La mentira sobre el final de las macrorresidencias: más de 850 seguirán abiertas en España

Las macrorresidencias seguirán operando en España. Y no son precisamente pocas. Tras la aprobación del nuevo modelo residencial, a finales de junio, ha calado la idea de que ya no habrá centros con más de 120 plazas. Pero no es cierto. El acuerdo aprobado en el Consejo Territorial –integrado por el Gobierno central y los autonómicos– permite que sigan funcionando todas las residencias ya existentes, no importa cuántas plazas tengan, y tampoco fija límites para las que se están construyendo en la actualidad. Por tanto, la normativa solo afectará a los centros que aún no tengan licencia de obra (si son de titularidad privada) o cuyo proyecto todavía no se haya licitado (si son públicos). 

infoLibre ha analizado el tamaño de las 5.178 residencias que estaban operativas en España a finales del año 2020. Los datos fueron aportados por los 16 Gobiernos autonómicos y las tres diputaciones forales vascas competentes en la materia, que en cada caso indicaron el número de plazas autorizadas en cada centro. El resultado es que, en ese momento, estaban operativas 856 residencias con más de 120 camas. En 39 casos podríamos hablar directamente de centros gigantes, con 300 o más plazas. La residencia más grande de España es el Hogar Santa Rita, en la localidad canaria de Puerto de la Cruz, que dispone de espacio para 710 personas.

A esta cifra hay que añadir las residencias que abrieron sus puertas en 2021 y en lo que va de año, además de todas las que se encuentran en este momento en construcción. Muchas de ellas cuentan con más de 120 plazas. Fuentes del sector calculan, basándose en datos de la publicación especializada Alimarket, que la suma de aperturas realizadas en los últimos 18 meses y las que se producirán en el futuro inmediato superará claramente los 150 centros de grandes dimensiones.

El indulto a las macrorresidencias

No existe una definición normativa de qué es una macrorresidencia, pero durante la negociación del nuevo modelo residencial, desde el propio Ministerio de Derechos Sociales se ha identificado ese concepto con centros que disponen de más de 120 plazas.

La negociación entre el Gobierno central, los autonómicos y las entidades del sector –patronales, sindicatos o asociaciones de familiares, entre otras– se ha prolongado durante más de medio año. Y por el camino se han quedado propuestas que sí habrían supuesto una transformación profunda del modelo residencial. El primer borrador presentado por el Ministerio contemplaba, de hecho, el fin de las macrorresidencias: no solo se prohibía construir nuevos centros de grandes dimensiones, sino que los ya existentes debían presentar un “plan de adecuación, bien sectorizando de forma totalmente independiente sus instalaciones, bien reduciendo paulatinamente su número de plazas preferentemente a través de la reconversión de habitaciones de uso colectivo a uso individual”. El plazo máximo para ejecutar ese plan de adecuación era de cinco años.

Si el proyecto se hubiera aprobado en esos términos, a finales de esta década no existirían macrorresidencias en España. Con el contenido que finalmente salió adelante en el Consejo Territorial, para entonces seguirán operativas más de un millar. Una diferencia abismal.

Tras la aprobación del acuerdo, el equipo negociador del Ministerio de Derechos Sociales –el secretario de Estado, Nacho Álvarez, y el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga– ha transmitido a sus interlocutores la idea de que se trata simplemente un primer paso y que habrá que continuar mejorando el modelo. Fuentes oficiales del Ministerio aseguran que el coste de transformar todas las macrorresidencias existentes, de forma que ninguna superase las 120 plazas, podría ascender a 8.000 millones. Una comparación puede poner esta cifra en contexto: es menos de lo que se pretende incrementar el gasto militar, con la diferencia de que la reforma de los centros residenciales sería un gasto único, mientras que el dinero para defensa se quiere subir de forma permanente en unos 10.000 millones de euros al año.

No obstante, las mismas fuentes admiten que tanto en el tema del tamaño máximo como en el de las habitaciones individuales –el Gobierno central también renunció a fijar un mínimo para los centros operativos o en construcción–, la patronal transmitió desde el primer momento que era algo inasumible económicamente y se opuso de forma rotunda.

En el sector de las residencias conviven desde pequeños centros situados en zonas rurales con presupuestos más ajustados hasta multinacionales en manos de fondos de inversión que obtienen enormes rentabilidades. En la última década, España ha sido uno de los principales destinos europeos del dinero de los fondos que buscaba invertir en el sector residencial.

