La información corre peligro y los medios miran para otro lado

La extrema derecha, a las puertas del poder en Francia, tiene las claves de la supervivencia del nuevo primer ministro. Fuera de control, Emmanuel Macron se niega a tener en cuenta los resultados de las elecciones legislativas, pisoteando los principios parlamentarios. La izquierda, que ha logrado unirse, no consigue hablar con una sola voz para contrarrestar la toma de poder del Elíseo.

En este contexto político extremadamente preocupante, en el que la misión de interés general de los periodistas adquiere todo su sentido, los Estados Generales de la Información (EGI, proceso de reflexión lanzado en 2023 para afrontar los retos derivados de la revolución digital, ndt) acaban de publicar sus conclusiones. Los nueve meses de trabajo, ensombrecidos por la muerte de Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF), nombrado en noviembre de 2023 por Emmanuel Macron para dirigir este proyecto basado en las contribuciones de profesionales, ciudadanos e investigadores, culminaron el jueves 12 de septiembre con la presentación de quince propuestas para “salvaguardar y desarrollar el derecho a la información”.

Frente al peligro que corremos, este plan de acción, adoptado por los miembros del comité de dirección, todos ellos seleccionados por el presidente de la República, es de una simpleza extrema.

Y sin embargo, ya desde la introducción, queda claro que existe una “emergencia democrática”, así como la necesidad de que la información, bien público y bien común a la vez, ocupe un lugar central en la escena pública, para garantizar un debate informado basado en hechos verificados, contrastados y documentados, y por tanto reconocidos y compartidos por todos.

Pero bajo un barniz apolítico, las propuestas se ven debilitadas por un escollo importante: sitúan la amenaza casi exclusivamente en los algoritmos, las redes y la inteligencia artificial, es decir, la tecnología, omitiendo nombrar a los verdaderos enemigos del derecho a saber, es decir, los actores políticos y económicos, incluidos los medios de comunicación, que utilizan esas herramientas y otras en su beneficio, aunque eso signifique dañar a la democracia. Al centrar su atención en las alteraciones digitales actuales, antes de examinar las disfunciones estructurales en Francia, el comité de dirección, presidido por Bruno Patino, responsable de Arte, impide encontrar soluciones a la altura del desafío.

Se ha soslayado así una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación. Los periodistas no son los amables organizadores de un debate pacífico. Al ejercer su ojo crítico, constituyen un contrapoder esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Nuestro papel social es pedir cuentas a los poderes económicos y políticos, en nombre de los ciudadanos, y denunciar los abusos.

En un momento en que nuestras instituciones flaquean y los medios de comunicación están sometidos a la voracidad de unos cuantos depredadores multimillonarios, más preocupados por su propia influencia que por el interés general, es vital no elegir el blanco equivocado. Para devolver la información al lugar que le corresponde, la prioridad es reforzar drásticamente la independencia de los periodistas, piedra angular de todo el edificio.

Sin embargo, el comité de dirección de los EGI, para no encararse con los accionistas –éste es el otro escollo de estas propuestas– se niega a defender el derecho de aprobación y el derecho de revocación sobre el nombramiento de los jefes de redacción, lo que permitiría a los equipos disponer de un derecho de control efectivo sobre sus superiores jerárquicos elegidos por los propietarios. Sólo parece una lamentable copia de lo anterior, con la posibilidad de que los “comités de ética emitan un dictamen”. Esos derechos de aprobación y revocación, apoyados por parlamentarios de todos los colores, ya existen en algunos periódicos, como Le Monde, Libération y Mediapart, y nunca han desestabilizado a esas empresas; al contrario, han contribuido a reforzar y dar poder a los colectivos de periodistas.

El informe no menciona para nada el secreto profesional, en nombre del cual se ha obtenido la censura, ni la protección de los denunciantes

Garantizar la independencia de la profesión significa también luchar activamente contra su precarización. Es lamentable que este aspecto, que afecta a los free-lance y a los más jóvenes, esté completamente ausente del plan de acción.

Del mismo modo, las medidas preconizadas para proteger el secreto de las fuentes y luchar contra los procedimientos mordaza son insuficientes, habida cuenta de los ataques masivos que sufren los periodistas y las empresas de comunicación. El informe propone, en efecto, “reducir” las excepciones al secreto de las fuentes y la intervención de un juez antes de cualquier procedimiento judicial, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero guarda silencio sobre el secreto comercial, en nombre del cual se han obtenido censuras, y sobre la protección de los denunciantes. Además, no hay sanciones por violar la confidencialidad de las fuentes.

Contra el acoso judicial, destinado a intimidar y silenciar recurriendo a procedimientos penales o comerciales (secreto de empresa, secreto de defensa, denigración comercial, etc.), la fórmula propuesta carece de la ambición necesaria para esperar desalentar las elusiones de la ley de prensa de 1881.

Contra la concentración de medios

Para garantizar el pluralismo de la información, deberíamos haber estado dispuestos a hacer frente a los accionistas luchando activamente contra la concentración de los medios de comunicación. La situación actual en Francia es caricaturesca: una decena de grupos industriales o financieros, que en su mayoría no se dedican a la información, controlan la mayoría de los “grandes” medios privados. Este estado de cosas agrava inexorablemente la desconfianza del público, que exige con razón una información no sólo diversa, sino también libre de los intereses creados de los propietarios de los medios de comunicación.

