El marco legal de la consulta quiebra la unidad interna de Izquierda Unida

La dirección de Izquierda Unida no se esperaba el revés. Todo el debate de la Conferencia sobre el Modelo de Estado estaba canalizándose con normalidad, incluso más rápido de lo previsto, con un altísimo nivel de consenso en las piezas nucleares del documento presentado por la ponencia. Pero al final la quiebra de la unidad emergió, insospechadamente, en torno a la consulta. O, más en concreto, en torno al "marco legal" de la consulta. La resolución resumen que IU sometió a votación encontró un notable rechazo de los delegados (un 52,78%, entre abstenciones y noes) debido a que el texto especificaba que cualquier referéndum de autodeterminación deberá respetar la legalidad. 

Cerca de las tres de la tarde de ayer sábado, el tono general era de satisfacción. Sí, IU había superado el reto: había conseguido ponerse de acuerdo en torno a un proyecto de Estado federal, republicano, laico, solidario, plurinacional, democrático y participativo, con un reconocimiento pleno del "derecho a decidir de los pueblos". La ponencia, que coordinaba Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, había asumido de partida 1.076 de las 1.178 enmiendas presentadas, y había con ello engrosado el documento, incorporando cuestiones que habían quedado más cojas, como el feminismo, la memoria histórica o el pacifismo. Pero, junto al texto largo, el que desarrolla todo el modelo que defiende IU, y que fue aprobado por amplísima mayoría –116 votos a favor (72,95%), 17 en contra y 26 abstenciones–, se pidió el respaldo a una resolución, cuya redacción venía a resumir el espíritu de la Conferencia. Y ahí fue donde la dirección tropezó. 

El texto de la resolución, de apenas dos páginas y a la que tuvo acceso infoLibre [léelo aquí en PDF], es una síntesis de los ejes capitales del documento amplio. El último de ellos es la "transición al Estado federal mediante un proceso constituyente", que genere "una fuerte alianza social y de clase". 

"El principio democrático implica abrirse a la posibilidad de consulta para que la ciudadanía manifieste sus preferencias sobre la relación jurídico-política entre las unidades territoriales federadas y el Estado español –reza el texto–. En este sentido, cualquier consulta deberá realizarse en el marco legalcualquier consultadeberá realizarse en el marco legal". Este último inciso provocó la discordia. Algunos delegados, como la excoordinadora valenciana Glòria Marcos o el andaluz José Antonio Mesa, plantearon que aceptar este punto implicaba transigir con el sistema nacido en la Transición y que IU quiere combatir. La ponencia, en cambio, defendía que ese respeto a la legalidad ya venía recogido en el acuerdo firmado, en mayo de 2013, por IU y su federación catalana, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y sus socios de ICV, pacto por el que la formación de Cayo Lara asumió solemnemente el derecho a decidir. Este debe basarse, se decía en aquel escrito, en la "voluntad de negociación con el Estado utilizando los mecanismos legales existentes o acordando su reforma". 

Había otro argumento que esgrimían los miembros de la ponencia, según las distintas fuentes consultadas por este diario: la necesidad de respetar el "marco legal" a la hora de celebrar la consulta ya había sido refrendada por el Consejo Político Federal, el máximo órgano de dirección. O sea, que esa posición ya estaba "asumida y digerida". 

La oposición a ese extremo se visualizó en el escrutinio. La resolución recabó 85 votos a favor (47,22%), 60 en contra (33,33%) y 35 abstenciones (19,44%). Un respaldo más que justo al texto original. El caudal de desaprobación se concentró en parte de Valencia, Galicia, Madrid, Cataluña, Izquierda Abierta –el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz– y el Colectivo de Unidad de Trabajadores (CUT), la formación del líder jornalero y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. 

