El protocolo de emergencias de los bomberos de la Comunidad de Madrid no incluye las nevadas

La borrasca Filomena, que ya la tarde del viernes comenzó a paralizar buena parte del país con una nevada que ha roto los récords del último medio siglo, ha dejado al descubierto los agujeros de la estructura por la que en la Comunidad de Madrid se rige un servicio esencial: el de los bomberos. Con una plantilla de casi 1.400 funcionarios –la capital dispone de su propia unidad con un número similar de integrantes–, la norma que desde marzo de 2019 prevé la movilización extraordinaria de miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en situaciones de emergencia no incluye las nevadas: "expresamente",  deja “fuera del alcance del procedimiento" los "avisos" de que se producirán. ¿Por qué? Porque "a pesar de su afección a la población no tienen gran repercusión en el número de intervenciones o la carga de trabajo" del Cuerpo.

"No se incluyeron porque se vio que estadísticamente las nevadas reducen el número de intervenciones de los bomberos entre un 15% y un 20% y nunca habíamos tenido una alerta roja por nevadas". Esa es la explicación que a preguntas de infoLibre ofrecieron este jueves fuentes de la Consejería de Interior de Madrid. En un clima político donde tanto la presidenta de Madrid como el alcalde de la capital cargan las culpas del colapso sobre el Gobierno central, la peculiaridad del protocolo de emergencias del cuerpo regional de bomberos había pasado por completo inadvertido hasta que fuentes del sector se lo facilitaron este jueves a este periódico.

Pero lo que está fuera de duda es que esa ausencia en una lista que se limita a "los avisos por lluvias, vientos o tormentas" mermó los efectivos disponibles al comienzo del fin de semana, es decir, en el momento más crítico de Filomena. Israel Naveso, portavoz de CSIT, sindicato mayoritario en el cuerpo regional, da la cifras: en lugar de 235 bomberos que señala el protocolo para casos de alerta roja máxima, al comienzo del fin de semana "prestaron servicio unos 172". Luego se incrementaron hasta 185, dice. Es decir, la dotación que comenzó a actuar era un 30% inferior a la que habría estado disponible si las nevadas apareciesen en el protocolo junto con los vientos y las lluvias.

¿Y qué ocurre si una nevada invade no toda la Comunidad, como ha ocurrido con Filomena, pero sí una comarca entera o un municipio? Pues la Comunidad insiste en que el Plan de Inclemencias Invernales, de ámbito general y presentado en diciembre por Isabel Díaz Ayuso, obliga a los Ayuntamientos a adoptar medidas: "Les obliga a comprar sal y a la limpieza de calles", señalan en Interior. El Gobierno de Ayuso destacó de ese plan que cuenta con "medios materiales y humanos que garantizarán el buen estado y la accesibilidad de los más de 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica". 

Pero el agujero que representa la ausencia de las nevadas en la norma denominada Procedimiento de refuerzo y/o redistribución anticipada de recursos por fenómenos meteorológicos adversos se produjo por razones que, más allá del argumento estadístico invocado por la Comunidad de Madrid, ninguna de las fuentes consultadas se explica. El sindicalista Naveso subraya, de hecho, que el Parlamento madrileño aprobó en marzo de 2018 una proposición no de ley (PNL) con los votos del PP y Ciudadanos "y la abstención del resto de los grupos". Y que esa PNL instaba al Gobierno regional a lo siguiente: "Implantar, con carácter urgente, un protocolo de refuerzo de personal de guardia del Cuerpo de Bomberos de manera que se incrementen automáticamente las dotaciones mínimas operativas establecidas cuando se prevean episodios de riesgos meteorológicos importantes con fenómenos atmosféricos no habituales". El portavoz de CSIT ignora por qué no se incorporaron al protocolo las nevadas si, en caso de no conllevar un riesgo, nadie saldría perdiendo.

Pero los flancos débiles no acaban ahí. Porque la privatización que en 1997 dejó en manos de empresas privadas los servicios de refuerzo de los bomberos de la Comunidad de Madrid en el ámbito forestal también ha pasado factura en la tempestad de nieve que, por ejemplo, ha hecho que en numerosas zonas de la capital sean los vecinos quienes asuman la limpieza de calles intransitables por las que aún hoy siguen sin poder circular más vehículos que los 4X4. De aquella privatización, por la que los servicios de prevención y extinción de incendios forestales pasaron a manos de empresas privadas, solo se libraron 230 trabajadores por su negativa a salir del paraguas público. Tras años de pleitos lograron la pasada década su reconocimiento como personal laboral fijo discontinuo. Entre mayo y octubre refuerzan al Cuerpo de Bomberos en la lucha contra el fuego en el ámbito forestal.

Pero, mientras desde Murcia llegaban este fin de semana a Madrid 28 bomberos forestales para ayudar a quitar la nieve y el hielo, ninguno de estos fijos discontinuos de Madrid se ha incorporado a las brigadas que trabajan a  contrarreloj para restablecer ahora la normalidad. Activar sus contratos, asegura la Consejería de Interior a preguntas de infoLibre, "requeriría tres meses de trámites administrativos". La mayor parte de las fuentes consultadas coincide en la dificultad de activar esos controles. Otros, como Adrián Lacasta, también de CSIT aunque con una posición distinta a la de Naveso por su condición de fijo discontinuo, cree que la activación habría sido posible en el caso de una plantilla que gana al mes solo 1.500 euros. "Queremos trabajar todo el año", resume. "Nuestra reivindicación principal –sostiene Mario Zorrilla, del sindicato Cobas– es la de trabajar todo el año porque si no estamos en prevención de incendios podemos hacer otras tareas y porque se necesita un cuerpo de bomberos forestales polivalente".

Privatización de servicios

Pero el laberinto de cómo funcionan los bomberos de la Comunidad y lo que en principio reúne las características de unidades de apoyo no acaba ahí: otros 500 trabajan para las dos empresas que tras la privatización de 1997 se dedican en exclusiva a prevención y extinción de incendios fuera de la capital. Pero tampoco los aproximadamente 300 con contrato fijo –los restantes trabajan como fijos discontinuos– se sumaron hasta el lunes al contigente que lucha contra la nieve: el compromiso de las empresas se limita a prevenir incendios y a combatirlos como retenes de apoyo bajo la dirección de los miembros del Cuerpo de Bomberos. Mientras los límites de las tareas encomendadas por contrato a las mismas dos compañías privadas desde hace años –Infosa y Matinsa– sumía el fin de semana a los bomberos forestales de Madrid –los famosos "retenes"– en un limbo que por fin se rompió el lunes.

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"Los forestales no están en el plan de emergencias", asegura José Morilla, del sindicato de forestales Firet, cuyo tuit sobre cómo en un temporal como el de Filomena estaban siendo orillados los miembros de los retenes se hizo viral. Y posiblemente, cree Morilla, influyó de algún modo en que los retenes se incorporasen por fin a la batalla contra Filomena. En su opinión, "tiene que haber unos protocolos claros".

Carlos Paraíso, responsable de negociación colectiva de CCOO Industria de Madrid, evita pronunciarse sobre a cuál de las dos partes –la Comunidad o las empresas adjudicatarias– corresponde la culpa del retraso. "Pero si Tragsa hubiera llevado ya el servicio no habría ocurrido esto". Aunque los portavoces de la Comunidad no lo confirman de forma oficial, distintas fuentes de todas las consultadas coinciden en que Tragsa, empresa pública estatal, asumirá a comienzos de 2022 las tareas ahora asignadas a Infosa y Matinsa. 

Salvo viraje, la entrada de Tragsa supondrá el regreso a la gestión pública, destaca el diputado José Luis García. Portavoz del PSOE en la comisión de Justicia, Interior y Víctimas de la Asamblea de Madrid, García cree que contribuirá a mejorar una situación enrevesada y con largas sombras cuyo origen –sostiene– se remonta a la privatización de 1997 y que ahora tiene paralizada la capital: "La Comunidad de Madrid –enfatiza– está fracasando en la gestión de la nevada por no prever lo que se venía encima, por no poner todos los recursos humanos disponibles y por intentar endosar los problemas de la borrasca a otras Administraciones. Debería haberse puesto al lado de los Ayuntamientos para paliar cuanto antes los efectos de la nevada y prestarles la ayuda necesaria en lugar de exigírsela al Gobierno de España".