La plataforma contra el oligopolio eléctrico ultima nuevas denuncias por los 3.400 millones cobrados de más

Un camino se cierra, dos caminos se abren. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la ampliación de denuncia que presentó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energéticoampliación de denuncia por los 3.400 millones de euros cobrados de más por las compañías eléctricas entre los años 1998 y 2006 en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC). El exceso, pagado por todos los consumidores, no fue reclamado a las compañías ni por los Gobiernos del PP ni por los Gobiernos socialistas a pesar de los informes favorables a la reclamación de la Abogacía del Estado. Anticorrupción no ha encontrado indicios de delito.

Pero el caso no está cerrado. La Asamblea de la Plataforma que agrupa a ecologistas y consumidores de 321 organizaciones tiene que decidir ahora entre presentar una querella formal identificando uno por uno a los responsables del exceso –y de la prescripción del caso– o acudir a Bruselas para plantear el asunto como ayudas de Estado cobradas de forma indebida que tendrían que ser devueltas.

El camino más probable

El primer camino es el más probable puesto que plantear la reclamación primero en Bruselas implicaría aceptar la posibilidad de que el exceso cobrado por las empresas pudiera ser recuperado, lo que restaría argumentos a la querella, según fuentes de la Plataforma.

Para entender la importancia de las cantidades liquidadas de más hay que saber en qué consistían los famosos CTC. Era un dinero que debía garantizar a las empresas recuperar las inversiones que realizaron antes de 1997, cuando existía otro marco legal (el Marco Legal Estable), que funcionó entre 1988 y 1997.

El acuerdo de los CTC contemplaba que las empresas recibieran la diferencia entre el precio de mercado de la electricidad y un precio de referencia (3,606 céntimos de euro por kilowatio-hora). El máximo a cobrar, hasta el año 2010, era de 1,4 billones de las antiguas pesetas (unos 6.300 millones de euros).

Cuentas que no cuadraron

Pero las cuentas, para alegría de las empresas, no cuadraron. En 2005, mucho antes de lo previsto, las compañías ya habían recibido más dinero del establecido vía precios de mercado. El sistema siguió hasta que los CTC se eliminaron en 2006 (RD 7/2006)

Industria canceló el pago de los CTC pero no realizó una liquidación definitiva para ver si habían cobrado de más. El equipo del ministro socislista Joan Clos, con Ignasi Nieto como secretario general de Energía, pidió a la Abogacía del Estado un dictamen sobre si podía reclamar ese dinero y a la vez comenzó a redactar una orden ministerial con la fórmula para ver a cuánto ascendía, según reconoció el actual ministro, José Manuel Soria, en el Congreso. Pero nada se hizo.

Con esos datos, la denuncia para su posible presentacióin en Bruselas si lo decide la Plataforma está muy adelantada. El bufete Piet Holtrop  tiene claros los argumentos. La denuncia iría contra el Reino de España por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. España, en resumen, sobrecompensó a las empresas beneficiarias (entonces Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) de los CTC y no exigió la devolución de 3.400 millones de euros cobrados de más a pesar de que la propia abogacía del Estado le advirtió de esta posibilidad en un informe el 5 de marzo de 2008.

Enriquecimiento injusto

La sobrecompensación que benefició a las grandes compañías, concluyen los abogados de la Plataforma, va más allá del objetivo de cubrir los costes de transición a la competencia y constituye una ayuda de Estado ilegal. La denuncia recuerda que la Abogacía del Estado, a la que recurrió el ministro Clos, concluyó que la sobrecompensación podía recuperarse ya que constituía un enriquecimiento injusto. La reclamación podía hacerse, según el abogado del Estado, hasta el 1 de enero de 2010, aunque nadie lo hizo.

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No fue solo la Abogacía del Estado. La antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) advirtió año tras año de la necesidad de recuperar las sobrecompensaciones.

Anticorrupción ha decidido el archivo definitivo de la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético idespués de tomar declaración a varios de los que tuvieron conocimiento de los hechos en aquellos años. A finales de 2014, la Fiscalía llamó a declarar como testigos a Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado entre 2004 y 2012; Fernando Calancha, exabogado del Estado en la secretaría de Estado de Energía, exjefe de gabinete del secretario general de Energía y ahora en PWC; José Ramón Mourenza, actual abogado del Estado jefe del Ministerio de Industria, y el exdirector general de Política Energética Jorge Sanz.

La manga ancha de los sucesivos Gobiernos con las grandes eléctricas provocó y aún provoca fuertes críticas en las organizaciones de usuarios y de empresarios de energías renovables, afectados por los recortes de primas de los últimos años. La Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier) por ejemplo, sostiene que cada familia española "regaló" 300 euros a las eléctricas por el "despiste" de la Administración al no reclamar 3.400 millones de euros cobrados de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC).