El TSJC suspende cautelarmente el decreto del régimen lingüístico educativo de la Generalitat
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido cautelarmente el Decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, aprobado por la Generalitat en mayo, tras estimar el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, según informa Europa Press. El Govern había aprobado este decreto para dar "seguridad jurídica" a las escuelas con sus proyectos lingüísticos y prevé que el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en Cataluña.
En un auto de la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso administrativo, recogido por Europa Press, aprecia "visos de lesión en los derechos fundamentales" en tanto que el desarrollo reglamentario del decreto contempla el catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje, y apoderando a los proyectos lingüísticos a que determinen la presencia del castellano en cada centro escolar, sin que se fije una garantía mínima del uso.
Según ha trasladado la consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, el departamento presentará recurso de reposición al auto del TSJC. En declaraciones a los medios en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), ha criticado que hay jueces que "se extralimitan" y que han decidido, pese a no tener funciones legislativas y ejecutivas, decir cómo debe ser el régimen lingüístico en las escuelas, y ha pedido que cada uno trabaje dentro de la separación de poderes.
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Simó ha subrayado que el decreto de régimen lingüístico forma parte del despliegue pendiente del título II de la Ley de Educación de Cataluña y de otras normativas para "hacer frente a la idea peregrina de que el 25% de las materias fuese en castellano", cuestión que ha dicho que no tiene apoyo pedagógico y sociolingüístico.
Se ha mostrado convencida de que el decreto de régimen lingüístico es "impecable de acuerdo a toda la normativa orgánica y básica", por lo que presentarán recurso antes de que finalice el plazo para hacerlo el 15 de julio. Ha lamentado que haya jueces que "escuchen más a una asociación que a un consenso social y político mayoritario", y ha criticado que en la interlocutoria el magistrado hace apreciaciones que van más allá de las jurídicas.
Ha remarcado que el decreto de régimen lingüístico se basa en normativa previa y ha afirmado no entender que se dé "pábulo a los argumentos de una asociación que no atienden a ningún motivo sociolingüístico o pedagógico, sino altamente político, creando un contexto falaz de minorización del castellano en Cataluña". Simó ha subrayado que el objetivo de la normativa es "la igualdad de oportunidades y que el alumnado sea competente en las lenguas oficiales y una lengua extranjera".
