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Los indultos son una obligación

Felipe Domingo

La afirmación del título parece arriesgada. Los indultos a los condenados por el procés son necesarios, dice el Gobierno, para establecer un diálogo más fluido con Cataluña, una medida para ofrecer concordia entre los catalanes y los españoles y una muestra de la generosidad del Estado democrático. A mi juicio, los indultos son también una obligación, criterio que no he visto reflejado todavía. La obligación nace de varias certezas y dudas que nos han asaltado a muchos.

La Sala del Tribunal Supremo, una vez celebrado el juicio y frente a la querella que interpuso el Fiscal General del Estado calificando los hechos de delito de rebelión y que mantuvieron los fiscales intervinientes en el juicio, desechó desde el primer momento en sus deliberaciones que los hechos juzgados fueran delitos de rebelión, un golpe de Estado, como siguen manteniendo todavía muchos políticos sin ningún pudor y encuadraron los hechos unánimemente en el delito de sedición. Esta es una certeza conocida.

Acotados los hechos en el delito de sedición, los jueces del Tribunal Supremo impusieron a los políticos catalanes condenados, en la mayoría de los casos, las penas más altas dentro del margen que les cabía en dicho delito. Hubo, a raíz de la sentencia, y sigue habiendo entre los analistas y juristas, críticas a la misma, porque consideran las penas desproporcionadas y muchas dudas de que la sentencia ayudara a resolver el conflicto catalán. Esas dudas están muy extendidas también por Europa. De hecho se legislará en breve sobre este tipo penal con el propósito, si se mantiene la sedición, de rebajar las penas.

En este caso, lo cierto es que el Tribunal Supremo no atendió al consejo que dio don Quijote a Sancho Panza antes de que fuera a gobernar la ínsula cuando le correspondiera administrar justicia (por entonces no había nacido Montesquieu): “Cuando pudiere y debiere tener la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo”.

Si las penas impuestas por el Tribunal Supremo hubieran sido más leves y más equitativas, los condenados ya podrían tener derecho a disfrutar de más beneficios penitenciarios y a disfrutar del tercer grado, habría menos inquina social y política de la que existe después de más de tres años seguidos en la cárcel, a cuya petición de libertad se ha negado el Tribunal Supremo una y otra vez, porque observaba en todas las ocasiones la certeza (riesgo) de fuga, cuando la duda en contra era muy generalizada.

Don Quijote, incluso, avanza un paso más a la hora de juzgar delitos de persona enemiga y en otro consejo a Sancho Panza, le dice: “Cuando se sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria ( aparta tu pensamiento de la ofensa que sufriste) y ponlas en la verdad del caso”. O lo que es lo mismo, si la Sala del Tribunal Supremo hubiera juzgado los hechos de los políticos catalanes con más lenidad y no los hubiera considerado tan enemigos para el futuro de la unidad de España ni para su forma política de Gobierno, podría haber valorado perfectamente los hechos como un delito de desobediencia y les hubiera impuesto penas de inhabilitación para cargo público, pero no de cárcel.

Dice Ángel Viñas que si las derechas hubieran ganado las elecciones de febrero de 1936, seguramente no se habría dado la rebelión militar y fascista que llevaban tiempo preparando y tampoco la guerra civil, porque con el poder en la mano habrían revertido reformas y objetivos que consideraban indeseables.

Supongamos por un momento que el Partido Popular gobernase España, Pablo Casado fuera el presidente del Gobierno y necesitare los apoyos y los votos de algunos partidos catalanes para mantenerse en el poder ante tanta crítica inútil y baldía que se le hace a Pedro Sánchez por concederlos, Pablo Casado estaría del mismo modo valorando también conceder los indultos y utilizando argumentos para explicarlos a la sociedad española. No lo duden. Es la política al revés. Acaso el futuro próximo quite la venda a muchos españoles que hoy están en contra de los indultos. Tampoco hubiera habido la manifestación de Colón.

Apartemos la moral de la política, no contaminemos la moral con la política, aquí no caben la división entre buenos y malos o las acusaciones de traición. Ayuso ha vuelto a insistir en esa teoría de la inmoralidad de los indultos en su discurso de investidura y, como no puede ser atribuido a ignorancia, porque ya es mayorcita y sabe lo que dice y por qué lo dice, solo puede ser atribuido a mala fe.

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Es muy frecuente que aquellos que viven una moral privada censurable, sean los más estrictos en exigir a otros una moral intachable en la vida pública y política. Pero en política las obligaciones nacen de los pactos, de los acuerdos, de la necesidad de conservar el poder. La obligación es civil y compromete a sus socios y firmantes. ¡Como si no tuviéramos cientos de ejemplos! Me iba a referir a lo de hablar catalán en la intimidad, pero lo creo innecesario.

Por todos estos motivos y argumentos, los indultos no son solo una gracia, ni solo un deber democrático que como muchos deberes pueden no llegar a ser y quedarse en mera posibilidad, son la decisión firme de hacerlos efectivos, en cuya efectividad coinciden la decisión libre del Gobierno con la obligación expuesta, y de las dos nacen el diálogo, la concordia, la magnanimidad, la generosidad y la utilidad pública.

Felipe Domingo es socio de infoLibre

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