La repetición electoral pone a prueba las finanzas de los partidos

Las elecciones del 10 de noviembre serán extraordinarias también en esto. La normativa electoral reduce un 30% las subvenciones a las que tendrán derecho los partidos que obtengan representación —y que son clave para, por ejemplo, solicitar créditos a los bancos— y recorta hasta la mitad el límite del dinero que se puede gastar durante la campaña, en consonancia con un procedimiento que reduce su duración oficial a sólo una semana.

El PSOE puso además sobre la mesa una propuesta, dirigida a los demás partidos, para eliminar la publicidad exterior, de manera que no se vuelvan a llenar las calles de carteles, banderolas, vallas publicitarias y lonas cubriendo edificios. La formación socialista no ha aclarado si la idea ha tenido respuesta positiva por parte de las demás formaciones políticas. De momento, ya han engalanado la fachada de su sede con un enorme cartel. Y eso que la campaña aún no ha comenzado.

La forma en que los partidos financian sus campañas electorales es sencilla. Para reunir los fondos necesarios con los que pagar, entre otras cosas, los desplazamientos de sus líderes, la organización de actos y el alquiler de equipos técnicos, las formaciones políticas españolas suelen recurrir a varios mecanismos: un anticipo de dinero público por parte del Estado, créditos de entidades financieras o microcréditos de militantes y simpatizantes. Un dinero que después hay que devolver utilizando para ello la subvención electoral a la que que cada partido tiene derecho en función del número de escaños y el volumen de votos obtenidos en las elecciones.

La regla de tres es fácil de hacer: cuanto mejor calculen el resultado electoral y ajusten el gasto a esa hipótesis, en mejor situación quedarán las finanzas de los partidos después de las elecciones. Del mismo modo, cuanto más se desvíe esa cifra —lo que sucede cuando una formación gasta más de lo que después va a recibir al haber obtenido un resultado peor de lo previsto— mayores serán las dificultades económicas que tendrá que afrontar después de las elecciones.

El plazo legal para que los partidos presentaran ante el Tribunal de Cuentas una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales ya concluyó. Ese trámite es indispensable para que las formaciones políticas puedan solicitar las subvenciones a las que tienen derecho en función de su resultado, hayan recibido o no adelantos a cuenta.

Después de eso, la administración dispone de 30 días más —el plazo se cumple estos días— para anticipar a los partidos el 90% de las subvenciones a las que tengan derecho en función del número de votos y escaños obtenido en las elecciones, sin perjuicio de tener que devolver una parte o la totalidad si el Tribunal de Cuentas no valida la contabilidad presentada.

Los adelantos se devolverán, después de las elecciones, en la cuantía en que superen el importe de la subvención que finalmente haya correspondido a cada partido, federación o coalición. A menos que no se acredite la adquisición por los electos de la condición plena de diputado o senador.

Subvenciones y deudas

La subvención es esencial para todos los partidos pero especialmente para PP y PSOE, que son los que —como Izquierda Unida— tradicionalmente se han financiado a través de créditos bancarios. Precisamente por eso, y porque sus jefes de campaña se han equivocado repetidamente a la hora de prever resultado de las elecciones, ambas formaciones lideran la deuda de las formaciones políticas españolas con las entidades financieras.

El total de lo que los partidos debían a los bancos a finales de 2018 ascendía, según datos publicados por eldiario.es, a 127 millones de euros, de los cuales más de la mitad estaban entonces en manos de sólo dos entidades: CaixaBank y Banco Santander.

Los que más debían eran PP y PSOE, cerca del 60% del total. La deuda de los socialistas era a comienzos de año la más cuantiosa (40,2 millones repartidos entre Santander, Unicaja, BBVA y Caixabank), seguida de la del PP (25 millones), que la concentra mayoritariamente en la entidad de Ana Patricia Botín.

