Un 90% de condenas y un 0,001% de denuncias falsas: 20 años de la ley que puso nombre a la violencia machista

Un José Luis Rodríguez Zapatero veinte años más joven consolidaba lo que había sido una de sus principales promesas electorales: una ley contra la violencia sistémica que recae sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. No era una simple reforma penal, ni siquiera una norma estrictamente jurídica, sino una herramienta con vocación transformadora que buscaba penetrar en cada poro de la estructura, arrancar sus cimientos para construir un modelo nuevo. Toda una declaración de intenciones y una de las leyes más ambiciosas hasta el momento, responsable de colocar al país en la vanguardia de los derechos feministas. Las expectativas estaban altísimas, recuerdan quienes lo vivieron: "La ley trataba de transformar la estructura social patriarcal que permite que la desigualdad y la violencia se sigan reproduciendo", dicen las voces consultadas. Han pasado dos décadas desde aquel momento y los avances son muchos, pero la nostalgia no opaca que todavía quedan grandes tareas por cumplir.

Pasados veinte años desde su entrada en vigor, las celebraciones se diluyen, las emociones se rebajan y los elogios, siempre presentes, se topan con algunos matices. "Visto ahora, creíamos que serviría para mucho más de lo que está sirviendo", reconoce Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. En aquel momento, el médico forense no había dado el salto a la política institucional, pero se encontraba muy cerca de las víctimas y trabajaba por alimentar el campo de la investigación sobre una forma de violencia que hasta el momento sólo había despertado el interés de unos pocos.

La ley buscaba "romper con toda una serie de circunstancias que hasta entonces habían hecho difícil una legislación específica", recuerda el exdelegado, e introducía una idea en aquel momento "revolucionaria: afirmar que la cultura era la causante de la violencia de género". No eran, por tanto, casos aislados obra de excéntricos, tal y como señaló el conservador Francisco Álvarez Cascos tras el asesinato de Ana Orantes en 1997.

Orantes fue precisamente quien puso rostro a una forma de violencia hasta el momento relegada al ámbito de lo privado, a lo doméstico y lo excepcional. El feminicidio dio la razón a las organizaciones de mujeres que venían impugnando el discurso oficial y advirtiendo de la epidemia que suponía la violencia machista. Y fueron esas mismas organizaciones las que sembraron los frutos para conseguir una ley integral. Supuso un "trabajo intenso y en tiempo récord", recuerda Lorente. 

Así lo acreditó Montserrat Boix. En aquel momento, la periodista se enfrentaba a un dilema personal: "Yo ya estaba en RTVE, así que no podía manifestarme pero sí documentar lo que estaba pasando", dice en conversación con este diario. Boix también destacaría de forma entusiasta el cambio de paradigma que arrancaría con la aprobación de la ley: "Se impone un cambio... también cultural, que implica el reconocimiento de las aportaciones y el saber de las mujeres. Tenemos muchas esperanzas en esta nueva etapa que comienza", escribía.

Altamira Gonzalo formaba en aquel entonces parte de la organización Themis Mujeres Juristas. "Nos preocupaba especialmente la mala receptividad de los juzgados cada vez que una mujer denunciaba por malos tratos a su pareja", una realidad que motivó a las juristas a elaborar distintos estudios analizando el tratamiento judicial de la violencia machista. Algunas de sus conclusiones, sirvieron después para sentar las bases de la ley. 

La participación de las entidades feministas "fue clave", no sólo por sus propuestas, sino porque eran "recibidas y escuchadas" por los partidos políticos, rememora Gonzalo. "Fue una época dorada para el movimiento feminista", pero además un momento de especial diligencia en el plano de la política institucional.

"No es lo mismo subirte a un carro que tirar de él"

Lo recuerda nítidamente Boix. "Sin el compromiso de las diputadas socialistas, no se habría logrado", señala. La periodista recuerda la propuesta parlamentaria a la que se opuso dos años antes el PP, cuya negativa dio como resultado una concentración frente a las escalinatas del Congreso. "Las diputadas salieron y se sumaron a la manifestación, me pareció muy simbólico", cuenta al otro lado del teléfono. "Entonces, Zapatero se comprometió a que sería la primera ley que se aprobaría, pero no habría pasado sin el compromiso de las diputadas socialistas y las organizaciones feministas".

La victoria del PSOE en las urnas aquel año 2004 supone un imperativo inesquivable para la formación política, obligada a  cumplir con su promesa electoral. Y así fue: la norma sale adelante y lo hace no de cualquier manera, sino por unanimidad. El 22 de diciembre de 2004 el texto era aprobado sin oposición y el 28 del mismo mes echaba a andar. Rodríguez Zapatero la definió desde la tribuna como un "poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal". Entre los aplausos de los diputados resonaba con especial fuerza la ovación de las activistas feministas que ocupaban las bancadas de la Cámara Baja en representación de las asociaciones de mujeres y que configuraron una fotografía que pasaría a la historia.

