Madrid cifra en más de 1.000 millones la deuda que arrastra con los hospitales privados
La deuda que arrastra la Comunidad de Madrid con los hospitales de gestión privada y concertados ha superado definitivamente la frontera de los 1.000 millones de euros. El informe oficial que detalla el cierre de cuentas de 2021 del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) desvela por primera vez la cuantía asignada a “estimaciones liquidaciones pendientes conciertos”: 1.056.810.463 euros.
En un momento álgido de la crisis desatada por el colapso de la sanidad pública, la envergadura de esos 1.000 millones es tal que superan de largo –en más de 300 millones– lo que el proyecto de Presupuestos madrileños para 2023 asigna a los cinco hospitales de gestión privada. De ellos, tres del gigante Quirónsalud tienen, al igual que el de Ribera Salud en Torrejón, una concesión administrativa. El cuarto, también de Quirónsalud y conocido como el Jiménez Díaz, funciona en régimen de concierto. El sexto hospital que ajeno a la estructura del Sermas atiende a una parte de la población es el Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa.
La Comunidad provisiona esos 1.000 millones: es decir, garantiza que dispone de ellos para un fin determinado, en este caso su pago por atrasos. Eso significa que los contratos con los hospitales de gestión privada resultan en realidad más caros para el erario madrileño de lo que señalan los presupuestos.
Los 1.056.810.463 euros que se corresponden con liquidaciones pendientes sí aparecen ahora en el apartado sobre información “complementaria” en materia de provisiones. En 2020, no.
El informe de la Cámara de Cuentas sobre los números del ejercicio 2020 –el del estallido y el desastre de la pandemia– cuantificó en 1.177 millones las provisiones derivadas “de liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de los convenios y conciertos con los hospitales gestionados de forma indirecta”. Sin embargo, y como publicó el diario El País, Quirónsalud elevaba la deuda ya acumulada en esa fecha –2020– con su grupo nada menos que en 1.248,7 millones.
Un desfase millonario en los números
De esa discrepancia surge una pregunta para la que nadie ha ofrecido respuesta: ¿cómo es posible que haya un desfase de casi 72 millones de euros entre los cálculos de la Administración madrileña y el de un grupo privado cuyos servicios adicionales a la sanidad pública y por tanto no previstos con antelación deben quedar acreditados al milímetro?
Lo único que deja claro el hecho de que la deuda por liquidaciones pendientes haya pasado de 1.177 millones a 1.056 es que todo indica que la Comunidad ha pagado ya a los hospitales privados 121 millones del conjunto de la deuda. ¿Por qué servicios, a cuáles de los centros sanitarios? De momento, esos datos no han salido a la luz.
Este jueves, infoLibre preguntó a los portavoces de la Consejería madrileña de Sanidad por qué en la liquidación de las cuentas del Sermas en el ejercicio 2021 sí figura la cifra pendiente de pago y no en cambio en las de 2020. No hubo respuesta. Puedes ver el documento de 2021 pinchando aquí y el de 2020, aquí.
Si, como es previsible, los Presupuestos se aprueban en los términos plasmados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los cinco centros hospitalarios de gestión privada recibirán el próximo ejercicio 715,2 millones. Los recibirán como anualidad por los contratos que les unen a largo plazo con la Comunidad: hasta 30 años desde su ya añeja firma. Esos contratos son los que ya en 2011 comenzó a poner en marcha Esperanza Aguirre y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso enarbola como una de las señas de identidad de su política sanitaria: la “colaboración público-privada”.
Penúltima en cuanto a gasto sanitario por habitante –1.491 euros frente a los 1.638 de media en 2020– y primera en haber eliminado el impuesto de patrimonio que afectaba a los 19.000 madrileños más ricos y se traducía en una recaudación de 900 millones , Madrid ha llegado a amenazar al Gobierno central con acudir al Tribunal Constitucional si se aprueba la ley que limita la privatización de la sanidad pública. En septiembre, la exministra de Sanidad del PP Ana Pastor afirmó en el Congreso que la futura ley no es “transparente”. Y que “intenta censurar la colaboración privada”.
Como buque insignia de la flota de hospitales privados nutridos con dinero público se sitúa el Jiménez Díaz, que tiene asignada una población de 447.588 habitantes. Pero –se lee en un documento oficial– “en determinadas especialidades de alta complejidad, es referente para más de 800.000 habitantes”. La población de Madrid ronda los 6,6 millones de residentes.
El proyecto presupuestario para 2023 asigna al Jiménez Diaz 383.808.345 euros. Le sigue el hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), con 114.647.516. En tercer lugar queda el de Torrejón (85.808.345 euros. En cuarto, el Hospital General de Villalba. Y clausura la relación el de Infanta Elena (Valdemoro), con 63.073.898. Salvo el de Torrejón, los demás pertenecen a Quirónsalud, ahora bajo control del gigante sanitario alemán Fresenius.
Cuando a comienzos de la pasada década arrancó su actividad concertada en Madrid se llamaba Capio, que finalmente se fusionó con Quirón.