"Quizá terminamos demasiado rápido"

"Quizá ha habido confusión. O falta de explicación", reconocían los colaboradores de Lara. En realidad, apenas hubo defensa de ese punto, porque una de los miembros de la ponencia, la valenciana Marga Sanz, se limitó a leer la resolución, y después apostilló José Luis Centella, mano derecha del coordinador. Lo que quería defender la dirección, indicaron todas las fuentes consultadas, es que un referéndum no puede realizarse si no está permitido, que no se pueden sacar las urnas a la calle si hay una prohibición expresa del Tribunal Constitucional –como seguramente pasará si Artur Mas convoca la consulta para el 9 de noviembre de 2014–. A eso hace referencia, argumentaban, "el marco legal". Ello no quita para que IU defienda, por otro lado, el cambio del sistema, un proceso constituyente que construya de nuevo el Estado, que articule un nuevo modelo de convivencia y en el que se recoja explícitamente el derecho a decidir de pueblos, naciones, nacionalidades y regiones de España. Las tesis de la dirección eran compartidas por EUiA y, de hecho, su coordinador, el diputado Joan Josep Nuet, era uno de los miembros de la ponencia.

"El único elemento que ha sido cuestionado ha sido esa frase. Pero es verdad, no esperábamos esta contestación. Lo que ha subyacido es que la legalidad no puede bloquear la voluntad de un pueblo. La votación significa rebelarse contra ello", reflexionaba un integrante de la ponencia. Uno de los asistentes atribuía el patinazo a una "falta de comprensión" que utilizó la "minoría independentista". Ricardo Sixto, secretario federal de Comunicación, lamentaba la "mala interpretación" que se había hecho de ese punto del texto. "Quizá lo teníamos que haber explicado más, haber buscado una redacción que se acomodase más a todos. Quizá terminamos demasiado rápido". Se preveía que la Conferencia concluyera sobre las cinco de la tarde. Y se remató dos horas antes. 

"Lo vimos al final y sin un debido debate. Y no podemos hablar de aspirar a una república federal, que sería trascender por completo el actual marco legal y luego enmarcar dentro de él esa resolución. El derecho a decidir está por encima de leyes temporales o parciales", razonaba uno de los delegados que votó en contra. "Ha sido un fracaso de la dirección. Políticamente ha perdido –añadió un integrante del CUT–. No lo explicaron y por eso perdió más votos. Se merece el revolcón por presentar iniciativas sin contar con los demás". 

Un "borrón" que la dirección relativiza

Los componentes de la ponencia sintieron el revés de la votación final como un "borrón" en un cónclave que se había desenvuelto hasta entonces sin sobresaltos. Aunque advertían de que una cuestión "anecdótica", dentro de una discusión que había concitado un consenso muy amplio. De hecho, algunos de los debates que se sustanciaron en el plenario discurrieron sin confrontación. Por ejemplo, había quien planteaba que era mejor un sistema unicameral (al final se votó la propuesta inicial: dos Cámaras, aunque reforma profunda del Senado), o que los territorios debían tener representación internacional (extremo que se rechazó). 

En efecto, la cuestión del "marco legal" de la consulta era el punto negro de una resolución que, por lo demás, sintetizó el espíritu del documento largo. IU escribe que quiere formular un "nuevo proyecto de Estado ante un modelo exhausto, incapaz de dar respuesta a la realidad plurinacional que avanza como seña de identidad de un Estado compuesto". La formación de Lara aspira a construir "una España federal, en un proceso constituyente donde el debate territorial se vincule al debate de clase, donde los derechos de ciudadanía se liguen indisociablemente a la arquitectura del Estado". Ya lo dijo el coordinador en su discurso de apertura de la Conferencia: el problema de fondo en el conflicto territorial es que "unas clases sociales expolian a otras clases sociales". 

Diego Valderas y el eurodiputado Willy Meyer, en la Conferencia sobre Modelo de Estado de IU, ayer sábado, 8 de febrero en el hotel Convención de Madrid | EFE

El objetivo central de la alternativa de IU es "llamar a un proceso constituyente, democrático y participativo que represente y defienda los intereses de la mayoría social trabajadora". El federalismo, indica el texto, pivota sobre la idea de "pacto y negociación multilateral", para ir avanzando hacia un "Estado plurinacional en el marco de la capacidad de decisión de los pueblos, desde la asociación libre y voluntaria". IU siempre subraya que el derecho a decidir no sólo se refiere a la autodeterminación de los territorios (que también) sino a que los ciudadanos puedan votar sus "derechos sociales, políticos, laborales, territoriales y culturales". 

