No olvidemos a los bebés robados

Hace unos días la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunciaba la reforma de Ley de Memoria Histórica para incorporar asuntos que hagan de ésta una Ley digna de tal nombre: "Declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos". Además, anunció la reapertura de la oficina de apoyo a las víctimas del franquismo, la puesta en marcha de planes de búsqueda de desaparecidos, la elaboración de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y el estudio de fórmulas que permitan la "ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo". Cualquier demócrata debe sentirse reconfortado, al menos a la espera de ver cómo estos planes se concretan.

Sin embargo, de entre toda la herencia que nos dejó la Guerra Civil y el franquismo, un asunto va quedando relegado, el de los bebés robados. Quizá porque está demasiado vivo y duele de forma especial, quizá por el papel protagonista de una parte de la Iglesia, o tal vez porque hay quien discute que deban considerarse víctimas del franquismo, al existir casos muy posteriores al fin de la dictadura.

Hace un tiempo tuve ocasión de estudiar con cierta profundidad el escándalo de los bebés robados en España. Quiero agradecer a Sol Luque, Presidenta de "Todos los niños robados son también mis niños", integrante de CeAqua, e investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid su disposición a explicar este drama, su rigurosidad a la hora de describir y valorar las posiciones tanto judiciales como de los que están trabajando desde asociaciones dedicadas a este asunto. Tanto en aquel momento como ahora, en la preparación de este artículo, su información ha sido clave.

Al acercarse a este asunto, lo primero que llama la atención es la falta de datos rigurosos, o al menos que conciten el acuerdo de quienes están trabajando sobre ello. Nadie se atreve a asegurar una cifra de afectados. Hay quien habla de 3.000, hay quien de 30.000 o incluso muchos más. De las 2074 diligencias de investigación que se han abierto desde 2011, únicamente han sido judicializadas 522, de las que no se tiene información. El resto han sido archivadas por diferentes motivos: falta de pruebas, muerte de los implicados, e incluso por prescripción. Esta prescripción supone negar que el robo de bebés fuera un delito de lesa humanidad, cuestionando así los principios sobre los que trabajó el juez Garzón en su ofensiva judicial contra los crímenes del franquismo.

En el auto de inhibición que dictó Baltasar Garzón ante la negativa de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo, y en el que remite a los juzgados decanos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Burgos, Málaga y Zaragoza los datos relativos a los niños robados durante la Guerra Civil y primeros años del franquismo para que investiguen su paradero, Garzón resaltó que de los documentos que figuran en la causa se desprende que "podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad".

A esto hay que añadir que después de 1950 siguieron desapareciendo bebés, si ya no en cárceles, sí en clínicas y maternidades; quizá ya no por represión política, pero sí bajo la otra represión, la ideológica, la social y, por supuesto, la de género. El móvil político no es el único que existe en la represión del Estado dictatorial que fue el franquismo.

El auto del juez Garzón continúa afirmando que "esta situación, a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a la gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños, a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. Se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".

Este auto es del año 2009, pero la falta de información y análisis sobre esta tragedia sigue dejando en la oscuridad uno de los acontecimientos más negros del franquismo. Mientras no se arroje luz sobre los casos de bebés robados será imposible reparar el daño.

Con este objetivo, la asociación Todos los niños robados son también mis niños propuso a la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina -CeAqua- una Proposición de Ley para abordar de forma específica los casos de bebés robados. Recogiendo las reivindicaciones históricas de las diferentes asociaciones que trabajan sobre el tema, la Proposición de Ley se centra en las medidas relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos basadas en los principios de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, dando cabida a todas las víctimas desde el 17 de julio de 1936.

No debemos olvidar que estamos ante un tipo de crímenes con una peculiaridad que dificulta la investigación: los bebés desaparecían en una punta del país y eran trasladados a la otra. Esto hace que sea imprescindible la coordinación en todos los niveles y un tratamiento unificado de todos los mecanismos relacionados con archivos, banco de ADN, censo, unificación de criterios jurídicos en las Audiencias Provinciales, política única de exhumaciones y un largo etcétera. Por eso, la Proposición de Ley ofrece un marco estatal a las medidas que existen ya en las diferentes Comunidades Autónomas para que pueda coordinarse de la forma más eficaz.

La Proposición cuenta con el apoyo, hasta el momento, de Amnistía Internacional, la Asociación ProDerechos Humanos de España, la Red argentino-europea por el Derecho a la identidad, y numerosas asociaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes puntos del Estado español. Desde finales de 2017 las asociaciones que la impulsan se han reunido con todos los grupos parlamentarios. Están a la espera de su registro para que sea tramitada.

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Nos encontramos, sin duda, ante un caso más de víctimas del franquismo, con crímenes cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura y años posteriores. Nadie se atreve a poner una fecha final, si bien hay dos fechas que coinciden con dos hitos legislativos que permiten hablar del descenso de casos: 1987, que es cuando se promulga la primera Ley de adopción, y 1999, cuando se declara inconstitucional el parto anónimo. El hecho de que estos crímenes se siguieran produciendo después de la dictadura, durante toda la Transición y bien entrada la democracia, no sólo no invalida su naturaleza de crímenes franquistas, sino que es una prueba más de cómo el franquismo dejó una profunda huella estructural en nuestra sociedad de la que debemos urgentemente liberarnos. En este sentido, en 2010 se interpuso la denominada Querella argentina contra los crímenes del franquismo, una Causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. De las 19 personas imputadas en esta acción judicial, hay un ginecólogo –Abelardo García Balaguer– presuntamente relacionado con el robo de un bebé en 1967 en la Línea de la Concepción. Es la primera vez que en un ámbito judicial se considera delito contra la humanidad el robo de bebés en España.

El primer juicio por un asunto de bebés robados tuvo lugar el 26 de junio de 2018, hace apenas un mes, y quedó suspendido por ingreso hospitalario del acusado, el Doctor Vela., acusado de sustracción de menor de siete años, suposición de parto y falsedad en documento oficial.

Además de apoyar a las víctimas, estudiar los crímenes, conocerlos y juzgarlos es imprescindible para arrojar luz sobre este drama, muchas de cuyas víctimas están vivas y en algunos casos, con muchas dudas sobre su identidad. Este sería, sin duda, el primer paso para poder hablar de un Derecho de reparación.