El Estado recupera una mínima parte del dinero público desviado en los casos de corrupción del PP

Más de cuatro millones y medio de euros en metálico. Esa es la fortuna, amasada a través de la trama del Canal Isabel II, que la Audiencia Nacional consiguió decomisar la semana pasada al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en Colombia. Oculto en cuentas a nombre de sociedades controladas por testaferros, el hallazgo del botín amasado por el exdirigente del PP a través de la trama del Canal Isabel II, investigada en la denominada operación Lezo, fue posible gracias a la colaboración de las autoridades colombianas y panameñas en el caso y fue uno de los elementos decisivos para que el político pudiera salir en libertad condicional al disminuir el riesgo de destrucción o alteración de pruebas y de fuga. Además del dinero, también se intervino patrimonio inmobiliario que González tenía en el país latinoamericano y que se encuentra a la espera de ser tasado.

Con la incautación de los millones ocultos de González, cabe preguntarse si en los casos de corrupción suele recuperarse el dinero arrancado de las arcas públicas por las diferentes tramas. infoLibre repasa los principales escándalos de corrupción que han salpicado en los últimos años al PP y recopila las cifras más importantes en este sentido.

Trama 'Gürtel': penas que superan los 700 años de cárcel

El caso Gürtel es, sin duda, uno de los mayores escándalos de corrupción que han salpicado al PP. Sólo en la conocida como Época I, que abarca las actividades delictivas entre los años 1999 y 2005, las investigaciones realizadas calculan que la trama dirigida por Francisco Correa se habría llevado al menos 120 millones de euros de dinero público en contratos adjudicados por administraciones dirigidas por la formación conservadora, aunque los instructores se han encontrado grandes dificultades para conseguir destapar el volumen total que pasó por sus manos en ese periodo. En el juicio que estos días finaliza después de escuchar a los 37 imputados y a más de 300 testigos –entre ellos 5 exministros del PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy–, la Fiscalía Anticorrupción pide penas para los acusados que en total suman más de 700 años de cárcel.

A mediados de 2011, dos años después de que estallara el caso Gürtel, sólo cuatro de los imputados por aquel entonces en el escándalo habían saldado sus deudas con Hacienda devolviendo 27 millones de euros defraudados. De este modo mostraban su arrepentimiento fiscal los constructores José Luis Ulibarri –abonó 3,1 millones de euros–, Rafael Naranjo –pagó 4 millones de euros– y Alfonso García Pozuelo –el expresidente de Constructora Hispánica puso sobre la mesa 20 millones de euros para saldar su deuda con el fisco–, así como el considerado cerebro financiero de la trama, José Ramón Blanco Balín, que aportó a Hacienda casi medio millón de euros para saldar sus cuentas pendientes. De los cuatro, sólo García Pozuelo se encuentra entre los 37 acusados en el juicio de la primera época de la GürtelGürtel.

Seguir el rastro del dinero en tramas de esta envergadura, que lo mueven a través de sociedades radicadas en las jurisdicciones más oscuras, resulta realmente complejo. Actualmente, Suiza mantiene bloqueados 47,1 millones de los implicados en el caso Gürtelcaso Gürtel. De esa cantidad oculta, 21,3 millones de euros están a nombre del extesorero del PP Luis Bárcenas, para el que la fiscalía pide 39 años de cárcel, y 1,5 millones al de su presunto testaferro, Iván Yáñez, que se enfrenta a 7 años de prisión. Botines a los que se suman el de Francisco Correa, que asciende a 22,2 millones de euros, y el del número dos de la trama corrupta y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, que asciende a 1,7 millones de euros. El considerado cabecilla de la red, para el que el Ministerio Público solicita 125 años de cárcel, autorizó a la Audiencia Nacional una semana antes del inicio del juicio a repatriar 2,2 millones de euros de esa cuenta para hacer frente a las responsabilidades civiles que se le reclaman.

En concepto de fianzas, la justicia ha ingresado, entre otras, los 28.000 euros solicitados para la exministra de Sanidad Ana Mato, considerada partícipe a título lucrativo –según el ministerio público, Mato se habría beneficiado de regalos y viajes para su familia por valor de 28.000 euros entre 2000 y 2005–, y los más de 245.000 euros abonados por el PP, considerado también partícipe a título lucrativo –la Fiscalía mantiene que la formación conservadora se benefició de 245.000 euros que la red Gürtel aportó para las campañas de las elecciones municipales de 2007 en Pozuelo y Majadahonda–. A estas podrían sumarse, además, las pagadas por algunos de los principales investigados para abandonar la cárcel: 200.000 euros Francisco Correa y Luis Bárcenas y 100.000 euros Pablo Crespo.

