"Aún no sé cómo murió mi madre": las familias celebran que el protocolo de Ayuso llegue al juez horas antes de prescribir

Cuando Maite Rodríguez vio en la bandeja de entrada de su correo electrónico una notificación de la Fiscalía tuvo que aguantar la respiración. La expectación que tenía le hizo no entenderlo bien a la primera. Releído una segunda, su boca dibujó una sonrisa, aunque su cabeza le dijo: "Frena, sólo es un pequeño paso". El Ministerio Público le anunciaba que el caso del fallecimiento de su madre en una residencia de Madrid había sido denunciado ante el juzgado. No prescribirá por tanto el 12 de abril, el día que se cumplirán cinco años de lo ocurrido. Maite ha ganado seis meses más. Y sabe que eso no implica necesariamente que se vaya a hacer justicia, pero está "contenta".

Descuelga el teléfono un día después de conocerse que como su historia hay muchas más. Lo hace, además, pocas horas antes de acudir con sus compañeros de la organización Verdad y Justicia al homenaje a los 7291 residentes fallecidos durante lo peor de la pandemia. Este martes se cumplen cinco años de la firma de aquel Protocolo de la Vergüenza que impedía derivar a los ancianos con mayor deterioro físico o cognitivo —tuvieran o no covid— y por eso es una fecha importante. Maite está convencida de que esa instrucción fue la que en cierto modo terminó provocando la muerte de su madre, de 88 años, en la residencia Los Ángeles de Getafe. "Murió por una decisión política", considera. No la trataron en ningún hospital, pero es que tampoco lo hicieron en su propio geriátrico.

Se sumó por ello a la macrodenuncia que se interpuso el pasado 10 de octubre. Junto a otros 108 familiares, Maite puso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Madrid lo que consideró que era un delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de la asistencia sanitaria por discriminación. Tras un mes paralizado por la institución dirigida por Almudena Lastra, ésta se declaró incompetente y derivó cada uno de esos casos a cuatro fiscalías diferentes: la provincial y las de área de Alcalá de Henares, de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón y de Getafe-Leganés. Fue a esta última a la que acudió Maite.

"Reconozco que me impresionó. Sentarme delante de una fiscal a contarlo todo me resultó muy violento, pero es verdad que fue esa la primera vez que conté lo que me había pasado como un relato colectivo, no personal", reconoce. Les pasó lo mismo a Yedra García y a Juani. A la primera en la Fiscalía Provincial y a la segunda en la de Alcalá de Henares. "Fui bastante nerviosa porque no sabía cómo iban a tratarme y, además, llevo muchos años viendo cómo archivan casi todos los casos", recuerda la primera. Hace tan sólo una semana, la Comunidad de Madrid cifró en 60 los que habían terminado en un cajón.

Sin embargo, el miedo inicial se disipó rápidamente. Todas encontraron, aseguran, un trato amable. Es más, las dos organizaciones que les han representado en esta macrocausa, Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, emitieron este lunes un comunicado en el que celebraron "el trato humano y empático" ofrecido por los fiscales, un "trabajo enorme" que contrasta, señalan, con la "pasividad absoluta que durante años" ha mostrado Lastra, a la que por cierto piden una rectificación "inmediata".

De nueve a 17 denuncias nuevas

Maite, Juani y Yedra tienen historias prácticamente paralelas. Las dos primeras perdieron a su madre y la tercera a su tía, Chelo. Ninguna sabe todavía cómo ocurrió exactamente, pero lo que sí tienen claro es que nadie trató de evitarlo. Ni dentro ni fuera de la residencia. Ninguna de las tres pudo reaccionar cuando se enteró. Tan sólo trataron de pasar el duelo de la mejor manera posible. Juani fue la única que llevó su historia ante los tribunales, pero le archivaron todas las demandas que presentó. Cuando las tres mujeres leyeron que existió un Protocolo de la Vergüenza y que como sus familiares había habido muchos más, quisieron implicarse. Conocieron a la plataforma Verdad y Justicia y empezaron su lucha.

Nunca antes hasta ahora habían conseguido que un juez recibiera en su mesa las muertes de sus familiares. Y eso les da "esperanza", la palabra que usan las tres cuando se les pregunta por el futuro. "No sé si se terminará haciendo justicia, pero al menos ahora existe la posibilidad" señala Juani. "No me esperaba que fuera a pasarnos esto", añade Yedra.

No son las únicas. Según informó la Fiscalía Superior de Madrid, hay otras seis denuncias procedentes de la misma querella colectiva firmada por 109 familiares que el Ministerio Público acaba de judicializar, un número que desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia amplían a 17 —cinco procedentes de la Provincial, seis de Getafe-Leganés, tres de Móstoles-Fuenlabrada y tres de Alcalá de Henares. Pidieron por eso en un correo electrónico que se rectificara la información, pero el departamento de Lastra no ha respondido.

Todos esas nuevas denuncias, no obstante, se suman a las que ya estaban siendo investigadas por otros jueces y otros presuntos delitos y que ahora incorporan la supuesta comisión de la denegación de asistencia sanitaria por discriminación. En ellos, la Fiscalía Provincial ha pedido expresamente que los juzgados llamen a declarar como investigados a los "autores intelectuales" de ese Protocolo de la Vergüenza y a quienes lo firmaron, algo que los denunciantes atribuyeron en su momento a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo.

En concreto, lo han hecho porque implicó un cambio en el método de las derivaciones hospitalarias de los residentes, que antes de la crisis sanitaria podían ser trasladados a los hospitales sin necesidad de una autorización de un geriatra del centro y sin tener que justificar la decisión al servicio de ambulancia. Durante la crisis del covid, continúa la Fiscalía, se les dispensó "un trato diferente", puesto que "se denegó una hospitalización a muchos residentes a la que tenían derecho y de la que en situaciones anteriores habían disfrutado, cambiándose la pauta de actuación". Además, señala también el Ministerio Público, "fueron muy pocas las comunidades autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos, significando especialmente a la Comunidad de Madrid".

Búsqueda de justicia, pero también de verdad

Juani tuvo claro por ello, y desde el primer momento, que tenía que denunciar la muerte de su madre. Ocurrió el 24 de marzo, después de días escuchando que todo iba bien y tras enterarse que ninguna ambulancia fue a buscarla. Por eso se sumó a la macrodenuncia. "Fue una atrocidad", recuerda ahora.

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Sin embargo, si Maite y Yedra emprendieron ese camino fue porque vieron la oportunidad de hacer algo que individualmente no se veían capaces de hacer. "La gente que he conocido en la asociación y todos aquellos que nos están apoyando desde fuera de ella son quienes nos están dando las fuerzas", señala Yedra. "Es el respaldo social el que me está ayudando a continuar", añade Maite.

Tienen muy claro que más allá de la justicia y una condena expresa contra los responsables del abandono de sus familias buscan saber la verdad. Qué pasó. Si su muerte se podía haber evitado y quién está detrás de que no se hiciera. "Quiero entender por qué no se llevaron a mi madre a un hospital privado. Por qué no pudo ir a Ifema. Por qué no medicalizaron su residencia. Todavía no sé ni cómo murió mi madre", recuerda Juani, emocionada, desde el otro lado del teléfono.

Ninguna ha conseguido cerrar su herida. Y dejan el poder hacerlo en manos de los jueces que tienen sobre la mesa sus casos. Tendrán que decidir ahora si lo archivan o empiezan a investigar. Si no lo hacen en seis meses, el delito de discriminación quedará prescrito para siempre. Y los fallecimientos, olvidados. Pero eso sí: sólo judicialmente, nunca para ellas.