doctrina "consolidada" que "exige congruencia y homogeneidad entre las enmiendas y el texto al que se presentan esas enmiendas".

  El listado de Moncloa olvida el aforamiento del rey

El Gobierno, por su parte, también desplegó su propio argumentario para defender que su maniobra era "constitucional". Y para deshacerse de las acusaciones del PP de que lo que estaba ocurriendo era "inédito" desde Moncloa se difundió un listado de catorce casos en los que se aprovecharon enmiendas "no coincidentes con la iniciativa legislativa". Catorce enmiendas, todas del Partido Popular, vinculadas a seis leyes. Curiosamente, en el listado difundido por el Gobierno no figura la ley con la que el PP aforó al rey emérito, una iniciativa en la que los socialistas se desmarcaron por primera vez de los conservadores en una votación sobre la monarquía.

La posición del PSOE en el pleno del Congreso de junio de 2014 la defendió la ahora ministra de Política Territorial Meritxell Batet, que se quejó en el debate de que se había producido una "usurpación de la principal función de un Parlamento, que es la deliberación, el acercamiento de posiciones y el acuerdo".

"¿Por qué el Gobierno no hizo un solo proyecto de ley y trajo dos por separado al Parlamento? Porque el Gobierno valoró, con buen criterio, que eran cuestiones completamente distintas y que merecían debates propios, individualizados y específicos. De hecho hay varias sentencias, citadas ya por el señor Olavarria, del Tribunal Constitucional como la 119, la 136 y la 176 de 2011, y la 209 de 2012, que marcan claramente esta línea jurisprudencial", sostuvo la diputada Batet en 2014. Esas mismas sentencias fueron citadas en el argumentario que el PP difundió este miércoles.

El proceso de aforamiento del rey emérito no convenció mucho al por entonces presidente del Congreso, Jesús Posada (PP). En julio de 2014, en su intervención en el curso "Estado y sociedad frente a la crisis y corrupción" de la Universidad Rey Juan Carlos organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, llegó a decir que fue "un poco chapuza" debido a que se hizo "a toda velocidad".

  Lo que dice la doctrina del Constitucional

¿Y qué dice la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) alegada en su favor en 2012 por el PSOE y ahora por el PP? La sentencia 119/2011, que es la que sienta doctrina, ampara a un grupo de senadores socialistas que denunciaron la modificación del Código Penal a través de la Ley de Arbitraje, realizada por el Gobierno de José María Aznar en 2003. Entre otros argumentos, los senadores alegaban que se había violado su derecho a la participación en la función legislativa, al reformar el Código Penal a través de dos enmiendas de una ley que nada tenía que ver con dicha materia. 

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El TC dio la razón a los senadores socialistas, al señalar que "cuando sea evidente y manifiesto que no existe" conexión entre la materia de la enmienda y del proyecto legislativo que pretende modificar, puesto que en tal caso "se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa".

El tribunal destacó que incluso en casos de urgencia existen otros mecanismos viables, como el Decreto-ley o las tramitaciones legislativas por los procedimientos de urgencia o en lectura única. "Aceptar el ejercicio del derecho de enmienda como mecanismo paliativo o sustitutivo de las insuficiencias que pudieran tener los procedimientos legislativos supondría tanto como hacer caso omiso de la voluntad del constituyente", añade.

Y concluye el TC que admitir a trámite esas enmiendas de una modificación del Código Penal que nada tenían que ver con el contenido de la ley de arbitraje hizo que los senadores recurrentes vieran "restringidas sus posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto".