El PSOE quiere poner fin a 37 años de incumplimientos de los Gobiernos sobre el marco jurídico del Valle de los Caídos

La memoria histórica ha sido una de las banderas que más ha enarbolado el Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa. Desde el minuto uno, el Ejecutivo socialista pisó a fondo el acelerador para acercar cuanto antes a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista la verdad, justicia y reparación que llevan décadas exigiendo. Así, se inició el procedimiento de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y se impulsó desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para ampliar la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Pero ambas iniciativas se le terminaron atragantando al Gobierno de Sánchez. La exhumación, por las trabas de la familia. Y la nueva normativa por el adelanto electoral y el bloqueo parlamentario de PP y Ciudadanos. Sin embargo, el PSOE no quiere que esta segunda iniciativa caiga en saco roto. Por ello, ya ha registrado en la Cámara Baja una nueva proposición de ley que, entre otras novedades, obliga al Ejecutivo a modificar de una vez el marco jurídico por el que se rige Cuelgamuros, que data de la década de 1950.

Desde que decayera la pasada legislatura con la convocatoria de elecciones anticipadas, la formación socialista ha dejado clara desde el primer momento su intención de recuperar tras los comicios las iniciativas relevantes que se quedaron en el tintero. Y una de ellas era, como señalaban en su programa para el 28A, la reforma integral de la normativa memorialista que fue impulsada hace una década. Por ello, y aunque todavía esté en el aire una posible repetición electoral, el PSOE ya ha registrado en la Cámara Baja una proposición de Ley de memoria histórica y democrática con el objetivo de que España revalide “su apoyo a los valores democráticos” lo que pasa por “reconocer” a todos aquellos que “lucharon por la libertad y la democracia” y “desterrar definitivamente” de la sociedad “el franquismo y todo lo que representó”. “Con más de una década de perspectiva, podemos comprobar la necesidad de actualizar una ley que lleva más de diez años en vigor si queremos alcanzar el objetivo que estableció el legislador en su momento”, recoge la iniciativa en su exposición de motivos.

La nueva proposición de ley registrada obliga al Ejecutivo a romper de una vez por todas con la normativa franquista por la que se rige el Valle de los Caídos. Lo hace en su disposición transitoria primera, en la que se establece que el Gobierno determinará vía Real Decreto “el nuevo marco jurídico que ha de regir” Cuelgamuros, así como “la institución directora definitiva, sus bienes y cuantas otras relaciones y situaciones jurídicas que pudieran verse afectadas”. En tanto el Ejecutivo da luz verde a este Real Decreto, continúa el texto, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos seguirá ejerciendo sus funciones y el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional continuará desempeñando su labor de patronato y representación de dicha entidad. Es decir, hasta que no entre en vigor ese Real Decreto el lugar donde a día de hoy reposan los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera deberá seguir operando bajo la armadura jurídica levantada por el franquismo hace más de seis décadas.

37 años incumpliendo la ley

Cuarenta años después de la muerte del dictador, Cuelgamuros continúa sujeto a tres normas promulgadas en los años 1950. La primera de ellas es el decreto-ley de agosto de 1957, por el que se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, una entidad cuyo patronato y representación se asignó a Franco y a la que se atribuyó la gestión del complejo monumental “con todos sus edificios (incluidos los mobiliarios y ajuares), terrenos y derechos accesorios”. Un año después, el 29 de mayo de 1958, se dio luz verde al Convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, un texto en el que se recogían los derechos y obligaciones de los monjes que desembarcarían en el mausoleo fascista mes y medio después de que el entonces ministro Luis Carrero Blanco y el abad Isaac María Toribios suscribieran el acuerdo. La armadura jurídica de Cuelgamuros se completó en enero de 1959 con la aprobación del Reglamento de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que establecía el modo de funcionar de esta suerte de fundación fantasma.