No son los únicos que deben dinero al banco: IU —y su marca catalana, Iniciativa Per Cayalunya—, que acude a las elecciones en coalición con Podemos, ha acumulado a lo largo de los años una nada despreciable deuda de 20 millones.

Ajenas a esta dependencia financiera de los bancos se mantienen, hasta la fecha, Podemos y Vox. Ciudadanos pidió créditos —ya devueltos—en el pasado y ahora afirma no tener ninguna deuda pendiente con las entidades financieras.

A falta de conocer cómo afectará a la deuda el resultado de la cuádruple convocatoria electoral de abril y mayo, que previsiblemente reducirá la del PSOE y aumentará la del PP, en conjunto la evolución de los compromisos crediticios de los partidos españoles con la banca se ha ido reduciendo paulatinamente y ya se acerca a la mitad de lo que debían en el año 2015. A ello ha contribuido decisivamente la prohibición legal de que los bancos perdonen, como hacían en el pasado, las deudas contraídas por los partidos, lo que ha obligado a sus responsables de finanzas a planificar con más rigor sus gastos y a buscar otras formas de obtener dinero.

Microcréditos

Es lo que hizo, por ejemplo, el PSOE adaptando las prácticas en las que Podemos fue pionero para financiarse solicitando microcréditos a los militantes y simpatizantes que después se devuelven cuando se cobra la subvención oficial. Y lo que hará también la gran novedad de estas elecciones, el Más País de Íñigo Errejón, que no tiene derecho a ningún anticipo porque no se presentó a las elecciones de abril.

Los resultados del 28 de abril dieron derecho al PSOE a una subvención de algo más de 12 millones de euros, tres millones por encima del gasto que declaró al Tribunal de Cuentas —sin contar el buzoneo de papeletas, que se financia de manera diferente y corre íntegramente a cargo del Estado—.

El PP no ha desvelado lo que gastó en la campaña de las generales. En las de 2016, según los datos que declaró al Tribunal de Cuentas, utilizó 6,6 millones —al margen del buzoneo— y ahora recibirá de subvención por sus resultados el 28A unos 7,5 millones de euros, aproximadamente.

Ciudadanos declaró a los medios un gasto en las generales de alrededor de seis millones de euros. El resultado de las elecciones de abril le permitirá ingresar una suma muy parecida. Unidas Podemos ingresará algo más de cinco millones de euros, prácticamente la misma cantidad de dinero que asegura haber gastado en la campaña. Y Vox, que afirma haber empleado un millón pidiendo el voto en las generales, verá cómo entran en su caja nada menos que 2,6 millones de euros.

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Este año los bancos se han mostrado reticentes a seguir financiando las campañas, hasta el punto de haber acudido a la CNMV, como reveló El País, para tratar de repartirse por cuota de mercado los préstamos que solicitaban los partidos. La negativa del órgano regulador acabó forzando la intervención del ICO, que por primera vez ha empezado a financiar el gasto electoral y a asumir, de paso, el elevado riesgo de impago que conlleva.

El dinero público juega un papel capital en las finanzas de los partidos, en algunos casos muy extremo. El Partido Popular y Ciudadanos son las formaciones políticas españolas con representación en el Congreso que más dependen de los Presupuestos Generales del Estado.

En el año 2015, el último sometido a examen por del Tribunal de Cuentas, el partido de Pablo Casado obtuvo de fondos públicos 92 de cada 100 euros que figuraron en su presupuesto, según las cuentas que presentó ante el organismo fiscalizador. Y no fue una cantidad pequeña: el PP ingresó ese año 107,8 millones de euros, prácticamente lo mismo que la suma de las otras tres fuerzas de ámbito nacional: PSOE, Podemos y Ciudadanos. El partido de Rivera, entonces mucho más pequeño que ahora, reunió en 2015 unos ingresos ocho veces más modestos que los el PP (17,6 millones) pero hasta un 84,3% tuvieron también origen público, lo que le situó en el segundo lugar de la clasificación.