El ‘no’ de Junts al ‘decreto ómnibus’ del Gobierno deja la llegada de más fondos europeos en manos del PP

A la primera de cambio, la precariedad de los apoyos con los que cuenta el Gobierno en el Congreso brinda al Partido Popular (PP) la oportunidad de asestar a Pedro Sánchez una dolorosa derrota parlamentaria. Junts, la formación de Carles Puigdemont, confirmó este viernes que votará en contra de tres decretos clave para el Ejecutivo: el de medidas anticrisis, un decreto del Ministerio de Trabajo y el conocido como “decreto ómnibus”, llamado así por incluir medidas de muy diferente naturaleza y del que depende la llegada de nuevos fondos europeos.

Los independentistas se quejan de la actitud del Gobierno, al que acusan de presentar “hechos consumados” y de no querer negociar los decretos con Junts para introducir matices. “Es o todo o nada”, sostienen.

Detrás de la postura de Junts está la creencia de que parte de las medidas puedan afectar al autogobierno catalán. Y, sobre todo, una reforma judicial comprometida con Bruselas —y vinculada a la recepción de fondos— que permitiría a los jueces españoles suspender la aplicación de leyes por el simple procedimiento de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una medida que, sospechan, puede demorar la aplicación de la Ley de Amnistía.

Esta es la cuestión que ha hecho saltar todas las alarmas en el partido de Puigdemont. Un decreto que incorpora disposiciones de eficiencia digital y procesal que, en gran medida, ya son comunes en la práctica habitual de los tribunales, pero que hasta este momento carecían de la regulación específica que pide la Comisión Europea.

Medidas en peligro

El hipotético rechazo del Congreso dejaría sin efecto, entre otras medidas anticrisis, la prórroga de un año de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, la reducción durante el primer semestre del IVA de los alimentos de primera necesidad como leche, pan, huevos, queso, legumbres o verduras o la extensión durante un año de la gratuidad en los abonos de cercanías, Rodalies, trenes de media distancia y líneas estatales de autobús, así como descuentos en trenes Avant.

También dejaría de aplicarse la reducción del 30% de la tarifa de billetes urbanos e interurbanos, siempre que las autonomías aporten al menos el 20% para alcanzar un descuento mínimo del 50%. Y la prohibición de desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional o las rebajas de impuestos a la electricidad y el gas, así como la prórroga durante seis meses del máximo descuento del bono social para familias vulnerables, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano.

No sería la única consecuencia de la derrota del Gobierno. Si no sale adelante la reforma judicial a la que Junts se opone, España corre el riesgo de perder una entrega de fondos europeos por valor de 10.000 millones de euros.

El fracaso de la negociación con Junts deja en la práctica el futuro de las medidas anticrisis y de la llegada del dinero de Europa en manos del Partido Popular. Y brinda a su líder, Alberto Núñez Feijóo, una oportunidad única de infligir una dura derrota parlamentaria a Pedro Sánchez nada más comenzar la legislatura.

Pendientes del PP

En la calle Génova, sin embargo, aún no han anunciado qué van a votar. La dirección del PP tiene que decidir entre ceder a la tentación de poner en serias dificultades al Gobierno a costa de los ciudadanos, que serían quienes más sufrirían la derogación del decreto anticrisis o el cierre del grifo de los fondos europeos, o salir en su ayuda en nombre de la responsabilidad y de los intereses de España. Un dilema que no es sencillo de resolver.

La votación tendrá lugar en el Congreso el próximo miércoles. Así que el Gobierno dispone aún de cuatro días para intentar convencer a Junts o, en su caso, al PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ofreció a finales de diciembre el apoyo de sus diputados al decreto a cambio de una negociación para incluir las propuestas que lleva haciendo desde 2022.

“Apoyaremos las medidas”, señaló el líder del PP en su última intervención pública hasta la fecha, hace ahora una semana, si el Gobierno acepta aprobar una rebaja del IRPF para rentas medias y una disminución del IVA para carnes, pescados y conservas. Y no solo eso: para votar sí, el PP pedía una “reducción del gasto público, el impulso a las energías renovables y el mantenimiento de las centrales nucleares actuales”.

El Gobierno tiene, de momento, el voto en contra de Junts y, que se sepa, tampoco cuenta con el respaldo de ninguno de sus demás socios. A pesar de ello, fuentes socialistas aseguran a infoLibre tener “plena confianza en que el decreto saldrá adelante”.

En el PSOE no dan por rotas las negociaciones con Junts. “Estamos hablando con JxC de la convalidación de los decretos y de otros asuntos, como lo hacemos con los otros grupos, tal y como seguiremos haciendo hasta el día de la votación y durante toda la legislatura”. Y se esfuerzan en restar trascendencia a este asunto. El “diálogo y el trabajo” son la “seña de identidad de este gobierno”, subrayan.

La formación independentista lo tiene claro: prioriza la entrada en vigor cuanto antes de la Ley de Amnistía y votará ‘no’ si el Gobierno no se abre a introducir cambios. Piden al Gobierno que retire ese decreto y elabore uno nuevo que cuente con su visto bueno. Así se lo trasladó el secretario general de Junts, Jordi Turull, al número tres del PSOE, Santos Cerdán, en una reunión mantenida en Barcelona el jueves. Una cita adelantada por La Vanguardia y confirmada por infoLibre.

Este no es el único punto de discordia. Los posconvergentes también aseguran que el decreto que incluye reformas en materia de Función Pública, Mecenazgo y Justicia “afecta a competencias de la Generalitat” y “agrava su infrafinanciación”, según fuentes de la formación. Con todo, e igual que el PSOE, no da por rotas las negociaciones y seguirá en contacto con el Ejecutivo hasta el mismo día de la votación.

ERC, PNV y EH Bildu no confirman su voto a favor

La votación se puede complicar más de lo esperado para el Gobierno que, a día de hoy, tampoco tiene garantizados los votos de otros socios parlamentarios como Esquerra Republicana, el PNV y EH Bildu. A diferencia de ellos, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, garantizó al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que sus cinco diputados votarían a favor del decreto ómnibus.

Por lo que respecta a Esquerra, fuentes de la formación republicana admiten que el decreto “no pinta mal” pero quieren analizar el texto con detenimiento y no desvelan cuál será el sentido del voto. Sobre la negativa de Junts, los republicanos lo consideran parte de la “escenificación” de la formación de Carles Puigdemont en su estrategia por parecer más “duros” que ERC y dejan caer que podrían cambiar de opinión de cara al miércoles. 

El PNV, que mantiene una alianza estratégica con Junts, no aclarará su posición sobre el decreto hasta la semana que viene, al igual que EH Bildu, que no desvela el sentido de su voto y promete analizar detenidamente su contenido.