La deslegitimación mutua en Venezuela reduce al mínimo el margen de mediación de Zapatero

En los conflictos de legitimidad democrática entre los gobiernos y la oposición dentro de un país, la reserva y la discreción en las tareas de mediación son cruciales para preservar la estabilidad política y social, así como para proteger la integridad del sistema democrático. Es un principio conocido y reconocido internacionalmente, aunque en las últimas semanas, desde que tuvieron lugar las elecciones en Venezuela, el PP ha decidido ignorarlo y centrarse en exigir una declaración pública del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El dirigente socialista lleva años desempeñando tareas de intermediación en América Latina, en particular en Venezuela, a petición de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con el apoyo del Vaticano, el Gobierno de España, la Unión Europea y Estados Unidos. Gracias a ello, ha conseguido la liberación de decenas de prisioneros políticos, entre ellos quien fuera líder de la oposición, Leopoldo López. Cualquiera que conozca cómo se desarrolla una mediación en un conflicto sabe que, en contextos como el venezolano, la exposición indebida de información sensible, el manejo imprudente de las comunicaciones o la falta de discreción en las negociaciones pueden exacerbar las tensiones y profundizar la polarización, dificultando cualquier solución pacífica.

La tarea de mediar en Venezuela, sin embargo, más allá del interés del PP en convertir la figura de Zapatero en arma arrojadiza contra el Gobierno, a pesar de que Pedro Sánchez se ha alineado claramente con la Unión Europea y los gobiernos de Brasil, Colombia y Chile, negándose a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en tanto no se hagan públicas las actas de los centros de votación, se está complicando. Fuentes próximas al expresidente, consultadas por infoLibre, aseguran que, al menos por el momento, las posiciones del oficialismo en el poder y de las fuerzas de la oposición son “inamovibles”.

Más allá del resultado real, acerca del cual no existe evidencia incontrovertible porque la administración electoral venezolana se ha negado a publicar las actas oficiales del recuento, el problema de fondo que ha aflorado “con toda su crudeza” es que ambas partes “se niegan legitimidad y reconocimiento”. Una vez más, aseguran las mismas fuentes, la clave de la solución pasa por el papel que Estados Unidos, inmerso en su propio proceso de elecciones, quiera jugar. Y eso depende de cuánto “le importe” de verdad Venezuela.

El silencio del expresidente

Con muy escaso margen para acercar posiciones, todo indica que Zapatero seguirá guardando silencio en las próximas semanas. Al menos mientras crea que puede seguir jugando un papel en la mediación entre las partes, que continúan reclamando la victoria en las elecciones y que sólo se han puesto de acuerdo a la hora de rechazar la solución pactada propuesta por varios países de América Latina. 

Un silencio que, según las citadas fuentes próximas a Zapatero, “debería ser fácil de entender”, tratándose de alguien que “lleva años, con más o menos intensidad, facilitando y promoviendo el diálogo con unos y con otros”. Si hay algo que evitan los mediadores internacionales es convertirse “en opinadores” en relación con los conflictos que tratan de ayudar a resolver. No pueden ser “jueces o fiscales”.

En el fondo, señala el entorno del expresidente, hay una mezcla de “ignorancia” y “mala intención” cuando se le pide un pronunciamiento público. En España, a diferencia de lo que sucede en Noruega o en Suiza, “tenemos una muy limitada cultura de la solución pacífica de los conflictos y de la mediación”.

Parte del problema, añaden las mismas fuentes, es el progresivo abandono de la doctrina de la solución pacífica de los conflictos, un principio que hasta hace poco tiempo era muy apreciado en las democracias, pero que “ha perdido vigencia, apoyos y capacidad movilizadora”. Y eso se ve en las dificultades que implica poner fin a conflictos que difícilmente se van a resolver por la fuerza, como los que tienen lugar entre Rusia y Ucrania, o la durísima ofensiva militar contra la población civil en la Franja de Gaza, con la excusa de acabar con Hamás tras los ataques terroristas del 7 de octubre.

La crisis continúa

Once países del hemisferio occidental, entre los que figuran Estados Unidos, Chile y Argentina, expresaron este viernes su “categórico” rechazo a la sentencia dictada el jueves por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que avala el supuesto triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro.

“Solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”, señalaron en una nota que suscriben también Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El documento, que evita dar por ganador al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, expresa además su “profunda preocupación” por las violaciones de los derechos humanos que se estarían perpetrando en Venezuela contra los ciudadanos que reclaman “pacíficamente” el “respeto al voto de la ciudadanía” y el “restablecimiento de la democracia”.

La posición de España sigue siendo clara y alineada con este planteamiento. Este viernes, el Gobierno reiteró que no reconocerá la reelección de Maduro mientras no se publiquen “de manera íntegra y verificable” las actas de los comicios celebrados el pasado 28 de julio. Exteriores ha reiterado, además, “el llamamiento a que se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas”.

Respaldo del Gobierno

Es una posición compatible con el respaldo que el Gobierno ha otorgado en las últimas semanas al papel de Zapatero en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló hace unos días que el Ejecutivo “valora y aprecia” la labor de mediación que viene desarrollando Zapatero en Venezuela. El ministro se quejó también de que el PP hable “más” de Zapatero que de “los venezolanos”.

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El expresidente “habla con el gobierno y habla con la oposición, y ha participado muy directamente en acercar ese diálogo entre venezolanos que nosotros queremos y en la liberación de muchos presos políticos”, subrayó Albares.

La postura de la Unión Europea es la misma que la de España. “Mientras los resultados no sean verificables, no va a haber reconocimiento de los mismos”, reiteró este viernes Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que trabaja para que los 27 fijen una posición en este sentido, “si no ahora, para el próximo Consejo de Ministros de Exteriores de la próxima semana”.

El PP de Feijóo, en cambio, quiere ir más lejos y propone reconocer la victoria de González Urrutia, dando por válido el recuento no oficial ni verificado llevado a cabo por la oposición. Tal es su interés en trasladar a España este asunto que, según su secretaria general, Cuca Gamarra, proponen someter a votación en el Congreso una petición para que España reconozca la victoria del candidato de la oposición.