El Gobierno, en defensa de su postura de indultar las macrorresidencias existentes o en construcción, señala que el objetivo de conseguir que los centros sean como un hogar también se puede lograr por la vía de las “unidades de convivencia estables”. En ellas convivirá un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes. Y las unidades de convivencia sí que tienen que imponerse en todas las residencias, antes del final de 2029, “al menos en un 80% de las plazas”.

El mapa autonómico

Las cifras analizadas por infoLibre dejan bien claro lo extendidas que están las macrorresidencias, un tipo de construcción que está vetado desde hace años en otros países europeos, especialmente los nórdicos, pero también por ejemplo en Portugal. A finales de 2020 estaban operativos en España 5.178 centros, en los que había 375.947 plazas. Pues bien, 856 residencias tenían más de 120 camas, lo que equivale al 16,5% del total. Y en esos 856 geriátricos estaban operativas 151.334 plazas, que en este caso supone el 40,2% del total.

En otras palabras: cuatro de cada diez residentes vivían en un centro de grandes dimensiones.

La situación varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma. Con diferencia, Madrid es el territorio donde se acumulan más macrorresidencias. A finales de 2020 tenía en total 475 centros abiertos, lo que suponía poco más del 9% de todas las de España. Sin embargo, disponía de 180 geriátricos con más de 120 camas, lo que equivalía al 21% del total del Estado.

De hecho, lo más habitual en Madrid es vivir en una macrorresidencia. Las 180 existentes acaparan 35.925 plazas, mientras que en toda la Comunidad había 52.452 disponibles. De forma que casi siete de cada diez residentes estaban en uno de estos grandes centros.

En términos porcentuales, el 37,7% de los centros de Madrid son macrorresidencias. A continuación se sitúan La Rioja (32,3%), Galicia (28,4%), Cantabria (27,7%), Murcia (25,4%) y Comunitat Valenciana (24,6%).

En el lado opuesto se encuentra tres comunidades donde no llega al diez por ciento el número de grandes centros: Canarias (9,4%), Catalunya (8,6%) y Extremadura (8,2%).

En términos absolutos, tras las 180 macrorresidencias de Madrid, los territorios que más tienen son Andalucía (98), Castilla y León (89), Catalunya (84), Comunitat Valenciana (81), Galicia (63) y Castilla-La Mancha (52).

Dentro de las macrorresidencias también hay diferencias considerables: 667 tienen entre 121 y 199 plazas; 150 están entre 200 y 299 camas; 22 cuentan entre 300 y 399, y hay 17 que disponen de 400 o más plazas.

Existen, por tanto, 39 residencias que podríamos calificar como gigantes con sus 300 o más plazas. De nuevo, la Comunidad de Madrid es el gran foco de este tipo de centros, pues acumula 19 de ellos. En Asturias hay cuatro, en Canarias, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha existen dos por territorio, mientras que disponen de una residencia gigante Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Navarra y País Vasco.

Solo tres comunidades no cuentan con centros de 300 o más plazas: Andalucía, La Rioja y Murcia.

Pese a la concentración en Madrid, la residencia más grande de España está en Canarias. Se trata del Hogar Santa Rita, en la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz, que dispone de 710 plazas autorizadas. Gestionada por una fundación católica, protagonizó un reciente escándalo después de que una inspección detectase la existencia de sarna, desnutrición y deshidratación entre los residentes.

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Si nos fijamos en los diez centros más grandes, hay siete en la Comunidad de Madrid, de los que cinco son de gestión pública: Doctor González Bueno (604 plazas), Francisco de Vitoria (526), Reina Sofía (504), Santiago Rusiñol (464) y Gran Residencia (460). Las otras dos pertenecen al grupo privado Los Nogales y tienen 495 y 456 plazas, respectivamente.

Los diez primeros lugares se completan con la Casa de Misericordia en Pamplona, que con 575 plazas es la tercera más grande de España, y la residencia Virgen de la Oliva en la localidad de Pantoja (Toledo), situada en el décimo puesto con 452 plazas. Esta última está gestionada por Mensajeros de la Paz, entidad presidida por el padre Ángel.

infoLibre publicará mañana lunes la segunda parte de esta investigación, en la que se analizará en detalle quiénes son los gestores de las 856 macrorresidencias, y por tanto quienes han sido los grandes beneficiados por la decisión de indultarlas y permitir que sigan funcionando en España.