Interior mantiene abiertos siete expedientes para la retirada de medallas a torturadores franquistas
El Gobierno sigue trabajando para eliminar de los listados honoríficos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las manzanas podridas. Cinco meses después de que el Ministerio del Interior diese la orden de ponerse en marcha, Policía Nacional y Guardia Civil tienen abiertos siete procedimientos de revisión y retirada de condecoraciones y recompensas policiales a aquellos agentes que formaron parte del aparato de represión de la dictadura o cuyo comportamiento resulta incompatible con los valores que se presuponen para ostentar este tipo de reconocimientos. Unos expedientes cuya tramitación, según señalan a infoLibre desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, no se verá afectada por el adelanto electoral.
La retirada de este tipo de menciones siempre fue una promesa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el principio, cuando triunfó la moción de censura contra Mariano Rajoy. El problema es que entonces no existía un mecanismo legal para articular dichas revocaciones ni en la Ley de Condecoraciones Policiales, nacida en dictadura, ni tampoco la normativa relativa a la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Un agujero que, no obstante, no impidió a finales de 1999 al Gobierno de José María Aznar ordenar la retirada de una condecoración otorgada a un teniente coronel del Instituto Armado que entonces se encontraba inmerso en investigaciones judiciales relacionadas con los GAL, casos de los que finalmente salió absuelto.
Esa falta de mecanismo legal es lo que se vino a cubrir a través de la Ley de Memoria Democrática. Una norma que dedica un artículo completo, el número 42, a la revocación de este tipo de distinciones. En él, se contempla la posibilidad de llevar a cabo una revisión y retirada de estos premios cuando quede acreditado que el agente, con motivo de "haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista", hubiera "realizado actos" u "observado conductas" incompatibles "con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos". Una acreditación que puede derivarse, por ejemplo, de sanciones disciplinarias, sentencias penales firmes o diligencias judiciales, de la Fiscalía o policiales.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a finales de diciembre a las direcciones generales de Policía y Guardia Civil que iniciasen de oficio los procedimientos de revisión y retirada de distinciones al calor de la nueva norma memorialista. Cinco meses después de que se diera el paso, según confirman fuentes de Interior, hay abiertos siete expedientes de este tipo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: tres de ellos en la Policía y cuatro en el Instituto Armado. Además, deslizan esas mismas fuentes, hay un octavo en camino. La retirada de condecoraciones llevará aparejada también la pérdida de derechos anejos. Entre ellos, el plus en la pensión que va ligado a algunas de estas distinciones.
Las cuatro medallas de 'Billy el Niño'
Todos estos expedientes de revisión, cada uno de ellos relativo a un personaje concreto, se están tramitando según lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que obliga a notificar el inicio del mismo a los afectados y a recabar sus alegaciones de defensa antes de que se dicte una resolución, que tendrá que ser rubricada por el titular de Interior. Un procedimiento que, según señalan desde el departamento que dirige Grande-Marlaska, no se verá afectado por el adelanto electoral y que, además, "debería" continuar sea cual sea el nuevo Gobierno que salga de las urnas tras los comicios del próximo 23 de julio.
Uno de esos expedientes tiene el nombre de Antonio González Pacheco. Conocido con el mote de Billy el Niño, fue uno de los hombres fuertes de la extinta Brigada Político-Social. Su paso por las dependencias de la Dirección General de Seguridad estuvo marcado por sus brutales técnicas de interrogatorio. Culatazos con el arma, palizas y simulaciones de ahogamiento a los detenidos, entre otras prácticas, por los que nunca ha sido juzgado. En el expediente de este viejo policía constan cuatro medallas al mérito policial, todas ellas pensionadas. A pesar de su fallecimiento en plena pandemia, la Ley de Memoria Democrática permite la retirada de revocación de distinciones pueda llevarse a cabo también a título póstumo.
Desde el Ministerio del Interior rechazan en este momento dar detalles sobre los nombres que se esconden tras el resto de procedimientos iniciados. Un número de expedientes que, sin embargo, se le queda corto a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). "Me cuesta creer que solo haya siete torturadores condecorados", resalta al otro lado del teléfono el activista, que parte de la base de que ningún policía de una dictadura debería tener reconocimiento alguno. Sin ir más lejos, solo en el marco de la llamada querella argentina son cuatro los agentes señalados por torturas, además de Billy el Niño, que cuentan con diferentes medallas anotadas en sus hojas de servicio.
Una larga lista de candidatos
Uno de los más condecorados, según publicó en su día este diario, es Jesús Martínez, cuyo nombre aparece en la causa a raíz del testimonio de José Aznar Cortijo: "Los interrogatorios en los sucesivos días eran de golpes entre dos o tres y aquí si recuerdo a uno que luego lo ascendieron, se llamaba Jesús Martínez Torres". Le siguen Jesús González Reglero, Ricardo Algar y Benjamín Solsona, apodado El Galletas. "A cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte y Jesús González Reglero), y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacían me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propiciaban con las propias cadenas con las que fui detenido", se recoge en el testimonio de Alfredo Rodríguez sobre su detención en 1975.
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Pero la lista de señalados es todavía más larga. José Sainz, quien fuera jefe de la Político-Social en Bilbao y luego director general de la Policía, también es un "antiguo conocido, de interrogatorios y torturas, para muchos militantes nacionalistas e izquierdistas", tal y como recordaba el periodista Alfredo Grimaldos en su obra Claves de la transición 1973-1986. Lo mismo que Conrado Delso en Madrid, "denunciado en dos ocasiones en la década de los setenta por malos tratos", según recoge el historiador Pablo Alcántara en "El águila gris: la policía política durante la dictadura franquista en Asturias y Madrid". O Pascual Honrado, contra quien se querelló sin éxito el ex secretario general del PCE e histórico sindicalista Gerardo Iglesias.
Las víctimas de la represión franquista también ponen el foco sobre el comisario Roberto Conesa, otro de los jefes de la Político-Social ya fallecido que fue suspendido de empleo y sueldo a mediados de los cuarenta tras haber sido acusado por un superior de "haber infligido malos tratos a un detenido" y que se libró por los pelos a finales de los setenta de sentarse en el banquillo por hechos similares. O sobre Antonio Juan Creix, temido jefe de la BPS en Barcelona. Por sus manos pasaron desde dirigentes del PSUC como Miguel Núñez hasta intelectuales de la talla de Manuel Vázquez Montalbán o Luís Goytisolo. En su haber, cuatro condecoraciones, según desveló La Marea: tres cruces al Mérito Policial y otra más al Mérito de la Guardia Civil.
Y luego está José Manuel Villarejo, contra quien un juzgado de Madrid ha admitido recientemente a trámite una querella por torturas interpuesta por un militante antifranquista detenido en los últimos compases del franquismo. El comisario, además, es el principal acusado de la macrocausa Tándem, algo que del mismo modo se podría utilizar para retirarle las condecoraciones. Porque la norma memorialista contempla en su disposición adicional tercera que las concesiones de medallas podrán ser también revocadas cuando quede probado que el beneficiario ha realizado "actos manifiestamente incompatibles" con los valores que se presuponen para ostentar estos reconocimientos, lo que abre la puerta a retirarlas, por ejemplo, a agentes salpicados en causas judiciales.
