La ley de paridad exige al CGPJ nombrar al menos a 22 mujeres en los cargos judiciales de segundo nivel

La ley de paridad obliga desde el pasado agosto al Consejo General del Poder Judicial a lograr una representación equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos judiciales. Para lograrlo en el segundo y tercer escalón de cargos más importantes –presidencia de la Audiencia Nacional y sus salas, presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de ámbito autonómico y de sus salas, y presidencias de las Audiencias Provinciales– el órgano de gobierno de los jueces tendrá que designar en los próximos meses para las vacantes pendientes de cubrir al menos a 22 mujeres.

En total, los nombramientos discrecionales que deberían corresponder a magistradas de todos los que son competencia del CGPJ, 44 deberían corresponder a mujeres ya que el Tribunal Supremo –el Consejo nombra a sus presidentes de sala y magistrados– también necesita que 22 de sus puestos vacantes sean cubiertos por ellas para acercarse la ratio de 60%-40% que impone la nueva ley.

Audiencia Nacional

En la Audiencia Nacional, el criterio discrecional del Consejo alcanza a su presidencia y a las presidencias de sus cuatro salas: Penal, Apelación, Contencioso-Administrativo y Social. Hasta el momento, la única plaza que se ha convocado es la presidencia del tribunal, a la que optan ocho candidatos conservadores –seis de ellos con vínculos con el PP– y de los cuáles solo una es mujer, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, María Tardón. En los próximos meses tendrán que designarse, además, las presidencias de sus cuatro salas. En total son cinco las vacantes que debe cubrir el órgano de gobierno de los jueces, así que, para llegar al umbral mínimo del 40% en los nombramientos de libre designación, al menos dos de esas presidencias deberían corresponder a mujeres.

Ese reparto de sexos también permitiría la paridad en la Sala de Gobierno –formada por el presidente, los presidentes de las salas de lo Penal, Contencioso y Social, y tres miembros electos–. En las elecciones judiciales del pasado 26 de noviembre, de las tres plazas a elegir, dos fueron para magistradas. Si el Consejo, en los nombramientos que le corresponden, nombra a dos mujeres en los puestos vacantes, cuatro de sus ocho miembros serán magistradas, con lo que habrá una representación igual de ambos sexos. En cuanto a su plantilla total de magistradas y magistrados –cuyo acceso es reglado y no designado por el Consejo–, la representación en la Audiencia Nacional es paritaria. De sus 75 miembros, 31 son mujeres, lo que supera por muy poco el límite que establece la ley.

Tribunales Superiores

La paridad está menos presente en los cargos de libre designación de los Tribunales Superiores de Justicia. 15 de las 17 presidencias de los máximos órganos judiciales de ámbito autonómico están ocupadas por hombres y solo dos por mujeres, una de las cuáles la de la Comunitat Valenciana, está a punto de jubilarse. El Consejo tiene previsto cubrir en los próximos meses nueve de esas plazas, de las que cinco ya se han convocado (las de los TSJ de Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Andalucía). Con el reparto actual de puestos entre sexos, el órgano de gobierno de los jueces tendría que designar al menos a seis mujeres presidentas del TSJ. Se da por seguro que la de Castilla-La Mancha será una, ya que a la plaza solo se han presentado dos candidatas. Los presidentes y presidentas de cada TSJ lo son también de sus respectivas salas de lo civil y penal.

El Consejo también tendrá que abordar los nombramientos de 28 presidentes de las salas de lo contencioso y lo social de cada uno de estos TSJ con criterio paritario (de las 34 que hay en toda España). En la composición actual, la regla del 60%-40% se cumple en las de lo social –las que llevan los asuntos laborales–, donde las presidentas son mayoría (nueve mujeres y ocho hombres). En las de lo Contencioso la representación es casi paritaria con 11 hombres y seis mujeres al frente (tendría que haber una presidenta más para lograrlo). En la nómina total de magistrados los requisitos de la ley de paridad en el conjunto de los TSJ si se cumplen, con 190 magistradas en total (43%) frente a 251 hombres.

Audiencias Provinciales

De todos los cargos de libre designación del Consejo, la infrarrepresentación femenina es más palpable en las presidencias de las Audiencias Provinciales. De las 50 que hay, solo siete tienen al frente a una mujer. Los vocales tendrán que renovar en las próximas fechas 36 de estos puestos, de los que 10 (Burgos, Lugo, Girona, Huesca, Araba, Ávila, Gipuzkoa, Teruel, Murcia y Barcelona), ya se han convocado. Para cumplir la paridad, 20 de esas presidencias deberían estar copadas por magistradas así que, si se mantiene la representación femenina actual, habría que designar a otras 13 juezas para dirigir esos órganos.

Que los porcentajes requeridos por la ley no se cumplan en la cúpula judicial contrasta con el hecho de que el 57,2% de los jueces y magistrados españoles sean mujeres. Antes de empezar a nombrar presidentas y magistradas, el Consejo debe decidir cómo hacerlo. La comisión de igualdad de ese órgano está elaborando un informe en el que se establecerá el criterio para aplicar la paridad a los nombramientos. Esa comisión ya elaboró uno para las cuatro presidencias de sala del Tribunal Supremo pendientes de cumplir, que estableció que dos de ellas deberían ser ocupadas por magistradas. Pero la presidenta del gobierno de los jueces, Isabel Perelló, encargó otro al gabinete técnico que concluía que el factor del sexo solo debía imponerse a igualdad de méritos en el currículum. La comisión de igualdad ha comenzado a elaborar un tercer documento que, previsiblemente, establecerá que la paridad debe operar tanto en el reparto de presidencias de cada tribunal como en la composición de cada sala para todos los nombramientos pendientes. El informe, al que previsiblemente se opondrá el sector conservador, tendrá que recibir el visto bueno del Pleno.