Púnica: más de 4 millones en efectivo intervenidos

En octubre de 2014, cinco años después del estallido de la Gürtel, la formación conservadora volvió a recibir un duro varapalo. El que fuera consejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta junio de 2011, Francisco Granados, era detenido por la Guardia Civil en la llamada operación Púnica. Junto a él, varios constructores –entre ellos David Marjaliza–, algunos alcaldes de localidades madrileñas –el de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), y el de Parla, José María Fraile (PSOE)– y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. En el auto de ingreso en prisión provisional, a Granados se le atribuyó formar parte de una "organización criminal" dedicada a perpetrar "delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias".

El supuesto mecanismo corrupto, utilizado presuntamente en consistorios de varias comunidades autónomas, funcionaba del siguiente modo: alcaldes y funcionarios adjudicaban contratos a dedo a un grupo de empresarios que, a cambio, pagaban comisiones a los regidores posteriormente –este dinero que recibían era luego blanqueado a través de las adjudicatarias, sociedades instrumentales e intermediarios–. En total, en el sumario se cifra el valor de los contratos adjudicados ilegalmente en 250 millones de euros. El diario digital El Confidencial, por su parte, elevó en una investigación publicada en octubre de 2015 la cantidad de millones de euros de dinero público bajo sospecha hasta los 312,85. 

Cuatro años después de la detención de Granados, la investigación ya acumula miles de folios agrupados en más de dos centenares de tomos, más de un centenar de imputados, más de 300 testigos y 1.200 cuentas bloqueadas. Durante todos estos años, además del embargo de vehículos, se han intervenido poco más de 4 millones de euros en efectivo –4.145.798 euros, 30.456 dólares, 2.780 francos suizos y 1.455 libras esterlinas–, según datos a los que tuvo acceso el pasado mes de julio el citado diario digital. En esta cantidad se encuentra incluido el millón de euros encontrado en un altillo de la casa de los suegros de Granados por agentes de la UCO y la Guardia Civil. Billetes que, según afirmó el suegro en su momento, serían "de algún fontanero o de alguien de Ikea".

Tanto Marjaliza como Granados se encuentran actualmente en libertad. El constructor abandonó la cárcel de Aranjuez en diciembre de 2015 tras abonar los casi 100.000 euros de fianza que le reclamaba el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El que fuera mano derecha de Aguirre, por su parte, salió el pasado mes de junio de la prisión de Estremera tras pagar una fianza de 400.000 euros.

Lezo: incautado el botín de González en Colombia

Y cuando Esperanza Aguirre quizás confiara en que no le podían salir más ranas después de sus exconsejeros Alberto López Viejo –imputado en Gürtel– y Francisco Granados, estalla el caso Lezo. El pasado mes de abril, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González –vicepresidente con Aguirre al frente– fue detenido por la supuesta corrupción en la empresa pública Canal de Isabel II, que presidió entre 2003 y 2012. En el auto de ingreso en prisión, se imputaba al exlíder del Gobierno madrileño, entre otras cosas, la operación para la compra de la empresa brasileña Emissao, que provocó un agujero a la empresa pública de más de 23 millones de euros, y el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros de OHL por la adjudicación supuestamente irregular del tren de Navalcarnero.

La justicia ha conseguido incautar en estos últimos meses al menos cinco millones de euros que los dos presuntos cabecillas de la trama, González y Edmundo Rodríguez Sobrino –expresidente de Inassa y hombre fuerte del expresidente de la Comunidad de Madrid en Latinoamérica–, escondían en Colombia. Los 4,6 millones de euros intervenidos la pasada semana a Ignacio González se suman a los 262.000 euros que la Fiscalía colombiana encontró en el apartamento de Rodríguez Sobrino en Barranquilla. Hace casi un mes, el expresidente de Inassa mostró su intención de acercarse al juez y a Anticorrupción para tratar de conseguir la libertad. Así, tal y como desveló El Confidencial, Rodríguez Sobrino ha dado orden de transferir a una cuenta de la Audiencia Nacional 2,2 millones de dólares para afrontar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación en la causa.

En libertad se encuentran ya tanto Ignacio González como su hermano Pablo González. El expresidente madrileño salió la semana pasada de la prisión de Soto del Real tras abonar una fianza de 400.000 euros. Su hermano abandonó la cárcel unos meses antes tras pagar los 200.000 euros de fianza que se le pedían. En el auto de libertad de Ignacio González, el juez detallaba, entre otras cosas, el supuesto pelotazo pegado en la construcción del campo de golf del Canal. Así, el instructor desgranaba uno a uno todos los pasos dados por el expresidente de la Comunidad de Madrid para adjudicar de forma presuntamente irregular tanto la construcción como la explotación del centro a través de una estructura societaria en la que participaron tanto su hermano Pablo como su cuñado.