La memoria colectiva dibuja una imagen de unanimidad, pero quienes estuvieron presentes huyen de afirmaciones rotundas. El Partido Popular la tildó de una "operación de marketing del PSOE", se opuso a la creación de juzgados especializados y dijo, en definitiva, que no era una buena ley. Así que el consenso fue básicamente "formal", expone Lorente. El exdelegado se afana en recordar el rechazo previo a la proposición de ley trazada por la socialista Micaela Navarro que caminaba en la misma dirección. "Si dos años antes no hubo consenso, dos años después la posición política y social tampoco había cambiado tanto", opina el experto. La clave fue que los diputados populares entendieron algo: con el PSOE en el Gobierno, la ley "iba a salir sí o sí" y en un contexto de recuento oficial de feminicidios –la estadística se inauguró en 2003–, oponerse "los señalaría". Así que el juego parlamentario les empujó a apoyar la norma.

El trabajo previo fue clave. No sólo el de la proposición del año 2002, rememora Micaela Navarro en conversación con este diario, sino el de otras iniciativas anteriores, como la proposición no de ley registrada en el año 2000 pidiendo la creación de una delegación para la violencia de género. "Antes de las elecciones generales del año 2000, la plataforma de organizaciones de mujeres se reunió con todos los candidatos y los partidos se comprometieron a sacar adelante una ley. Ganó el PP y desde el Grupo Socialista registramos una iniciativa para pedirles que presentaran ellos la ley, porque nos comprometíamos a apoyarla. Votaron en contra", reseña la exdiputada. Fue entonces cuando su partido decide presentar su propia iniciativa, a la que el partido de José María Aznar se opone de nuevo.

Pero ya en 2004, coincide en acentuar la socialista, el PP "sabía que la ley iba a salir" y fue ahí cuando decide apoyarla. Pero "no es lo mismo subirte a un carro que tirar de él", desliza.

Los jueces y las resistencias

Si bien es cierto que las críticas no llegaron en aquel momento de un negacionismo extremo como el que subyace hoy, sí había resistencias. "No había negacionismo en la forma de ahora, pero lo que sí había era la no aceptación", reflexiona Lorente. Aquella no aceptación se expresó "hasta el día de antes de la votación", a través de la insistencia obstinada en señalar la violencia doméstica como la única merecedora de políticas públicas. "Más que esa negación, más allá del rechazo frontal, había no aceptación y traslación de la violencia a todos los miembros de la familia", reconstruye Lorente. El caldo de cultivo de todo lo que vendría después.

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A la pregunta de si hemos retrocedido, Gonzalo prefiere responder que "la extrema derecha ha avanzado". Lo que sí tiene claro la jurista, es que "posiblemente el espacio donde en mayor medida se ha escenificado un rechazo a la ley, fue el ámbito judicial". Se refiere, fundamentalmente, a los jueces que decidieron plantear hasta doscientas cuestiones de inconstitucionalidad, porque no estaban de acuerdo con que "la misma conducta se penalizara de manera diferente según quien la cometiera". El Tribunal Constitucional terminó avalando la ley, pero en estas dos décadas se ha constatado que "los movimientos contrarios a la igualdad están muy cercanos al poder judicial, o al menos tienen favorable acogida en un sector del mismo", observa Gonzalo.

Hoy, veinte años después, se ha demostrado que "el machismo da votos" y que por ese motivo "las políticas progresistas feministas tienen que ser transformadoras", completa Lorente. Navarro no habría imaginado tener que explicar a estas alturas la razón de ser de una ley que parecía consolidada, pero cree importante seguir haciéndolo: "Me preocupa que se siga despreciando y se trate de confundir". Una evidencia, cierra Gonzalo, de la necesidad de "defender estas conquistas pensando que no son para siempre".

Frente a los discursos negacionistas, la expertas se agarran a los datos: 1.325.801 llamadas al teléfono 016 desde el año 2007; un total de 2.349.206 denuncias por violencia de género en los últimos quince años; 584.030 órdenes de protección dictadas y 18.511 pulseras de seguimiento instaladas. En 2023, último año completo con datos oficiales, el 92,3% de las personas enjuiciadas por violencia machista fueron condenadas. Las denuncias falsas, en cambio, apenas alcanzan el 0,001%. En 2003, primer año con datos, fueron 71 las mujeres asesinadas. Veinte años después, el número de feminicidios se ha reducido a los 58.