Una alternativa frente a los "métodos guerracivilistas" del PP

Tres ejes vertebran la resolución. El primero es la justificación, alude al "agotamiento de la Constitución de 1978", de todo el régimen nacido en la Transición –monarquía, modificación del artículo 135 de la Carta Magna para establecer el pago de la deuda como "prioridad absoluta", el cansancio del modelo autonómico y la "crisis de representatividad política–, lo que exige la apertura del citado proceso constituyente. El segundo es la definición de la alternativa, el Estado "plurinacional, federal, solidario, laico y republicano", que reconozca las "realidades nacionales de los diversos pueblos de España", que "garantice la igualdad de derechos y la integración de toda su ciudadanía, vivan donde vivan", que se contemple una fiscalidad progresiva y justa y un sistema de financiación que prime la equidad, la suficiencia, la solidaridad interterritorial y la eficiencia y que se apueste por una amplia "descentralización política y administrativa". 

El último pilar es el que atañe al derecho a decidir. IU entiende que la segregación de un territorio no debe producirse con una mayoría ajustada, del 51%, sino que ha de ser consecuencia de "un pacto que establezca reglas claras del juego democrático y de mayorías cualificadas". 

El derecho a decidir, en sí mismo, no suscita controversia en IU. Sostiene que ello posibilitará el encaje de las distintas pretensiones. "Estamos convencidos de que con un proyecto común mejor vamos a convencer a los pueblos para que vivan juntos –explicó a los medios Nuet, líder de EUiA, mediada la Conferencia–. La clave de ese convencimiento es el amor, es la propuesta, no es la amenaza, la violencia o la obligación. Lo que no tiene futuro en España es volver a los métodos de la Guerra Civil, que es lo que nos está planteando el PP. Por eso nosotros planteamos el convencimiento de que vivir juntos es mejor, pero haciendo cambios. Con la España de Rajoy mucha gente se asusta, pero con el proyecto de IU mucha gente se va a ilusionar. Un proyecto común vale la pena y puede ser mayoritario, y vamos a luchar por él". 

Todo pasa ahora por el Consejo Político Federal

En resumidas cuentas, el modelo de IU se alza como una alternativa frente al planteamiento del PP, que "rompe y disgrega"; el del PSOE, que representa el "centralismo federal", y el de los independentistas. Según esgrimió Nuet, el de la federación ejemplifica la propuesta del "punto de encuentro" y del pacto por un nuevo país sumado a un "proyecto democrático y social de altura". "Lo social y lo democrático son indivisibles. El derecho a decidir y el modelo de país desde el punto de vista social, contra la austeridad y la troika, son dos caras de la misma moneda". 

Las enmiendas asumidas "completan y mejoran" el documento largo, como se encargó de apuntar uno de los miembros de la ponencia, José Miguel Nuin, coordinador de IU en Navarra. Las modificaciones ahondan en la igualdad, el feminismo, el pacifismo, la memoria histórica, la denuncia del Concordato con el Vaticano, el fin de los privilegios fiscales de la Iglesia, la defensa del municipalismo, el empoderamiento de la ciudadanía "frente a las élites", el desarrollo de instrumentos de "democracia económica" (sector público "fuerte")... 

Documento ponencia de la Conferencia sobre Modelo de Estado de IU (PDF)

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"No ha habido divisiones ni grandes elementos nuevos", resumió Nuin. Aunque sí la china en el zapato de la resolución, la comidilla que se extendió tras la clausura de la Conferencia. Ahora, todos los documentos, la ponencia –con las enmiendas incorporadas– y la resolución final deberán pasar por el filtro de la próxima reunión del Consejo Político Federal. Será el 1 de marzo. Una cita que se prevé clave por otro asunto que ayer no asomó en el debate: la aprobación de la candidatura para las elecciones europeas de mayo. El cabeza de la lista, por cierto, sigue sin estar claro. Aunque el nombre de Willy Meyer es por el que se inclinan las apuestas. Él ni se ha postulado oficialmente.