La Iglesia se da doce meses de plazo como máximo para auditar 60 años de abusos

La auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho legal Cremades & Calvo Sotelo, con la que la jerarquía católica pretende sacudirse la creciente presión por los abusos a menores, nace con una duración prevista de sólo un año. El sólo no es gratuito. Se trata de un plazo "máximo", según la CEE, que es menor al de las investigaciones de las grandes iglesias que ya han movido ficha. Javier Cremades, el abogado miembro del Opus Dei que preside Cremades & Calvo Sotelo, afirmó que 12 meses es "un tiempo prudencial para tener una imagen fiel" de lo ocurrido. Un portavoz del bufete señaló que la investigación cubrirá los últimos 60 años.

La comisión Ryan, llamada así por el juez Sean Ryan, que investigó los abusos y sus efectos en Irlanda, comenzó sus trabajos en 1999 y terminó en 2009. La Comisión Real impulsada por el Gobierno australiano en 2012 publicó sus resultados en 2017. La investigación encargada por la Conferencia Episcopal Francesa entregó sus conclusiones en octubre de 2021 tras más de dos años y medio de tarea. El centro de arbitraje habilitado por el Parlamento belga estuvo abierto entre 2012 y 2015. La investigación de la Conferencia Episcopal en Alemania se prolongó de 2014 a 2018.

La auditoría en España sería más rápida que todas las anteriores. El bufete la hará sin cosechar ningún beneficio económico, según el acuerdo alcanzado por Cremades y Juan José Omella , presidente de la CEE. El despacho trabajará pro bono, es decir, no presentará ni una sola minuta a la Conferencia Episcopal. Sólo pasará los gastos y los encargos a terceras personas.

El trabajo encargado por los obispos no sustituye a una futura colaboración con la anunciada –y aún no concretada– investigación oficial. Tanto Cremades como el presidente de la CEE, durante una presentación conjunta de la auditoría en la sede del bufete en Madrid, coincidieron en garantizar que la Iglesia colaborará con la comisión oficial, sea cual sea el formato. "No venimos a suplir sino a complementar", afirmó Cremades, que el lunes ya llamó al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Opus Dei y Fundación Madrid Vivo

A la Iglesia española le va un buen bocado de credibilidad en este envite. Su reacción va tarde. La asociación contra la pederastia Ending Clergy Abuse ha señalado a España e Italia como las dos grandes iglesias católicas del mundo que todavía no han cogido el toro por los cuernos. Su lentitud ha provocado incluso disonancias con el mensaje del papa Francisco. La jerarquía, dividida sobre cómo afrontar esta crisis que no amaina, cede finalmente a la presión.

Lo hace con una auditoría de un bufete cuyo presidente defendió este martes su independencia, dadas las suspicacias que genera su pertenencia al Opus Dei y su cargo de presidente de una fundación para el "fomento de la religión" junto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. "Soy católico, miembro del Opus Dei. Por eso tengo pleno convencimiento de que la Iglesia debe ir hasta el fondo, investigar, pedir perdón si es necesario y rectificar todo aquello que sea necesario", afirmó Cremades, que evitó valorar el caso del colegio Gaztelueta, que afecta a la prelatura. "Estoy aquí como abogado, no como creyente", afirmó el abogado, que recordó que forma parte de "más de una docena" de fundaciones, entre ellas Madrid Vivo, pero también la Hispano-Judía.

Infancia Robada ha expresado su "incredulidad e indignación" por la elección de Cremades & Calvo Sotelo. En conversación con infoLibre, Juan Cuatrecasas, fundador de la asociación y diputado del PSOE, se reafirma: "Los miembros del Opus se deben a La Obra. Tememos que el Opus ejerza como tapón".

Buzón: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com

Cremades se mostró en la rueda de prensa comprensivo con las suspicacias de las víctimas, pero confiado de que el tiempo las demostrará infundadas. Su plan contempla contactar con las víctimas que más voz han tenido en la denuncia de las abusos. Más hablador y enérgico que Omella, el presidente de Cremades & Calvo Sotelo aseguró que será su trabajo "independiente" y "profesional" para llegar "hasta el fondo" el que disipe las dudas.

Para ello dijo que dedicará a las tareas un equipo de 18 profesionales, entre los que estarán juristas como Encarnación Roca, Rafael Fernández Montalvo, Vicente Conde Martín de Hijas y Juan Saavedra, todos ellos con trayectorias en el Tribunal Constitucional y/o el Supremo. Aseguró que el equipo recabará información de afectados, asociaciones, medios de comunicación y todo el que pueda ayudar. Ya hay abierto un correo: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.

Un "modelo español"

Cremades no se decantó por ningún modelo de investigación en concreto. Citó las experiencias en Alemania, Francia, Irlanda... Expresó su interés por el "modelo francés", pero se mostró contrario –en línea con la postura de la CEE– a una estimación de víctimas, como en el país vecino, donde el cálculo ascendió a 330.000 en 70 años. Defendió un "modelo español", propio, que se nutra de experiencias previas pero se valga a su vez de las oficinas de atención a las víctimas de las diócesis. La auditoría no abarcará sólo las diócesis, sino también las congregaciones.

Ante la pregunta de si habrá indemnizaciones para las víctimas, Cremades respondió con otra pregunta: "¿Alguien puede pensar que si se identifica un daño no haya una reparación?". Omella estuvo menos locuaz durante la rueda de prensa. Para los "detalles", dijo, es "pronto". El presidente de la CEE, que da un paso que evitaron dar sus antecesores Antonio María Rouco Varela y Ricardo Blázquez, pidió "perdón" en nombre de la Iglesia, afirmó que actúa coordinadamente con la Santa Sede y se mostró consciente de que muchos creen que la reacción llega tarde. "No hay que mirar al pasado, siempre lamentándonos, que es muy propio de los españoles, sino al futuro", afirmó. Omella que "no es fácil tomar una decisión rápida" y pidió "comprensión". A cambio, prometió "proximidad y transparencia", además de colaboración con los poderes públicos.

Acuerdo PSOE-PNV

Pero, ¿qué harán finalmente los poderes públicos? Aún no se sabe. PSOE y PNV registraron el viernes pasado una proposición no de ley para que sea el Defensor del Pueblo, no el Congreso como desean Unidas Podemos, ERC y Bildu, el que realice la investigación. El texto se votará el 8 de marzo. Fuentes de ambos grupos desvincularon la presentación de la iniciativa del movimiento de la Iglesia.

El acuerdo entre socialistas y nacionalistas vascos recoge que el Defensor sea ayudado por expertos y que su informe sea presentado y debatido por los diputados. El Defensor, cargo que ocupa Ángel Gabilondo, irá informando al Congreso de sus avances.