Génova asume ahora que no era posible frenar a Ribera pero dice que ha "retratado" a Pedro Sánchez en Europa

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo suma un nuevo fracaso en Bruselas. Su familia europea ha respaldado este miércoles a Teresa Ribera como número dos de la Comisión con el cargo de vicepresidenta de Transición Justa, Limpia y Competitiva y encargada de la cartera de Competencia. El visto bueno ha llegado después de que la pasada semana el PP español lanzara una ofensiva contra Ribera apoyada por el alemán Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE), durante su audiencia en la Comisión, con el objetivo de tumbar su nombramiento tratando de implicarla en la en la gestión de la dana que ha asolado la Comunitat Valenciana. Weber, sin embargo, se ha visto obligado a recular y ha acabado aceptando a Ribera.

El PP español buscaba vetar a la vicepresidenta tercera del Gobierno para asestar un golpe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y forzarle a escoger a otra candidatura. Inicialmente lograron convencer a algunos europarlamentarios del PPE para unirse a la encerrona a la ministra durante su audiencia. La votación sobre la elección de Ribera y los otros cinco aspirantes a vicepresidentes se esperaba para la noche del martes pasado, pero fue postergada gracias a las maniobras del PP español, que se atribuyó ese aplazamiento como un triunfo personal.

El Partido Popular pensó que podía impedir el nombramiento de Ribera y, a cambio, tapar la gestión del presidente valenciano Carlos Mazón. Con su popularidad bajo mínimos y sumergido en un sinfín de contradicciones, desde Génova trataron de desviar el foco de atención situando en el centro de la diana a la socialista. Nada hubiera ido muy lejos si Weber no hubiera visto en la actitud obstruccionista de Feijóo una forma de minar la autoridad de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, compañera de partido con la que mantiene un pulso interno.

La presión del PP, sin embargo, no ha surtido efecto. Populares, socialistas y liberales han llegado a un acuerdo para apoyar a todos los candidatos pendientes y han levantado los vetos cruzados: los populares europeos han aceptado apoyar a Ribera y socialistas y liberales han cedido para apoyar a los candidatos de los ultraderechistas Giorgia Meloni y Viktor Orbán. El sí de Weber ha llegado antes de que terminara en el Congreso la comparecencia de Ribera, pese a que fuentes del equipo directo de Feijóo sostenían que no habría "novedades" del Partido Popular Europeo hasta que finalizara la intervención de la ministra de Transición Ecológica.

Los populares europeos también han tenido que ceder ante la condición inicial que le impusieron a Ribera para que se comprometiera a dimitir si era imputada a raíz de la dana. Aunque la ministra de Transición Ecológica únicamente ha afirmado que dimitirá si "pierde la confianza" de Von der Leyen y descartan cualquier otro escenario, en el comunicado hecho público este miércoles el PPE se ha comprometido a darle su apoyo de todas formas.

En los últimos días fuentes de Génova se mostraban optimistas acerca de las posibilidades de tumbar a Ribera y confiaban en que las comisiones parlamentarias suspendieran su nominación al celebrarse a puerta cerrada y ser secreto el voto. Ahora, sin embargo, aseguran que "ya asumían" que que este escenario, con Ribera como número dos de la Comisión, era el más probable y sostienen que, al menos, han "retratado" a Sánchez después de que los socialistas hayan aceptado a los candidatos de Meloni y Orbán.

Pese que hay un compromiso por parte del PPE de avalar a la vicepresidenta española, los eurodiputados españoles no votarán al conjunto de 26 comisarios, incluyendo a los de su familia política. Fuentes del equipo de Feijóo aseguran que "no apoyarán" esa votación, aunque implique ir en contra del conjunto de su grupo, y se debaten entre el voto en contra o la abstención. La delegación española es la segunda más numerosa después de la alemana y Génova es consciente de que su insumisión puede pasarles factura en su relación con Von der Leyen. El voto en contra de los eurodiputados españoles no afectaría, en todo caso, a la votación final.

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Lo cierto es que esta maniobra del Partido Popular no es nueva. Los conservadores llevan años tratando de situar su batalla contra el Ejecutivo de Sánchez en Bruselas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Feijóo, que no está dando los frutos deseados. Tras el resultado de las elecciones europeas del pasado junio, los conservadores confiaban en ejercer mayor influencia a nivel comunitario y continuar su estrategia de desgaste contra el Gobierno central también desde una tercera Cámara, la del Parlamento Europeo. Una estrategia en la que han contado con Weber como aliado, aunque no ha podido aguantarle el pulso a Von der Leyen.

Sin poder influir en la composición de la Comisión Europea, el PP español ha tenido que conformarse con lograr —al igual que el PSOE— una de las 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo, adjudicada González Pons, y con tres presidencias de comisiones en la Eurocámara. Concretamente, la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), presidida por Javier Zarzalejos, la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) que ostenta Lina Gálvez y la de Pesca (PECH) que dirige Carmen Crespo. Sin embargo, no han logrado retener la que, la pasada legislatura, fue su 'comisión estrella', la de peticiones, que durante los últimos años ha estado en manos de su candidata a las europeas, Dolors Montserrat.

En estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones europeas, pero no ha contado con aliados para lograr imponer ese relato. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco, por el momento, sobre la amnistía. La hoja de ruta diseñada por Génova pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo, pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP de Feijóo reclamaba.