"Nos han estafado seguro" ¿Desde cuántos frentes?
Cuando creemos que al pelotazo de las mascarillas de Luis Medina y su amigo Alberto Luceño no le falta nada, salta algo más reprochable y presuntamente delictivo que lo anterior. Dos semanas después de hacerse pública la querella de Anticorrupción ya no hay una trama, hay tres. La propia estafa del material sanitario. Los seis millones en comisiones con presunto blanqueo para ocultar el dinero. Luego está la política, cada vez con más implicaciones para José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid empezó reconociendo un contacto que vendió como inocuo de Luis Medina con su primo abogado. Una llamada habitual correspondida con una dirección que todo el mundo tenía. "Se limita a darle un correo", dijo. Después se conocieron los contactos de Medina con su coordinadora, Elena Collado, su sombra en el consistorio. Y ahora sabemos que hubo también mensajes con el seguimiento de la compra del material. Unos WhatsApp entre el imputado Luceño y la responsable de compras del Ayuntamiento. “Ya me ha dicho Luis (Medina) que le llamó Almeida”. Podría ser un farol. O puede que el contacto fuera real y Luceño no se arriesgara a que la responsable preguntara al alcalde.
Los WhatsApp van más allá y confirman la dejación en la responsabilidad in vigilando. El Ayuntamiento supo de la estafa de los guantes cuando un funcionario del consistorio alertó de que en el supermercado los vendían por 0,8 céntimos y no 2 euros. Ahora lo sabemos también por los mensajes. “Dios mío, nos han estafado seguro”, dice una alto cargo al empresario. Luceño lo reconoce y activa la devolución de 4 millones de euros. Aún así, el Ayuntamiento no dio más seguimiento al contrato a sabiendas de la estafa. No lo denunció internamente para que fuera auditado tras comprobar el precio inflado de los guantes de nitrilo. No lo llevó a la Justicia. Ni siquiera dio parte a la Fiscalía. Tapó el desfalco y se conformó con la devolución.
Tampoco reclamó los test covid. De los 750.000 reactivos, funcionaba uno de cada cuatro. Los empresarios se comprometieron a enviar una nueva partida que nunca llegó y no se reclamaron ni las pruebas de anticuerpos ni el dinero. Como bien sabe el equipo del consistorio y técnicos de contratación, los contratos de urgencia implican que se eliminen ciertos trámites para agilizar las adjudicaciones. En ningún caso implica que se eliminen todos los controles, como ha sido el caso.
Los WhatsApp recogidos en tres tomos del sumario revelan que el Ayuntamiento se supo estafado y tuvo conocimiento de que la estafa se consumó. Si el familiar de Almeida le facilitó la entrada al consistorio a Luis Medina. Si el alcalde mantuvo conversaciones con el comisionista cuando el contrato ya estaba en marcha. Y si supo de la estafa desde abril de 2020 y no se denunció, requiere de una versión definitiva de Almeida que no cambie según avanza la instrucción judicial.
Los WhatsApp recogidos en tres tomos del sumario revelan que el Ayuntamiento se supo estafado y tuvo conocimiento de que la estafa se consumó
La tercera trama del pelotazo es la desaparición de los empresarios, las embestidas de Medina a la causa y la desaparición de sus bienes. El aristócrata heredero de terratenientes se ha dedicado a dar entrevistas para justificar un telefonazo de un millón de euros y arremeter contra la Fiscalía porque “son todas de izquierdas”. Ser progresista está mal para el aristócrata y sacar de España el millón de euros por diferentes vías está bien. Por recordar, Medina invirtió el dinero en un yate de lujo matriculado en Gibraltar (donde no paga impuestos) y dos bonos bancarios. E igual que eligió tener el barco fuera del fisco español, envió parte del dinero a los Países Bajos, tres transferencias de unos 90.000 euros cada una, todo muy patrio, según se desprende del sumario. Los bonos desaparecieron nueve meses después de saberse investigado, según el extracto bancario del Deustche Bank dentro de la causa. Si no aparecen, podría haber alzamiento de bienes, un delito complejo de probar. Así, una vez ha sido embargado, el juez ha encontrado 247,26 céntimos en su cuenta.
El alcalde de Madrid no es responsable de que Medina vacíe sus cuentas, de que se ría de las instituciones y haga más sangrante el pelotazo. Sí lo es de dar una versión fehaciente de qué ocurrió durante la contratación y cómo se gestionó desde las arcas públicas una adjudicación a todas luces fallida, un agujero público a costa de material sanitario que servía para evitar la muerte de madrileños en el peor momento de la pandemia. Los empleados del Ayuntamiento, su equipo, tendrán que dar los detalles, en calidad de testigo, obligados a decir la verdad ante el juez Adolfo Carretero. Hasta el momento, la causa judicial describe los hechos con bastante más seriedad que Almeida y Feijóo. No es cosa de “pillos”, como ha dicho el nuevo presidente del PP. Los delitos investigados en la adquisición de mascarillas, guantes y test covid, “con miles de fallecimientos diarios”, según se recoge en el auto judicial, “no solo afectan a los fondos públicos, tienen un interés general y una enorme repercusión pública”. Al menos podían aprovechar no estar en el lado de los imputados para reconocer la gravedad de los hechos.
