España, el territorio sin ley para los 'lobbies' que les permite entrar y salir del Congreso sin dejar huella

Telefónica es la empresa del IBEX 35 que más invierte en lobby ante la instituciones europeas. Fueron más de dos millones de euros en 2022, último ejercicio cerrado, lo que la situó por delante de Arcelor Mittal (entre 1,25 y 1,49 millones), Amadeus, Solaria (entre 900.000 euros y un millón), Santander, BBVA, Indra y Repsol (entre 800.000 y 900.000 euros). La teleco tiene seis personas acreditadas para acceder a los edificios del Parlamento europeo a hacer lobby. Es posible, con un par de clics, saber sus nombres. También es posible, con un clic más, conocer su listado de reuniones con miembros de la Comisión. Información similar se puede consultar sobre la veintena larga de empresas del IBEX que hacen lobby en Bruselas. ¿Un ejemplo? El pasado 24 de enero, Camilo Villarino, entonces jefe de gabinete de Josep Borrell, que ahora acaba de pasar a ser jefe de la Casa Real, recibió a una representación de Inditex para informarle de la situación en el Mar Rojo.

Llegar a información así es un ejercicio sencillo, que muestra parte de la fotografía de ese punto tan delicado donde frisan el dinero y la política, los intereses privados y el interés general. El mundo del lobby es así algo más transparente.

Pero este mismo ejercicio es imposible en relación al Congreso o al Gobierno de España.

¿Por qué? Porque en la UE, igual que en Alemania o Francia, hay un registro público y obligatorio de lobbies para todo aquel que quiera influir sobre las decisiones políticas: consultoras en defensa de los intereses de sus clientes, empresas en defensa de sus propios intereses, ONG, fundaciones, asociaciones de todo tipo... Aquí no lo hay. Lo que hay es un un Registro de Grupos de Interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una mera relación con datos generales que no permite conocer nada de la actividad de los lobbies. Es poco más que un listado de todo tipo de entidades que han han tratado de defender intereses ante la CNMC. A este listado se suman unos pocos registros a nivel autonómico –Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana, Castilla La Mancha–, o local –Ayuntamiento de Madrid–. Y todos quedan a años luz de las posibilidades que ofrece el registro europeo.

Los resultados de la "autorregulación"

Así que mientras a nivel europeo el lobby está específicamente regulado España forma parte, junto a Croacia, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Letonia y Suecia, de los países donde persiste un régimen de supuesta "autorregulación".

¿Un resultado concreto de toda esta situación? Si en la Eurocámara los lobistas tienen que consignar sus movimientos cuando contactan con el poder público y cualquiera puede consultarlos, en España pueden entrar y salir de los edificios de las Cortes como si fueran "visitas personales", explica una fuente parlamentaria. Un profesional del sector añade: "Cuando voy al Congreso, a diferencia de lo que ocurre si voy al Europarlamento, no tengo ninguna obligación de registrar nada".

Hasta ahora el principal intento de imponer obligaciones se ha dirigido a los parlamentarios, no a los lobistas. El Congreso y el Senado aprobaron en 2020 un "código de conducta" que en teoría obliga a informar de las reuniones con lobbies, pero como ha publicado infoLibre la Oficina de Conflicto de Intereses ha detectado un incumplimiento masivo. Al no haber desarrollo reglamentario, dicho incumplimiento queda impune.

Otro resultado de la falta de ley y de registro público estatal de lobbies con información sobre clientes es que no es posible conocer un listado de las empresas para las que las compañías ejercen influencia ante las instituciones españolas. Todo lo que se pueda saber en este punto sale del registro de la UE y mucho más escasamente de los autonómicos. Veamos en qué se traduce esto con algunos casos concretos. Por ejemplo, Acento. Por el registro de la UE sabemos que entre sus clientes están la Liga de Fútbol Profesional, la compañía española de productos dermatológicos ISDIN, la tecnológica Huawei y la farmacéutica Novartis. Por el registro de la Comunitat Valenciana, sabemos que también están la constructora Sacyr y Akuo Renovables. Pero no es posible una visión de conjunto.

Si en la anterior ficha de LLYC en el registro de la UE figuraban múltiples nombres de clientes nacionales e internacionales, en la nueva no. "Hicimos el registro desde el primer momento por una cuestión de buen gobierno. Las empresas cliente se registran en el caso de que se vaya a hacer incidencia tras seis meses o un año, de manera retroactiva. Si lo hacemos, que todavía no es el caso, las registraremos", explican desde la compañía. En el registro de la Comunitat Valenciana afloran nombres de clientes como Ikea, Ecoembalajes o Cemex. De nuevo, la perspectiva es parcial.

Dicho de otro modo, si alguien quiere saber para quién hacen lobby en el Congreso estas dos consultoras, no tiene forma de hacerlo si no es porque deciden publicarlo. No están obligadas a nada. La pauta habitual es que las compañías no publiquen nombres de sus representados. Aunque en algún caso sí ocurre: BeBartlet recoge en su web que trabaja para las farmacéuticas Novartis y Boehringer Ingelheim, la energética Cepsa, la distribuidora de alimentación Carrefour o la Fundación La Caixa.

El tercer resultado concreto de la falta de regulación es la dificultad para dimensionar el sector. Ni siquiera la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) se atreve con una estimación de su facturación. Una fuente del sector estima el número de profesionales entre 500 y 1.000, pero admite que no puede dar certeza. En cuanto al número de consultoras que realizan una destacada actividad de asuntos públicos, calcula unas 40. Pero no son datos oficiales.

