El TC admite a trámite los recursos de los ERE pero rechaza suspender por la vía urgente la prisión de Griñán
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este lunes los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el caso ERE, al tiempo que ha rechazado suspender con carácter urgente la entrada en prisión de Griñán, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La Sala Segunda ha dado entrada a los recursos de amparo por cuatro votos contra dos al considerar que en esta fase "no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes": Griñán, Chaves, la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, Miguel Ángel Serrano, Juan Márquez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, Carmen Martínez, Gaspar Zarrias, Antonio Vicente Lozano y José Antonio Vera.
Según ha detallado la corte de garantías, los magistrados también han tenido en cuenta que "los recursos de amparo plantean problemas jurídicos que afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina constitucional".
Además, han valorado que "el asunto trasciende del caso concreto, debido a que plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales".
De hecho, en este sentido las citadas fuentes apuntan que la decisión sobre el fondo podría dilatarse hasta el próximo año, debido a la complejidad del asunto, así como a su repercusión, ya que aún hay decenas de piezas del caso ERE, algunas en fase de investigación.
Al mismo tiempo, los magistrados han rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por Griñán y Antonio Fernández para suspender su ingreso en prisión hasta que no se resuelva el fondo del asunto, si bien han acordado tramitarlo por la vía cautelar.
La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a 6 años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso en abril.
A principios de año, la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia. El último informe de Medicina Legal señala que el tratamiento oncológico resulta "poco compatible con la vida en prisión" porque requiere "vigilancia estrecha".
Voto particular
Ya han anunciado voto particular los magistrados César Tolosa y Enrique Arnaldo, por entender que "los recursos de amparo debieron ser inadmitidos a trámite por carecer de especial trascendencia constitucional".
A su juicio, se trata de "una mera cuestión de legalidad penal ordinaria, relativa a la interpretación de los artículos 404 y 432 del Código Penal, que tipifican los delitos de prevaricación administrativa y malversación, tarea que compete en exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
Tolosa ya expresó su desacuerdo en la Sección Tercera. Entonces, la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, abogó por admitir a trámite las doce impugaciones, posición que apoyó su compañera Laura Díez, pero que Tolosa rechazó, lo que obligó a elevar el asunto a la Sala Segunda.
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Cabe recordar que en un principio los recursos de amparo del caso ERE se incluyeron en el Pleno del 22 de mayo, pero finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del día 28.
Tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación, pero, después de consultar con varios magistrados, se optó por mantenerlo.
La magistrada responsable de estas ponencias es Montalbán, en cuyo despacho recayó la primera impugnación, la presentada por Magdalena Álvarez. No obstante, las fuentes consultadas indican que no se espera que el TC resuelva las medidas cautelares hasta pasado el verano.
