El impacto de la temporalidad, la clave para que no se derogue el abaratamiento del despido de la reforma laboral

La reunión de este miércoles en la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral resultó “más brusca” que de costumbre. Era la primera vez que acudían a la cita los directores generales enviados por Economía y Seguridad Social y que, por orden de Moncloa, se han incorporado a las negociaciones con sindicatos y empresarios que lidera desde marzo el Ministerio de Trabajo. “El ambiente estuvo enrarecido desde el primer momento, aunque los dos nuevos invitados no abrieron la boca, solo tomaron apuntes”, reconoce una de las personas que acudió a la cita.

El encuentro se producía después del enfrentamiento interno en el seno de la coalición sobre “la metodología” de coordinación entre ministerios, pero también sobre el fondo de la reforma laboral e incluso sobre si lo que está encima de la mesa es la derogación o no de la legislación introducida por el PP en 2012, tal y como especifica el acuerdo de Gobierno. La paz se volvió a sellar el martes personalmente entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con el blindaje del presidente a la hoja de ruta marcada desde la vicepresidencia segunda e incluso con la aceptación del término “derogar”.

Hay quienes interpretan, sin embargo, que la patronal quiere ahora sacar provecho de las últimas turbulencias para adoptar una posición de fuerza. De hecho, los representantes de la CEOE llegaron a la cita del miércoles con posturas mucho más inflexibles que la semana anterior sobre asuntos como la tasa de temporalidad del 15% o incluso con críticas a la reforma de las pensiones (que se discute en otra mesa de diálogo social) y a las nuevas propuestas sobre negociación colectiva.

Indemnización por despido

En mitad del cruce de reproches y con todas las partes en posiciones menos proclives al entendimiento que tan solo siete días antes, los representantes sindicales respondieron a la actitud de la CEOE endureciendo también el tono. “Aquí posiciones maximalistas tenemos todos”, se oyó en la sala. En ese momento, el representante de UGT pidió la palabra para poner encima de la mesa la vuelta a la indemnización de 45 días por año trabajado que el PP redujo a 33 días en el caso de los despidos improcedentes. “Eso no está en el perímetro de la negociación”, le contestaron.

En efecto, la reforma laboral que está en marcha y que el Gobierno se compromete a que suponga “la derogación” de la impulsada por Mariano Rajoy en 2012, no contempla revertir el abaratamiento del despido impulsado durante la anterior crisis económica. Algo que tampoco incluye el acuerdo de coalición que alcanzaron PSOE y Unidas Podemos. Ese capítulo, el de la reforma laboral, fue una de las batallas políticas más enquistadas hasta el final a la hora de redactar el pacto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, reacia entonces a aceptar el cargo de ministra de Trabajo, defendió que solo concebía esa responsabilidad si era para “derogar” los recortes a los derechos de los trabajadores implementados por el PP en 2012. En el PSOE preferían acotar el impacto de la reforma hablando tan solo “de los aspectos más lesivos”. Sánchez e Iglesias zanjaron a última hora la disputa llegando a una formulación intermedia.

El apartado 1.3 es un epígrafe titulado “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Pero, a continuación, se apostilla: “En concreto, y con carácter urgente”. Tras esos dos puntos se enumeran hasta seis medidas en el programa de Gobierno. Alguna de ellas ya se ha llevado a cabo, como la derogación de “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”. El resto tienen que ver con la negociación colectiva, la subcontratación y la temporalidad, los aspectos que ahora se discuten en la mesa de diálogo y que ya han sido comprometidos en el famoso Componente 23 enviado a Bruselas a cambio de los fondos europeos. No existe mención alguna a la reversión del abaratamiento del despido llevado a cabo en su día por la reforma laboral de Fátima Báñez y que supuso uno de los principales recortes en materia de derechos laborales para los trabajadores.

Objetivo: acabar con la temporalidad

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Pero más allá de lo firmado en el pacto de coalición, desde el Gobierno se argumenta que el principal problema que afrontan a día de hoy los trabajadores españoles no es la indemnización que cobran tras ser despedidos si no las causas de la terminación de los contratos, temporales y precarios en un gran número de casos. “Si te hacen un contrato por dos días sueltos y la semana que viene otro igual, la indemnización es lo que menos te preocupa, porque es casi nada. Estamos centrados en acabar con la temporalidad, que es el gran problema de nuestro mercado laboral, tal y como indica Bruselas”, argumentan desde el Gobierno.

“El objetivo es que se despida menos, que se destruya menos empleo y que el que se cree sea más estable y menos precario”, explican desde el Ministerio de Trabajo. Precisamente, en la negociación sobre la reforma laboral otro de las medidas de mayor impacto que se aborda es la permanencia de los ERTE como mecanismo de flexibilidad interna alternativa al despido. En ese sentido, la consonancia es total entre el Ministerio de Trabajo y el área económica de la Moncloa, que coinciden en que escenarios “como que el convenio del sector esté por debajo del de la empresa son mucho más lesivos para los trabajadores” que la cuantía de las indemnizaciones por despido. “La receta que estamos abordando es clara: que crezcan los salarios, que mejore la negociación colectiva y que la temporalidad y la precariedad dejen de estar en los niveles tan extraordinarios de hoy en día”, resumen desde la vicepresidencia segunda.

Ahora, las negociaciones encaran su recta final, teniendo en cuenta que el Gobierno aspira a que la reforma pueda estar lista en el mes de noviembre para poder ser enviada a Bruselas antes de final de año, tal y como está comprometida en el Plan de Recuperación. Que cuestiones como la del encarecimiento del despido queden aparcadas también son interpretadas en todas las partes como un margen de maniobra que los empresarios podrían aprovechar en esta ocasión para sumarse al acuerdo. En ese sentido, el propio presidente del Gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz han manifestado su intención de apurar todas las opciones para alcanzar un consenso en el que esté la CEOE. “Esta vez, a diferencia del SMI, tienen incentivos. Si entran saben que algo pueden rascar. Están endureciendo sus posturas porque llega la parte decisiva de la negociación, pero hay margen para el acuerdo”, concluyen fuentes de la negociación.