Mantener la antigüedad o ubicar a trabajadores sin papeles, los agujeros negros del lavado de cara de Glovo
Glovo, la empresa española de reparto de comida a domicilio, anunció este lunes que dejará de trabajar con autónomos y contratará a todos sus empleados. Lo hace después de más de 200 millones en multas impuestas por Inspección de Trabajo y en vísperas de que su director general y fundador, Oscar Pierre, declare como imputado en Barcelona por un delito penal contra los derechos de los trabajadores.
Para Felipe Díez, de la asociación de repartidores RidersXDerechos, la decisión de la multinacional debe entenderse en el marco del proceso penal y prefiere cautela antes de celebrarlo. "No estamos hablando de una empresa que ha vulnerado el derecho de los trabajadores sin darse cuenta. Tenían sentencias en contra desde hace años y aún así no cambiaron de modelo hasta ahora. Actuaron con mucha temeridad".
Por su parte, desde UGT aplauden la decisión. "Llevamos una década para conseguir este primer paso". El representante de los repartidores de Glovo, Fernando García, explica que la decisión que ha tomado la empresa es una "batalla ganada", pero que ahora queda todo por hacer. "No sabemos que pasará con la antigüedad o con los trabajadores sin papeles. Hay que ver en qué condiciones se van a respetar los derechos adquiridos y como se tratarán los casos en que el repartidor trabaja con la cuenta de otro". Concluye afirmando que es ahora cuando empieza "la negociación normal" porque hasta ahora estaban fuera de la ley: "habrá que hablar de horarios, de salarios o de la duración de la jornada".
El modelo de trabajo de Glovo consiste en una plataforma en la que el trabajador se da de alta y, a través de la cuál, recibe encargos que gestiona con una aplicación móvil. En este caso, comida y productos a domicilio. Muchos de los trabajadores que se empleaban en estos sistemas lo hacían bajo la figura de falsos autónomos. Es decir, eran trabajadores por cuenta propia, pero con un solo pagador, ya que cobraban a través de la plataforma.
Este fue el detonante para que en 2021 el Gobierno pusiera en marcha la conocida como ley rider. Esta norma reconoció la “presunción de laboralidad” de los trabajadores y abrió la puerta a un proceso para que fuesen contratados y asegurados adecuadamente.
Algunas de estas multinacionales iniciaron procesos para cambiar su modelo de negocio y otras, entraron en largos procesos judiciales para recurrir la norma. De hecho, en octubre de este año, un juzgado de lo Social de Madrid condenó a Glovo a contratar a 3.312 repartidores que empleó durante 2015 y 2018.
En el comunicado que la multinacional emitió en la mañana del lunes, explican que abandonarán por completo el modelo basado en autónomos y contratarán a los trabajadores de las más de 900 ciudades donde operan. Por el momento se desconocen los plazos y también las condiciones en las que se dará la negociación. Además, han dejado claro que el servicio seguirá funcionando con normalidad mientras se produce el cambio en la operativa.
Es un enorme mercado de trabajo de personas migrantes, muchas sin papeles, que trabajan en la más absoluta desprotección
La precariedad es el principal problema de este tipo de profesionales. "Es un enorme mercado de trabajo informal de personas migrantes, muchas sin papeles, que trabajan en la más absoluta desprotección, en condiciones miserables", explica Díez. "Hay gente que se ha muerto. Gente que trabaja con cuentas de otros y es invisible. Gente que no tiene bicicletas, que alquila las de ayuntamientos para repartir o que las comparte". De hecho, ahora las dudas que se plantean es en qué condiciones serán contratados.
Por su parte, el representante de los repartidores de UGT puntualiza que no saben como se resolverá la situación de los perfiles más vulnerables y que todo dependerá de los términos en que se lleve a cabo la negociación. Explica que él fue repartidor autónomo en su día y desde hace tres años trabaja como contratado, pero en el proceso perdió la antigüedad. Ahora van a intentar que eso no ocurra: "Con Uber pasó algo parecido y conseguimos obligarles a indemnizar cuando se cerraron las cuentas antiguas", concluye.
Desde RidersXDerechos explican que se unirán a la demanda penal que este martes sentará al fundador de la multinacional en el banquillo. "Los repartidores hemos estado trabajando durante años al margen de la ley, aceptando las tarifas impuestas, pagando nuestra seguridad social y eso se nos debería devolver". De hecho, tal como explicó Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Glovo debe a la Seguridad Social 267 millones de euros en cotizaciones más allá de las multas.
Lo que dice la ley
"Hace apenas unos meses se aprobó la directiva europea de plataformas digitales, que no solo incluye a los repartidores si no al cualquier trabajador que opere a través de plataformas digitales, como limpiadoras o cuidadores. Creo que esto es lo que ha inclinado la balanza para que Glovo tome esta decisión", explica Fernando García, que apunta a que la presión regulatoria está cambiando las tornas. "Lo que realmente provoca un cambio así en una multinacional es una ley que les obligue en distintos países", concluye.
Una regulación tan nueva genera siempre muchas dudas. Desde el despacho de abogados Servicios Reunidos Peñas, explican que es posible reclamar una antigüedad de hasta cuatro años si disponen de documentos. Pero de nuevo la vulnerabilidad tiene efectos negativos: "las diversas plataformas de afectados o sindicatos han dado información, pero el hecho de ser un trámite individual ha generado que muchos trabajadores se disgreguen y no estén reclamando sus derechos", concluyen.
Mónica Santos y José Miguel Peñas, abogados especializados, explican que en caso de despido también puede haber margen de maniobra. "Todo depende de cada caso particular, pero lo que si se podría hacer es solicitar la devolución de las cuotas pagadas como autónomo". Además, se podría pedir la devolución de intereses a favor del trabajador y exigir a la empresa el pago de la diferencia por el tiempo que debería haber estado asalariado.
En el caso de las personas que trabajan sin papeles, la reclamación es mas difícil. "La experiencia nos dice que esos trabajadores que hayan estado sin papeles, podrán reivindicar sus derechos durante el tiempo que han estado irregulares, pero como tal, no podrán acceder a un contrato hasta que regularicen su situación". De nuevo, un laberinto burocrático difícil de salvar.
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"Ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores", resaltaba la ministra de Trabajo tras conocerse la noticia en Bruselas.
La denominada "ley rider europea" se aprobó el 11 de marzo con el objetivo de regularizar en toda la Unión Europea el sector de los falsos autónomos. Es una norma que en España ya había echado a andar en 2021, pero que ahora va más allá. "Las empresas mayoritarias del sector han dilatado la aplicación de la norma durante estos dos últimos años", explican Mónica Santos y José Miguel Peñas.
Señalan que en España las multas y las regulaciones impuestas por Trabajo habían resultado "disuasorias", pero con el respaldo de Europa el mensaje es mas claro. "El movimiento por parte de Glovo es una bajada de brazos a la hora de pleitear en esta cuestión que ha sido ampliamente debatida y reconocida en la Unión Europea", sentencian.
