La querella contra Peinado: un golpe de efecto del Gobierno que no apartará al juez del 'caso Begoña'

Fue una diligencia inútil que, además, le puede salir cara. El juez Juan Carlos Peinado visitó este martes La Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno en la causa que instruye contra su mujer Begoña Gómez y salió del complejo presidencial con una querella por prevaricación del testigo al que, sin éxito, había intentado interrogar. La respuesta judicial de Pedro Sánchez, firmada por la Abogacía del Estado, tiene un fuerte valor simbólico. Pero en caso de que fuera admitida a trámite y Peinado resultara imputado, el juez podría seguir instruyendo la causa contra la esposa del jefe del Ejecutivo. Solo si una hipotética investigación contra Peinado prosperara hasta la apertura del juicio oral el juez podría ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial.

La querella, que se presenta en defensa de la institución de la presidencia del Gobierno, asegura que Peinado adoptó una resolución injusta a sabiendas al acordar la toma de declaración del presidente. La abogada del Estado que firma el escrito considera que el instructor no justificó en ningún momento por qué Sánchez no podía prestar declaración por escrito, como él mismo había solicitado, y acusa al juez veladamente de tratar de influir en "el devenir político" con su decisión de interrogarle de manera presencial.

La abogacía recuerda que la declaración presencial solo es posible si el presidente es interrogado sobre cuestiones que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo, pero Peinado ha circunscrito el caso "al momento en que el testigo", es decir, Sánchez, "pasó a ser presidente, y no el momento en que pasó a ser marido de la investigada". El Código Penal establece en su artículo 446, el que regula la prevaricación, una pena de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 20 años para el juez o magistrado que, "a sabiendas", dictara "cualquier sentencia o resolución injustas".

"El juez queda muy cuestionado porque la querella de la Abogacía del Estado cuenta con elementos de mucho peso", sostiene el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena. El profesor, sin embargo, rechaza que la hipotética apertura de una causa contra Peinado pueda servir a Begoña Gómez para apartar al polémico juez de la instrucción que sigue contra ella. Una hipotética recusación tendría pocas oportunidades de prosperar, recuerda el catedrático, porque según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para poder hacerlo, la denuncia o el pleito con el juez tiene ser con una de las partes, y en el caso de la querella lo es con Pedro Sánchez, que no es defensa ni acusación, sino testigo.

De la misma opinión es el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín que mantiene que la admisión a trámite de la querella de Sánchez no constituiría en sí misma una causa de recusación contra Peinado. "Pero en caso de que se admitiera, el propio juez tendría que apartarse", opina. Si el escrito del presidente del Gobierno prosperara y el juez no se abstuviera de la causa contra su esposa, continúa el magistrado, Peinado solo podría ser suspendido por el CGPJ en caso de que se dictara un auto de apertura de juicio oral contra él.

Por el contrario, Martín Pallín sí considera que la querella impediría al juez adoptar cualquier resolución en el futuro contra Sánchez, como elevar la causa al Supremo en caso de que considerara que existen indicios de criminalidad contra él. El exmagistrado recuerda que, entre las causas por las que un juez debe abstenerse o puede ser recusado recogidas en el artículo 219 de la LOPJ, se encuentra la de "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes de algún tipo de delito o falta". Y el presidente del Gobierno lo ha hecho ya por prevaricación.

Varias de las fuentes consultadas, sin embargo, son pesimistas respecto al futuro de la querella. Porque el tribunal que tiene que decidir sobre si se inicia una investigación contra Peinado es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la que el juez está aforado. Sus magistrados son los mismos que iniciaron la investigación por revelación de secretos contra dos fiscales a instancias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que el Ministerio Público desmintiera un bulo sobre su confesión de dos delitos fiscales para evitar la cárcel.

El último acto procesal de ese caso ha sido elevar la causa al Tribunal Supremo para que impute, si lo estima conveniente, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.