En un momento en que se estrechan los vínculos con los dirigentes políticos, y en particular con el ejecutivo, las sospechas no pueden sino aumentar. Es elocuente el ejemplo del grupo de Vincent Bolloré, que no cesa de aumentar su dominio sobre Europe 1, CNews, Paris Match y Le Journal du dimanche (JDD) a base de noticias falsas y mensajes de odio. Sus objetivos hegemónicos y destructivos para el Estado de Derecho son bien conocidos. Sin embargo, no se ha hecho nada para impedir la toma de control del JDD en el verano de 2023, después de que despidieran a sus periodistas tras una huelga sin precedentes de cuarenta días.

El hecho de que Pascal Praud, el presentador estrella de CNews, se enterara de la decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional incluso antes que el entonces primer ministro y casi todos los ministros, demuestra la porosidad entre esos dos mundos. Gracias a esa confidencia, el grupo puso todos sus medios de comunicación al servicio de la extrema derecha, montando el juego, deseado por el jefe del Estado, entre la “macronie” y la Agrupación National. La elección del nuevo primer ministro, Michel Barnier, del JDD para escribir una columna nada más ser nombrado, confirma esa alianza estratégica, la única prevista por el presidente de la República, aunque resultara perdedora en las urnas.

Pero en lugar de abordar este importante problema democrático, el comité de dirección de los Estados Generales de la Información se contenta con tímidas medidas que difícilmente van a preocupar a Vincent Bolloré ni a los multimillonarios que utilizan “sus” medios de comunicación como máquinas al servicio de su influencia.

Tal y como recomiendan los participantes en los Estados Generales de la Prensa Independiente, lanzados a iniciativa del Fondo por una Prensa Libre (FPL) en el otoño de 2023, en primer lugar habría que haber prohibido a todo grupo industrial cuya actividad principal no sea la información convertirse en operador directo de un medio de comunicación. Después habría que haber revisado completamente la ley de 1986, bajando los umbrales de concentración. Por último, habría sido útil exigir que los acuerdos firmados por la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), para la concesión de frecuencias TDT públicas y de libre acceso prohibieran la transformación de una cadena de información en una cadena de opinión que difunda noticias contrarias a los principios deontológicos de los periodistas.

Condicionar las subvenciones a la prensa

Para sanear el panorama mediático y garantizar la transparencia de su financiación, el informe lamentablemente no identifica la necesidad de revisar las subvenciones a la prensa. Hoy en día, esas subvenciones benefician a los mismos pocos propietarios que tienen todo el poder en sus manos. Para una mayor equidad, deberían reservarse a los medios independientes, estar condicionadas al cumplimiento de las obligaciones legales y las exigencias deontológicas y, por supuesto, retirarse en caso de condena por comentarios sexistas, racistas, LGTBfóbicos o discriminatorios.

Como la falta de transparencia en su distribución no hace sino aumentar la desconfianza ciudadana, deberían estar sujetos a obligaciones de transparencia, como la publicación anual de las cuentas, los accionistas directos e indirectos y las subvenciones directas públicas y privadas recibidas y su destino.

Para una mayor equidad, las subvenciones a la prensa deberían reservarse a los medios independientes, estar condicionadas al cumplimiento de las obligaciones legales y las exigencias deontológicas y, por supuesto, retirarse en caso de condena por comentarios sexistas, racistas, LGTBfóbicos o discriminatorios

Básicamente, las medidas más interesantes van dirigidas a contrarrestar el poder de las plataformas digitales, que de hecho constituyen un gran peligro al privatizar el espacio global de la información en beneficio propio. Sin embargo, aparte de que el comité director haya pasado por alto la cuestión central de la remuneración justa de los derechos conexos de la prensa y la consiguiente necesidad de transparencia, es comprensible que estas medidas se incluyan en el plan de acción, dado que los accionistas temen perder sus prerrogativas en un pulso que les es desfavorable.

En un discurso con motivo de su salida como accionista del St. Louis Post-Dispatch, el magnate de la prensa Joseph Pulitzer, no precisamente un extremista, declaraba que ese periódico de Missouri “luchará siempre por el progreso y la reforma, nunca tolerará la injusticia ni la corrupción; atacará siempre a los demagogos de todos los partidos, se opondrá a las clases privilegiadas y a los explotadores del pueblo, nunca carecerá de simpatía por los pobres, permanecerá siempre consagrado al bien público”. “Nunca se contentará con imprimir noticias y mantendrá radicalmente su independencia”, prosiguió.

Más de un siglo después, cabía esperar más valentía y claridad sobre las batallas que se avecinan por parte de un organismo que se supone representa los intereses de la profesión y del público. Sobre todo teniendo en cuenta que sólo se trata de propuestas y que no hay garantías de que vayan a incluirse en un futuro proyecto de ley.

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Carine Fouteau es presidenta y directora de Mediapart, socio editorial de infoLibre.

Traducción de Miguel López