Correa anuncia al juez que colaborará en el juicio por la financiación del PP de Valencia y el fiscal estudia rebajar la pena

El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, está ultimando un pacto con la Fiscalía Anticorrupción en el marco del juicio que comienza el próximo lunes, día de 15 de enero, sobre la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV), según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Así, el empresario mantendrá la "actitud colaborativa" que ha llevado durante la vista oral por la primera época de la trama corrupta (1999-2005), a cambio de que el Ministerio Público rebaje su petición de pena.

Correa se enfrenta a 24 años y medio de cárcel por controlar un grupo de empresas que "aprovechó" el acceso a "determinadas personas" que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.

Según han explicado las fuentes consultadas, el propio Correa ha remitido un escrito al Juzgado Central de lo Penal —que juzgará los hechos acontecidos en Valencia— en el que asegura que colaborará con la Justicia "reconociendo hechos, aunque no delitos", tal y como ya hizo en el anterior juicio, que concluyó el pasado 17 de noviembre.

Además, recuerda que solicitó, y se le concedió, el desbloqueo de dos millones de euros que tenía en sus cuentas en Suiza para hacer frente a la responsabilidad civil y reparar el daño.

Formalidad del escrito

No obstante, este escrito no cuenta con los requisitos formales necesarios para ser admitido, por lo que se le ha instado a que lo subsane. De ser así, las mismas fuentes han apuntado que la Fiscalía Anticorrupción estaría dispuesta a estudiar su contenido, que previsiblemente se debatirá en la jornada dedicada a las cuestiones previas del juicio por la financiación ilegal de los conservadores valencianos, y analizar si procede la atenuación de la pena.

Antes de que concluyese el juicio por los primeros años de la trama Gürtel, el Ministerio Público mantuvo su solicitud de pena de 125 años de cárcel125 años de cárcel. No obstante, recalcó que el presunto líder de la red corrupta había hecho revelaciones relevantes para la causa —relativas a la presunta existencia de una caja b del PP— e instó a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal a que tuviese esto en cuenta a la hora de imponer la condena.

También lo hizo el abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, durante su exposición de las conclusiones definitivas, donde anunció que esta posición de colaboración estará presente en todas las piezas sobre la Gürtel que quedan aún por juzgar.

Es más, el propio Correa, durante el uso del turno de la última palabra, insistió en su intención de ayudar a la Justicia para "aclarar todas las causas pendientes" sobre la Gürtel. Eso sí, pidió hacerlo en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes.

Financiación de campañas electorales

El próximo lunes, la Audiencia Nacional celebrará el juicio contra 20 personas, entre los que se encuentran los exdirigentes del PP valenciano Vicente Rambla y Ricardo Costa. Se encuentran acusados por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública por financiar presuntamente de forma ilegal a la formación política en la campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.

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Según el escrito de acusación de Anticorrupción, a finales de 2006 el PPCV contrató a Orange Market S.L., cuyo responsable era Álvaro Pérez El Bigotes —también en prisión por los mismos hechos que Correa—, para preparar los actos electorales.

El fiscal subraya que los acusados "no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente" y que con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los servicios se abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros.

El presunto líder de la Gürtel se encuentra en prisión cumpliendo la condena de 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Además, está a la espera de conocer los años con los que la Audiencia Nacional le castigará por las actividades realizadas por la trama corrupta que encabezaba entre 1999 y 2005.