La guerra total entre Casado y Ayuso amenaza con romper al PP en pleno auge de Vox

Sería un folletín o un programa de televisión de serie B si no fuese porque se trata del principal partido de la oposición. El primero desde hace casi un año en intención de voto, según la mayoría de las encuestas.

La decisión de la dirección del PP de Pablo Casado de ir con todo contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, divulgada este miércoles a través de El Confidencial y El Mundo y confirmada después por fuentes de Génova, marca un camino sin retorno en la batalla interna entre ambos dirigentes por controlar el partido después de que la arrolladora victoria de la lideresa madrileña en las elecciones de mayo de 2021 sembrase la discordia entre quienes, hasta entonces, se presentaban en público como los mejores amigos.

El PP está roto, exhibe sin tapujos sus heridas y amenaza con implosionar. El cisma abierto en el partido fundado por Manuel Fraga no tiene precedentes. Diputados y altos de cargos del partido comenzaron este mismo jueves a tomar partido. Unos con Casado. Otros con Ayuso. Partidarios de la presidenta madrileña acudieron a la sede de Génova para exigir la dimisión del líder nacional. Y los barones, estupefactos, apenas podían disimular su incredulidad ante semejante confrontación sólo tres días después de que Vox haya desafiado la hegemonía del PP en el campo de la derecha y a apenas unos meses antes de que Juanma Moreno tenga que poner su gestión en juego en las elecciones andaluzas.

Fue Casado en persona quien eligió a Ayuso para liderar la candidatura del PP de Madrid en un momento crítico para su partido. Una oportunidad que ella aprovechó, con ayuda de un equipo liderado por Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de comunicación de José María Aznar, para construir un discurso político propio, muy próximo a Vox y claramente inspirado en el trumpismo, así como para reivindicarse y exigir el control de la organización política conservadora en la Comunidad de Madrid.

La negativa de Génova a cederle el aparato madrileño, históricamente el más influyente de España y actualmente en manos de una gestora afín a Casado nombrada en los tiempos en que Cristina Cifuentes se vio obligada a dimitir tras la divulgación de un vídeo que la mostraba robando productos en una tienda, está en el origen de la pelea. 

En septiembre se hizo evidente que Ayuso no iba a ceder y que estaba dispuesta a dar la batalla hasta el final. Un final que algunos en Génova creen que puede incluir un combate a cara de perro por la dirección nacional y la candidatura del partido a la presidencia en 2023. Así que la dirección nacional, sabedora del tirón que la presidenta tienen entre los afiliados del partido, de los que depende en gran medida la elección del líder regional del PP, decidió poner toda la carne en el asador para acabar con ella.

Eso activó la llamada Operación Cremas, la búsqueda de información que pudiese ser utilizada en contra de Ayuso como en su día se hizo con Cifuentes —el vídeo que acabó con su carrera la mostraba sustrayendo productos de cosmética en un hipermercado—, a partir de varias informaciones sobre la adjudicación supuestamente irregular de contratos de suministro de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros a una empresa administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), donde Ayuso y su hermano Tomás solían veranear. 

El pasado mes de noviembre este asunto provocó un serio enfrentamiento en la Asamblea de Madrid después de que su presidenta expulsase a una diputada de Más Madrid por pedir explicaciones.

Génova alimenta la idea de que Tomás Ayuso se embolsó una cuantiosa comisión ilegal por este contrato —algunos medios hablan de 280.000 euros— y encargó a Ángel Carromero, uno de los hombres de confianza de Teodoro García Egea, que hasta el jueves formaba parte del equipo de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, la búsqueda de pruebas. 

Carromero se hizo famoso en 2012 cuando fue condenado en Cuba por homicidio imprudente en el accidente de tráfico de Oswaldo Payá, dirigente de la oposición cubana. Las gestiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consiguieron que La Habana aceptase que el cumplimiento de la condena se llevase a cabo en España, aunque en apenas unas semanas Carromero se benefició del tercer grado y desde entonces ha ido viviendo de diferentes cargos que dependen de su partido.

Amenazas

El PP pidió en octubre explicaciones a Ayuso y supuestamente amenazó con sacar a la luz pruebas sobre el caso que afectaría a su hermano. En ese momento el enfado de Génova con la presidente madrileña era enorme después de que la lideresa desbaratase la convención nacional del partido de València. 

Fue Pablo Casado en persona, según reconocieron este jueves Ayuso y García Egea, quien pidió a la presidenta madrileña explicaciones por este supuesto caso de corrupción.

Ayuso negó ya entonces las acusaciones, pero Génova siguió adelante. Carromero, por orden de la dirección del partido, según las informaciones publicadas en las últimas horas —que han sido desmentidas tajantemente por la dirección nacional del PP y el alcalde de Madrid, que es para quien trabajaba hasta ahora—, habría entrado en contacto con varias empresas de detectives para sondear su la posibilidad de obtener pruebas contra Ayuso. 

Buscaban, según el diario El Mundo, un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL a la que la Comunidad había otorgado en plena pandemia el contrato para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.

Una de las personas contactadas por Carromero fue, según su propio testimonio, Julio Gutiez, director de la agencia de detectives Mira, quien decidió revelar las intenciones de Génova. No está claro todavía —hay varias versiones— si avisó directamente al equipo de la presidenta o si se lo trasladó al exministro de Mariano Rajoy Rafael Catalá. 

Según una de las versiones difundidas, fue el también extitular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón quien habló en diciembre con el alcalde de Madrid para avisarle de que Ayuso sabía que Génova había puesto en marcha una investigación para acabar políticamente con ella vinculándola al supuesto caso de corrupción de su hermano. Y que, lo que afectaba directamente a Almeida, para llevarla a cabo alguien de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) se había puesto a buscar detectives. La presidenta de Madrid asegura que fue ella misma la que puso los hechos en conocimiento del alcalde, cuya actuación en este asunto ha defendido públicamente.