Una vez recuperada la democracia, la primera norma que afectó al complejo monumental fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales que otorgarían en 1982 una arrolladora victoria a Felipe González. Dicho texto, en su disposición final tercera, autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, “establecer el nuevo régimen jurídico” de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la entidad que administra el complejo monumental con todos sus edificios, y “proveer especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”. Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco a través del decreto-ley de 1957.

Con el objetivo de dar cumplimiento a todo ello, la ley de 1982 también obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo “una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio” de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después. Y aunque se sabe que inició sus trabajos, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. “No se conocen, sin embargo, las propuestas [sobre el régimen jurídico] de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse”, recoge un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009, al que tuvo acceso infoLibre. Es decir, que durante 37 años, los diferentes Ejecutivos –tanto socialistas como conservadores– no han cumplido con su obligación legal. Algo que ahora pretende corregir el PSOE con su nueva proposición de ley de memoria histórica.

Estos continuos olvidos a la hora de regular Cuelgamuros también fueron reconocidos en 2016 por Patrimonio Nacional ante el Tribunal de Cuentas. De hecho, se agarraron a esta laguna para tratar de justificar las graves irregularidades que el organismo fiscalizador detectó en la Fundación del Valle de los Caídos, como por ejemplo “no haberse rendido nunca cuenta justificativa” de la subvención que anualmente se concedía a los monjes benedictinos. “Solamente señalaremos que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional sigue haciéndose cargo de su gestión de forma transitoria”, apuntaron en sus alegaciones recogidas en el informe, en las que reiteraron que desde 1982 “todo lo relativo” a Cuelgamuros “se encuentra deslegalizado” y que, por tanto, Patrimonio Nacional “estará a lo que el Gobierno establezca sobre la materia”. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, sostuvo que dicha “situación de transitoriedad” no excusa “la insuficiencia de control sobre los bienes y derechos de la Fundación” ni tampoco su “confusa gestión ordinaria”.

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La única restricción que se ha aprobado en democracia respecto al Valle de los Caídos es la incluida en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que establece que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”. Sin embargo, ante la ausencia de un marco sancionador, el complejo monumental sigue siendo el lugar preferido de los nostálgicos de la dictadura para concentrarse brazo en alto cada 20 de noviembre. Por eso, la nueva proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contempla en su artículo 16 el “cierre temporal, por un periodo de seis meses y un día a dos años, de los locales o establecimientos públicos donde se realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, de la dictadura franquista o del dictador Francisco Franco”.

La proposición de Ley de los socialistas también dedica un artículo a la tan esperada exhumación y posterior inhumación de Franco, un procedimiento que se encuentra paralizado a la espera de que el Supremo dicte sentencia. Así, la norma establece en su artículo 19 que “los restos mortales” no podrán ser ni permanecer inhumados “en ningún lugar de acceso público que, con independencia de su titularidad, pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración”. A fin de garantizar su cumplimiento, el texto otorga al Gobierno la potestad para “ordenar” la exhumación e inhumación “en un lugar que reúna las condiciones adecuadas”, siempre asegurando “unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto”. Con este movimiento, los socialistas tratan de evitar que los restos del dictador sean trasladados al centro de Madrid, al nicho propiedad de la familia en la cripta de La Almudena. El Gobierno espera conseguir que los restos acaben reposando en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

El texto registrado en el Congreso de los Diputados contempla, además, tanto la retirada de títulos nobiliarios como de condecoraciones policiales, otro de los asuntos que se quedaron en el tintero con el adelanto electoral. Así, el artículo 12 de la proposición de Ley establece que las medallas al Mérito Policial o al Mérito de la Guardia Civil anteriores a la aprobación de la norma “podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario”, antes o después de la concesión, ha realizado “actos u observado conductas manifiestamente incompatibles”, lo que implicaría también la pérdida de los derechos que llevan anejas algunas de estas medallas –económicos, entre otros–. Estos “actos o conductas manifiestamente incompatibles” podrán resultar de sentencia penal firme, de diligencias judiciales, de la Fiscalía o policiales o de la imposición de sanción disciplinaria firme.