La privatización pasa factura a Madrid: el TSJM obliga a pagar otros 40 millones al gigante sanitario Quirón

Cinco sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) han aumentado en 40 millones la ya abultada factura que la privatización de hospitales emprendida por Esperanza Aguirre pasa año tras año al Ejecutivo madrileño. Planteadas por distintas filiales de Quirón, el gigante sanitario nacido de la fusión con aquella Capio cuyos accionistas últimos estaban en las Islas Caimán y ahora propiedad del holding alemán Fresenius, la más antigua y cara de las cinco reclamaciones –30,3 millones– llegó a los tribunales en 2020. Y ello pese a que justamente el primero de los cinco recursos, el interpuesto en 2020 por la filial que gestiona el Hospital Rey Juan Carlos, IDCsalud Móstoles SA, exigía al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pagos que consideraba pendientes desde 2014, es decir, nada menos que desde seis años atrás. El resto de las cantidades que el tribunal madrileño ordena abonar por atrasos –10 millones en números redondos– se corresponden con recursos formulados en 2021 por los otros tres hospitales de la marca Quirónsalud que mantienen concesiones públicas en la comunidad: la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales de Valdemoro y Villalba. En todos los casos, el Sermas aceptó la mayor parte de las reclamaciones dinerarias de los demandantes.

Fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad de Madrid han confirmado a infoLibre que el Ejecutivo autonómico no ha recurrido ninguna de las cinco resoluciones dictadas por el TSJM a lo largo de 2023. La primera, la de los 30,3 millones de Móstoles, lleva fecha de marzo de 2023 pero no fue hasta el 5 de julio cuando el Gobierno regional (PP) aprobó el gasto necesario para cumplir la orden judicial. La última sentencia (1.466.060 euros a abonar al Hospital General de Villalba) quedó datada el 2 de noviembre. Y al igual que la de Móstoles se refiere a deudas pendientes desde 2014.

En medio se sitúan los acuerdos del TSJM que obligan al Sermas a resarcir con 4,71 millones al hospital de Valdemoro por el retraso en la aprobación de las liquidaciones 2014 y 2015 y las siguientes; con 2,7 millones a la Fundación Jiménez Díaz, igualmente por retrasos en liquidaciones y abono de facturas; y otros 1,17 millones de nuevo al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles en concepto de intereses demora por retrasos en las liquidaciones de 2015, 2017-20 y actualización de la cápita de 2020. La cápita es la cantidad anual que la administración ha de pagar al concesionario de un determinado hospital por cada ciudadano residente en su área de gestión.

Ninguna de las sentencias mencionadas detalla por qué la liquidación de tal ejercicio sufrió la merma de ingresos invocada por la empresa que gestiona cada hospital. Tampoco las memorias del Sermas permiten conocer qué tratamientos, consultas, estancias hospitalarias u operaciones quirúrgicas  se contabilizaron a la baja y por qué. La opacidad de las cuentas del sistema de gestión sanitaria privada se ha afianzado de tal modo que los datos de los informes anuales del servicio de salud impiden un desglose certero. Ahora bien, de esos datos sí se desprende el coste real de una gestión –la privada– que el PP impulsó inoculando en la ciudadanía la idea de que es por definición más barata y mejor que la pública.

Un salto estratosférico en el importe abonado

En noviembre de 2013, una vez cedida ya la vara de mando del Gobierno de Madrid a su delfín Ignacio González, hoy el principal imputado por corrupción en la llamada Operación Lezo aunque el juez Manuel García Castellón lo ha exculpado del delito de blanqueo, Esperanza Aguirre afirmó en una entrevista con La Sexta lo que sigue: "Que los servicios públicos tengan que ser gestionados por funcionarios es un dogma de la izquierda”. No se quedó ahí: "El servicio público –añadió– es de titularidad pública, pero debe ser gestionado por quien lo haga más eficiente. No le quepa duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública”.

En la Operación Púnica, donde García Castellón también exculpó a Esperanza Aguirre, el nombre de Capio salió a relucir pero la mancha de la imputación no ha caído sobre ninguno de sus directivos.

Pues bien, y recuperando el hilo del dinero, son las memorias del Sermas, de acceso público, las que verifican cómo entre 2014 y 2022  la diferencia entre lo presupuestado inicialmente para conciertos hospitalarios –los del grupo Quirón, cuya vigencia se extiende 30 años desde la firma, son los predominantes– y la liquidación final de cada ejercicio para ese concepto ha alcanzado la cifra de 1.755,5 millones de euros. La suma total del “presupuesto inicial” de conciertos para esos nueve ejercicios arrojaba una cuantía de 8.231,7 millones. La del “presupuesto final” alcanzaba el monto de 9.986,9 millones en números redondos.

En 2022, el año inmediatamente posterior a la arrolladora mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, se produjo un salto estratosférico. Frente a los 973.597.309 euros previstos inicialmente para conciertos, la cifra se disparó finalmente hasta 2.097.827.303 euros. O sea, acabó siendo un 115% superior a la presupuestada. Como desveló El País, en el segundo semestre del año el Gobierno de Madrid había saldado 1.390 millones de la deuda con los hospitales públicos de gestión privada, categoría donde –no sobra repetirlo– ocupa un lugar primordial el grupo Quirón, que en 2016 ya había pasado a manos de Fresenius.

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En 2022, hacía ya tres años del acuerdo alcanzado por la multinacional alemana con la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU, un acuerdo por el que, a cambio de evitar un proceso judicial, se comprometía a pagar 207,6 millones de euros por haber sobornado en 17 países, uno de ellos España, a médicos y funcionarios capaces de “influir en las licitaciones” o de proporcionar información.

El informe del DOJ (el Departamento de Justicia de EEUU) menciona hospitales de Barcelona, Valencia, Almería y Santander pero ninguno de Madrid. Con la comunidad hay un litigio. En su memoria de 2020, el grupo había señalado a “la autoridad de salud pública de la región de Madrid” como la responsable del 18% (1.248 millones) de su deuda total (6.937 millones); en la de 2021,  el porcentaje bajó al 15% (1.056 millones sobre un total de 7.045) y a 31 de diciembre de 2022, contabilizó en 704,5 millones lo que le debía el Ejecutivo de la Comunidad. Según sus datos, esa cifra equivalía al 10% de una deuda global que se mantenía en los 7.008 millones.

Una vez salgan a la luz el informe 2023 de Fresenius y la memoria del Sermas para ese mismo ejercicio será posible cotejar por dónde anda ahora la deuda con el grupo. De momento, los presupuestos para 2024 del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prevén para los conciertos sanitarios 1.209 millones frente a los 973,59 de 2022, aquellos que en realidad acabaron superando la barrera de los 2.000 millones. Hasta entonces permanecerá sin resolver ese interrogante, al igual que el concerniente a por qué la compañía esperó a 2020 para exigir el pago de 30 millones pendientes, según sus cálculos, desde diciembre de 2014.