Del "derecho de petición" hasta Fraga y la ley pendiente

La falta de control y transparencia de la actividad lobista en España encuentra una de sus razones más poderosas en la inexistencia de una ley de ámbito estatal. Y eso que el de los grupos de presión es un viejo asunto, con anclaje en el "derecho de petición", que incluso en el Antiguo Régimen permitía elevar asuntos al rey. Mucho más cerca, en el debate constitucional español, Manuel Fraga defendió incorporar en el artículo 77 que Congreso y Senado pudieran "recibir delegaciones de grupos legítimos de intereses, en sesiones que siempre tendrán carácter público". Pero aquello se quedó fuera.

Desde entonces han sido varios los intentos de sacar adelante una ley reguladora, todos frustrados. El último y más elaborado partió del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Pero el Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, aprobado en noviembre de 2022, llegó tarde. "Estaba claro que aprobándolo en esa fecha, no salía", dice un lobista. Más claro estuvo aún cuando Pedro Sánchez adelantó las generales al 23 de julio. La norma frustrada pretendía establecer la obligación de inscripción en un registro, reglas para ordenar las relaciones de los lobbies con los poderes públicos y dos años de prohibición de realizar actividades "de influencia" en materias relacionadas con el cargo del que sale un político.

A diferencia del pasado mandato, cuando la regulación de los lobbies estaba en el pacto del PSOE y UP, en este no está en el acuerdo de los socialistas con Sumar. Pero eso no significa que no se vaya a aprobar. A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que dirige José Luis Escrivá (PSOE), asegura que hay "por supuesto hay previsión de retomar" la norma, aunque no se da una fecha. Este periódico preguntó al PSOE y Sumar por sus posiciones, sin respuesta.

Todos quieren la norma, ¿o no tanto?

Perjudicados por una imagen oscura y maniobrera que el sector trata de combatir, los lobbies no suelen tener buena prensa. Y por eso es difícil encontrar voces que se opongan a su regulación, que en en teoría traerá más transparencia. En realidad, es un caso curioso: todo el mundo parece querer regular esta actividad. Pero nunca se regula. Al menos, no hasta ahora.

Una de las voces más enérgicas en defensa de una ley es la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). "Si en Bruselas conocemos quién habla con quién, cuándo, y hasta cuánto dinero se invierte, ¿por qué en España no podemos hacerlo? Es una comparación clara, que todo el mundo comprende", afirma Carlos Parry, presidente de APRI, que trabaja como lobista para la farmacéutica AstraZeneca. Parry afirma: "Los que nos dedicamos profesionalmente a hacer lobby no tenemos ningún problema con que haya ley".

A su juicio, la responsabilidad de que no haya una norma recae en la parte política. ¿Por qué? Porque una ley como la que defiende APRI, con "tres años de enfriamiento" tras la salida de las instituciones, obstaculizaría una opción profesional a quienes hoy ocupan un cargo público. Eso explicaría parte de la resistencia a una ley que "nos habría ahorrado todo el debate" en torno a la incorporación finalmente frustrada de Alberto Garzón a Acento, que no hubiera cumplido los "tres años de enfriamiento" defendidos por APRI como requisito.

Un profesional del lobby de larga trayectoria también asegura que entre las principales empresas del sector, las más profesionalizadas, no hay temor alguno a una ley. "La falta de una ley mata a las grandes, porque las sitúa bajo sospecha permanente", señala. Además, cree que perjudica a las compañías que pretenden ser transparentes: "Si yo lo digo a un cliente 'quiero que nuestra relación sea pública' a lo mejor me dice 'pues me voy a la competencia'. Si hubiera una ley que obliga, no habría debate", explica.

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Tampoco tener en nómina o como colaboradores a antiguos políticos es un factor que pueda hacer a las compañías más consolidadas temer una regulación, según explica este consultor. Los grandes nombres de la política fichados por las consultoras, afirma, no son los que van a visitar las instituciones, ni los que van a tener que registrarse. Su papel se desarrolla a otro nivel, más basado en la calidad de la información que manejan, que no se vería afectado por las exigencias de la nueva norma.

Así que este profesional ve como principales perdedores de una hipotética regulación a los políticos o asesores de políticos que nada más salir del despacho oficial se han dedicado al lobby sin tener más que ofrecer que su agenda –porque su actividad basada en los contactos dejaría una huella que podría ser incómoda– o a quienes tienen en la cabeza la posibilidad de hacerlo –porque además se verían afectados por el periodo de enfriamiento–. Pero fundamentalmente cree que las reservas a la norma tienen causas ideológicas. En la derecha, señala, porque existe la mentalidad de que registrar los contactos "cercena la libertad" del diputado. Y en la izquierda, porque en algunos sectores hay tal rechazo a los lobbies que sencillamente creen que "no deberían existir", una posición que considera "retrógrada".

Un funcionario acostumbrado a trabajar con lobistas ironiza sobre la exhibición de ganas del sector del lobby por establecer una regulación, "entusiasmo" que ve "manifiestamente entrecomillable". "No olvides –dice– que los que saben de asuntos públicos saben de lobby pero también de comunicación. ¿Qué van decir, que no quieren que los regulen? Es impensable". A su juicio, la falta de regulación presenta ventajas claras para los lobistas, al poder maniobrar con discreción, sin revelar sus reuniones y sus clientes, aunque también se muestra consciente de que tiene un coste para su reputación. Un coste que, opina, de momento se muestran más dispuestos a pagar de lo que aparentan.