El Gobierno inyectará más dinero para impulsar la nueva financiación autonómica

Esta vez sí. Todo indica que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica comenzará en las próximas semanas, ocho años después de que caducase la vigencia del sistema actual. Una demora que es imputable al Gobierno de Mariano Rajoy, incapaz de plantear el debate entre los años 2014 y 2018, pero también al de Pedro Sánchez. Aunque sólo en parte, porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se dispone a esbozar una primera propuesta en los próximos días que servirá para abrir el debate después de repasar una a una las demandas de todas las comunidades del régimen común. Y a partir de la cual comenzar la difícil tarea de ir construyendo consensos sobre los criterios de distribución del dinero.

El problema sigue siendo el mismo que en el modelo anterior: fijar los criterios para repartir los fondos de los que dependen servicios tan básicos como la sanidad y la educación o pilares del Estado de bienestar como la atención a los dependientes. 

El sistema vigente establece correcciones al criterio de población para compensar a las comunidades en las que cuesta más prestar servicios, sobre todo por la dispersión de su población o por su edad. Por ejemplo: las que tienen más niños necesitan más dinero en educación y las que cuentan más ancianos precisan más fondos para sanidad o dependencia. Cada comunidad juega sus cartas y ya acumula argumentos para cargarse de razón y salir bien parada de la negociación que viene.

La mayor dificultad es el alcance que tendrán esas correcciones sobre el criterio de población. Cuanto más exigentes sean, más dinero recibirán, en principio, las comunidades del Foro de Santiago (Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, La Rioja y Extremadura), y proporcionalmente menos las que tienen más peso demográfico, como Andalucía, Comunitat Valenciana, Murcia, Madrid, Cataluña o Illes Balears. El primer grupo quiere poner el énfasis en conceptos tales como la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población. El segundo quiere hacer valer el dato objetivo bruto más vidente: tienen más ciudadanos a los que atender.

Conciliar ambos mundos es la tarea imposible que se ha propuesto llevar a cabo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero que, consciente de que a ambos lados de la trinchera se mezclan comunidades de diferente color político, lleva meses proclamando la necesidad de que PSOE y PP hagan de intermediarios y traten de poner de acuerdo a sus presidentes autonómicos, a los de la España menos poblada y a los de los territorios con mayor densidad de población. Los dos partidos tienen presidentes de un lado y del otro.

No será tarea sencilla porque en 2023 hay elecciones autonómicas y ningún barón, socialista o conservador, está dispuesto a correr el riesgo de presentarse habiendo cedido en sus reivindicaciones territoriales. El PSOE lo intentó a comienzos de noviembre, pero la reunión sólo sirvió para constatar que nadie parece dispuesto a ceder. El PP de Pablo Casado, a la espera de conocer la propuesta del Gobierno, no muestra el menor interés en intentar fijar una posición común que concilie demandas tan distantes como las de Feijóo en Galicia, Moreno en Andalucía o Ayuso en Madrid. 

Por no haber, ni siquiera hay consenso sobre cuál es el foro más adecuado para negociar. Algunos quieren que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque en él todas la comunidades tienen el mismo peso. A otros les gustaría que fuese la Conferencia de Presidentes. El Gobierno, consciente de la dificultad que plantea tratar de construir consensos en una mesa en torno a la cual se sentarán 15 comunidades —todas menos País Vasco y Navarra— insiste, de momento sin éxito, en que PSOE y PP le hagan parte del trabajo emplazado a sus respectivos barones a ceder y plantear posiciones compartidas.

Más dinero para todos

Para engrasar una solución que facilite a cada presidente presentar el nuevo modelo como un éxito, Hacienda prepara una propuesta que aumente sensiblemente la financiación actual de cada territorio. De hecho, el Gobierno quiere vincular el nuevo modelo, y un aumento sustancial de los fondos puestos a disposición de todas las comunidades, con la reforma fiscal que se propone llevar a cabo el año que viene y que debe servir para dar soporte a todo el sistema.

De momento algunas comunidades, esencialmente las del PP, pero también las del PSOE más incómodas con la estrategia de Pedro Sánchez de diálogo con Cataluña —Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura—, enfatizan la necesidad de que el nuevo modelo se resuelva en una negociación multilateral y no mediante contactos bilaterales. Temen que el Gobierno ceda a una negociación con Cataluña que les acabe perjudicando.

El Ejecutivo, en cambio, se esfuerza en despejar esas dudas y proclama, siempre que tiene ocasión, que el diálogo se canalizará a través de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, en la que tienen asiento todos los territorios. Aunque su prioridad, así lo ha hecho constar en numerosas ocasiones María Jesús Montero, es buscar un acuerdo entre PSOE y PP que en la práctica garantice la firma de, como mínimo, las trece comunidades gobernadas por los dos partidos. Y porque el nuevo modelo, necesariamente, deberá ser aprobado por ley en el Congreso de los Diputados.

De momento, igual que todavía no conocemos la propuesta del Gobierno de Sánchez, tampoco se sabe qué propone el PP de Casado. Aunque el líder del PP, consciente de la batalla que se avecina por los escaños de las provincias de la llamada España vaciada, apostó hace dos semanas por el modelo de financiación que reclaman las comunidades del grupo de Galicia y Castilla y León —atención a la despoblación y la dispersión, por ejemplo—, lo que de confirmarse le enfrentaría a las demandas de territorios densamente poblados como Madrid e incluso Andalucía.

Las voces de las comunidades que se consideran más perjudicadas por el actual sistema, especialmente si se atiende al criterio de financiación por habitante, son las que más prisa tienen a la hora de cambiar el modelo. Son la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia que, temiendo una demora, llevan meses pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que habilite fondos transitorios que les compensen del dinero que, aseguran, están dejando de ingresar cada año. 

Ese es el motivo por el que Juanma Moreno (PP), Ximo Puig (PSOE) y Fernando López Miras (PP) reclaman un fondo transitorio de compensación de 1.700 millones de euros.

Esta situación ya ha sido reconocida por el Gobierno, que admite la existencia de infrafinanciación. De hecho, el propio Sánchez se comprometió recientemente en un acto del PSOE en Benidorm a habilitar el fondo de transición que reclama la Comunitat Valenciana para compensarla en tanto no se apruebe el nuevo modelo.

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Pero no son sólo Puig, Moreno y López Miras los que piden dinero contante y sonante mientras se negocia. También las comunidades de la España menos poblada quienes fondos extraordinarios. El documento suscrito en Santiago Galicia, Asturias, las dos Castillas, Extremadura, Cantabria y Aragón presta especial atención a los fondos que pueden recibir gracias a la estrategia nacional frente al reto demográfico, que sitúan expresamente al margen del nuevo modelo de financiación. 

Sobre la mesa, aunque no forma parte de la negociación, estará también el dinero del que disfrutan las comunidades de País Vasco y Navarra, a las que muchos presidentes miran con envidia. Unos por su autonomía recaudatoria. Otros porque están convencidos de que se quedan más dinero de lo que en puridad les correspondería.

Y una última cuestión, también extremadamente difícil de resolver: la competencias desleal en términos de fiscalidad. Algunas comunidades, especialmente Madrid pero también en parte todas las del PP, han llevado a cabo en los últimos años rebajas fiscales en sus tributos cedidos que en la práctica perjudican a las que no lo hacen. Algunas, como Cataluña o la Comunitat Valenciana, hablan abiertamente de dumping fiscal. Y el Gobierno quiere aprovechar la reforma del modelo para poner coto a estas prácticas, en especial las que llevan a cabo comunidades que con una mano rebajan sus propios impuestos y con la otra exigen más dinero del Gobierno central.