Almeida, en una insólita rueda de prensa en la que se negó a responder preguntas que no tuviesen que ver con su corporación municipal pese a que es el portavoz nacional del PP, confirmó en la mañana de este jueves que “alguien”, con conocimiento de Ayuso, le avisó en diciembre de que un empleado de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid se había reunido con un detective para encargarle la investigación contra la presidenta. 

No obstante, aseguró, las pesquisas llevadas a cabo para confirmar este hecho no dieron frutos. El detective, explicó, ha negado ese contacto y no hay constancia de que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo haya suscrito con él ningún contrato. “Una vez hechas estas averiguaciones concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión y que no hay ningún contrato”, zanjó.

Sus explicaciones no han convencido a casi nadie, y menos que a nadie a Ciudadanos, su socio de gobierno. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, anunció inmediatamente que no da ni mucho menos por terminado un asunto que considera gravísimo y que el alcalde le ocultó. Y que va a apoyar la creación de la comisión de investigación que ha propuesto la oposición, lo que abre un brecha de consecuencias impredecibles en el gobierno de la capital a año y medio de las elecciones municipales.

De hecho, la dimisión en la misma tarde del jueves de Ángel Carromero parece desmentir a Almeida y confirmar que el asesor del alcalde y estrecho colaborador de Casado y García Egea sí tuvo algo que ver con la Operación Cremas.

Ofensiva de Ayuso

En Génova creen que Ayuso está detrás de la publicación de las informaciones que han revelado el supuesto espionaje y, sobre todo, han sacado a la luz el intento de la dirección nacional de acabar con ella echando mano de un supuesto caso de corrupción. Con ello, sospechan, la presidenta de Madrid estaría intentando obligar a Casado a cortar la cabeza de su mano derecha, Teodoro García Egea, aprovechando el momento delicado que vive el partido después del fracaso de su estrategia en las elecciones de Castilla y León.

En rueda de prensa, Ayuso aseguró que aunque el contrato que ha sido puesto en cuestión se materializó en abril de 2021, ella se enteró de su existencia meses después por boca de Pablo Casado cuando en septiembre fue “a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso”. “Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde La Moncloa”.

La presidenta madrileña sostiene que preguntó a su hermano para saber si había cobrado una comisión ilegal y que este le “confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa” pero “que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”. Ayuso no explicó si cobró y cuánto por ese contrato y se limitó a afirmar que ni ella ni su Gobierno intervinieron “para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie” de su “entorno”. “Nunca”, aseguró, ha “ayudado” a su hermano “para conseguir absolutamente nada en su vida laboral”.

Sin embargo, el número dos del PP, Teodoro García Egea, no da por buena la versión de Ayuso. También en rueda de prensa mantuvo que la presidenta madrileña sigue sin aclarar el “supuesto cobro de comisiones relativas a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid” en “beneficio de su entorno”.

El número dos de Casado confirmó que el PP decidió el pasado 20 de octubre abrir una “averiguación interna” mediante la cual Génova emplazó a la presidenta“ a “aportar más información con el propósito de aclarar definitivamente el asunto. Pero ha sido en vano. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna aclaración”. 

Garcia Egea, en nombre de Casado, relacionó el caso “con las diferencias entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso respecto al PP de Madrid”. Según él, Ayuso reaccionó a la petición de información con “una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias” que “han hecho mucho, muchísimo daño a nuestra organización en estos últimos meses”.

El secretario general del PP acusó directamente a Ayuso de intentar utilizar “las siglas” del partido “para blindarse ante problemas en las que eventualmente pueda verse envuelta”. Algo que Génova no está dispuesta a permitir: “El honor del Partido Popular es ahora nuestro activo más valioso y todos nuestros cargos tienen el deber político y moral de colaborar en su preservación. Se puede tener un buen resultado electoral”, remachó aludiendo a la principal fortaleza de Ayuso, “pero eso no exime el deber de rectitud y lealtad”.

La presidenta madrileña, remarcó García Egea, reconoció “que han existido pagos” pero aun así “ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas”, contra Casado y la dirección del PP que tendrán consecuencias.

“Los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho” y el partido va “a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones judiciales oportunas”.

La dureza de la respuesta de García Egea estuvo a la altura de la declaración sin preguntas de la propia Ayuso, pronunciada apenas una hora antes, en la que llegó a acusar a la dirección del PP de “fabricar corrupciones” contra ella y hasta de incumplir la ley de partidos: “Yo sólo quiero que de manera democrática se dé la voz a los afiliados y se actúe conforme a la ley, pues desde hace un año se está incumpliendo la Ley Orgánica de Partidos Políticos en numerosos puntos”.

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“Ahora que ya se sabe públicamente, y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional”, exigió la presidenta madrileña, que también defendió su lealtad al PP, puesta en cuestión por del equipo de Casado: “Si hubiera querido atacar a mi partido, habría contado todo lo que sabía hace meses. Pero no lo hice. Y así he participado en mítines, hasta en siete actos en la campaña de Castilla y León y en otras tantas entrevistas, intervenciones…”

Por primera vez, Ayuso fue directamente contra el líder del PP, hasta hace poco su mentor y figura de referencia dentro del partido: las acusaciones contra ella, “que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos”. Y no buscan desvelar la verdad sino desprestigiarla “personal y políticamente”.

Pero ella, en todo caso, siente que ya no le debe nada. “He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que, estoy convencida, tenemos hoy. No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí”.