El Govern de Matas: recuperado sólo el 16%

Sí que se han puesto sobre la mesa, sin embargo, cifras más redondas en relación con los casos de corrupción durante la época de Jaume Matas al frente del Govern de les Illes Balears. El pasado mes de mayo, el Ejecutivo balear, capitaneado actualmente por la socialista Francina Armengol, desgranó las cantidades de dinero malversado durante la época de Matas que se habían conseguido recuperar. En una respuesta a la diputada del Grupo Mixto Sílvia Tur, el Ejecutivo autonómico detalló que de los 6,5 millones de euros reclamados por sentencias firmes, hasta ese momento los condenados sólo habían abonado 1,1 millones. Esta cifra supone que los cargos públicos sentenciados por corrupción apenas han devuelto el 16% del total que se les ha reclamado y deben todavía a las arcas públicas 5,4 millones de euros.

El Gobierno de Armengol detalla cada una de las sentencias. En el caso sobre la agencia balear de noticias, una de tantas piezas separadas del Palma Arena, de los 11.550 euros en concepto de responsabilidad civil, sólo se han recuperado 4.766,66 euros, un 41% del total. Mucho menos, un 14% de la cantidad reclamada por la justicia, se ha pagado en relación con el llamado caso Scala, por el que fue condenado, entre otros, el exconseller de Comercio, Industria y Energía del Govern de Jaume Matas José Juan Cardona: de los 6,1 millones que los sentenciados están obligados a abonar, sólo se habían recuperado hasta principios del pasado mes de mayo 865.958,79 euros. "La ejecución de esta sentencia todavía sigue abierta", explicaba la respuesta.

A estos dos casos, el Gobierno balear suma otras tres sentencias relacionadas con el caso Ibatur, por el que fueron juzgados dos exgerentes públicos del área de Turismo –Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern–, el exasesor jurídico del departamento Miguel Ángel Bonet o los contratistas Kamal Dorai y Bartolomé Morey. De los 195.530 euros que se pidieron en concepto de responsabilidad civil entre las tres sentencias, en el momento de la respuesta sólo se habían abonado 148.258,93 euros, el 75,8% del total. El listado del Govern de Armengol se cierra con el caso Turisme Jove, en el que el exdirector del consorcio Juan Francisco Gálvez y el exgerente de la institución Juan Francisco Gosálbez fueron condenados a restituir 267.580 euros. A fecha de la respuesta, sólo se habían abonado 92.023 euros.

El Gobierno balear, sin embargo, deja fuera el caso Palma Arena y el caso Nóos a la espera de que se pronuncie el Supremo. Si el Alto Tribunal confirma las sentencias que se han dictado en estos dos procesos, las arcas públicas esperarían otros 3,9 millones de euros. En el caso Nóos, la sentencia que condena a Iñaki Urdangarín, Diego Torres y algunos cargos de Matas exige la restitución de 2,6 millones de euros. La del Palma Arena, obliga a abonar a los condenados un total de 1,2 millones. 

Las tarjetas black de Bankia y Caja Madrid

El Estado vende el 7% de Bankia por 818,3 millones

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Otro de los escándalos más sonados durante los últimos años ha sido el de las tarjetas black de Caja Madrid. Cuando José Ignacio Goirigolzarri relevó al exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, al frente de Bankia, justo después del rescate de 22.000 millones por parte del Estado, encargó una auditoría interna en la que salió a la luz el uso de tarjetas de crédito que se entregaron a los directivos de la entidad entre 2003 y 2012 "fuera de los circuitos ordinarios". "Tarjetas en las que se habían producido gastos incompatibles con toda norma, acuerdo de órgano de gobierno o contrato que los avalara", recogió la sentencia de la Audiencia Nacional dictada el pasado mes de febrero.

Así, se descubrió que varios directivos de Caja Madrid y Bankia durante esos años habían gastado más de 12 millones de euros en restaurantes de lujo, salas de subastas, hoteles, tiendas de ropa exclusiva... Después de varios meses de juicio, el pasado mes de febrero se conoció la sentencia: cuatro años de prisión para Rodrigo Rato –que actualmente tiene abierto también el frente judicial de la fraudulenta salida a Bolsa de Bankia (el conocido como caso Bankia)–, tres para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y dos años y medio para el ex director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj.

En cuanto al dinero gastado con las black, hasta la fecha han devuelto la práctica totalidad Blesa (436.688 euros), Sánchez Barcoj (575.079 euros), el exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella (185.539 euros) y el exdirector general Matías Amat (431.042 euros). También se recuperó lo gastado por Luis Gabarda, Miguel Corsini, Juan Iranzo, Jorge Rábago, Luis Blasco Busquet, Arturo Fernández, Francisco Javier López Madrid y Virgilio Zapatero. Rato, por su parte, devolvió 98.837 euros de los 99.054 cargados a la tarjeta. Esta cantidad se resta, por tanto, a los 2,69 millones de euros que le reclama la Audiencia Nacional por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó. "Responderá conjunta y solidariamente con cada uno de los acusados", sentenció el juez.