Las rentas autonómicas contra la pobreza han subido la mitad que el salario mínimo en 18 años

Las rentas sociales autonómicas, destinadas a quienes carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas, nacieron a finales de los años 80 y primeros 90 y hasta la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 eran las únicas prestaciones generales contra la pobreza y la exclusión social. En 2021 se beneficiaban de ellas 645.317 personas, que recibieron un total de 1.722,4 millones de euros, según los datos del Informe de rentas mínimas de inserción que acaba de publicar el Ministerio de Derechos Sociales.

Se trata de ayudas que van desde los 300 euros mensuales de Ceuta a los 706,22 del País Vasco. La media nacional se sitúa en 490,81 euros. En su cuantía básica. Según el número de miembros de la familia que dependan del titular de la ayuda, se puede llegar a una cantidad máxima de 420 euros en Ceuta y hasta 1.273,44 euros en Navarra. La media nacional alcanza los 846,87 euros. De los 645.317 beneficiarios, 305.340 son los titulares de las rentas mínimas; el resto, miembros dependientes de la familia o unidad de convivencia.

Estas cuantías se han ido mejorando con los años, pero su evolución no ha sido muy espectacular. Al menos no tanto como el aumento del número de quienes las reciben. El informe proporciona datos desde 2003, año en que comenzó la recogida sistemática de información sobre estas rentas autonómicas. Los titulares se han triplicado, pasando de sólo 95.533 en 2003 a 305.340 en 2021. El número de miembros dependientes ha crecido un 121%.

Pese a que el gasto total que suponen se ha multiplicado por seis desde los 296,27 millones que sumaban hace 18 años, la cuantía básica ha mejorado mucho menos, un 58,7% desde 2003, cuando la media nacional de las ayudas pagadas era de sólo 309,27 euros al mes. La subida puede parecer cuantiosa, pero si se la compara con lo que ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en esos mismos años, un 113,87%, resulta que las rentas sociales han crecido sólo la mitad de lo que ha ganado el suelo retributivo.

Cierto que el SMI ha disfrutado de un empujón inédito desde 2019, con subidas del 22,3% ese año, el 29,09% en 2020 y el 7,22% en 2021, por lo que ha pasado de sólo 451,2 euros en 2003 hasta 965 euros el año pasado –en 2022 ha alcanzado a 1.000 euros–. Pero también estuvo congelado en 2012 y 2014. En cambio, las rentas mínimas autonómicas, calculadas en promedio, incluso bajaron tres años, en 2012, 2013 y 2016 respecto al ejercicio anterior. Las mayores subidas se produjeron en 2007 y 2008, en pleno auge económico, con un 6,98% y un 6,1%. Como algunas de las comunidades autónomas ligan las cuantías de sus rentas mínimas al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que sustituyó a partir de 2004 al SMI a la hora de conceder becas, ayudas y subsidios, y este estuvo congelado nada menos que ocho años, las prestaciones sociales básicas también se resintieron.

Así, la renta mínima equivale en promedio al 50,86% del SMI y al 86,8% del Iprem –564,9 euros en 2021–. Pero las diferencias autonómicas son considerables. Las menos generosas son las de Ceuta, apenas el 31,09% del SMI, Melilla –33,9%– y Madrid, que con 400 euros no supera el 41,4% del salario mínimo. Las más altas corresponden al País Vasco –el 73,2% del SMI–, Navarra –65,9%–y Comunidad Valenciana –65,3%–. La distancia con la renta media per cápita es, obviamente, muy superior: apenas alcanza el 26% de los 1.900 euros en que estaba cuantificada en 2020.

Más cobertura en el año de la pandemia

En cualquier caso, la historia de las rentas mínimas experimentó un empuje imprevisto en 2020, el año de la pandemia, cuando los perceptores aumentaron un 24,26%, hasta 369.289, y el gasto total un 16,84% respecto al año anterior. Entonces las partidas destinadas a las ayudas se elevaron hasta los 1.970,18 millones de euros. En 2021 tanto el número de perceptores como el dinero que se les concedió experimentó una caída brusca: el 17,32% los primeros y casi un 18% el segundo, las mayores bajadas desde 2003. Las comunidades que más redujeron el gasto en rentas mínimas tras el covid fueron Madrid –un 55,5%–, Castilla-La Mancha –53,37%– y Aragón –52,5%–. Sólo Asturias, Baleares y Cataluña lo aumentaron.

También se dispararon en 2020 las ayudas económicas de emergencia social, prestaciones de pago único para afrontar situaciones no previsibles de necesidad o cubrir situaciones de urgencia social. El año del coronavirus el gasto total ascendió a 218,35 millones de euros, por lo que subió un 198% respecto a 2019. Sirvieron para atender a 819.477 personas, un 109,6% más que el año precedente. En 2021, el gasto se redujo un 8,84%, pero el número de perceptores siguió creciendo, un 29%, hasta alcanzar 1,06 millones de personas.

De las 17 comunidades, más Ceuta y Melilla, es Cataluña la que más dinero se gasta en su renta mínima, 429,33 millones de euros, seguida del País Vasco, con 426,61 millones, y la Comunidad Valenciana, con 250,18 millones. Las que menos dinero destinan, por el contrario, son además de Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha y La Rioja. Por perceptores, también son el País Vasco, con 68.701 titulares, Cataluña, con 55.441, y la Comunidad Valenciana, con 43.010, las más generosas.

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El informe permite dibujar un perfil de los perceptores de las rentas mínimas autonómicas. El 73% son españoles y el 22,8% –67.452 personas, el 79% mujeres– forman una familia monoparental. Pero en Melilla, Asturias y Canarias superan el 30%. El 1,6% son víctimas de violencia de género; el 5,6%, discapacitados. Un 1,65%, 4.885, son personas sin hogar. Pero el grupo más numeroso es de quienes han agotado el desempleo, 76.840, el 25,16%. La mayoría, de nuevo, son mujeres: 47.390. Aunque es significativo el número de quienes cobran esta renta pese a tener trabajo: 24.385 personas.

Tampoco tener estudios superiores permite siempre eludir el riesgo de pobreza: 15.731 de los titulares de estas ayudas básicas son licenciados universitarios o tienen una FP superior. Y 35.916 más cuentan con el título de bachillerato o FP de grado medio. El grupo más numeroso, en cualquier caso, es el de quienes sólo poseen estudios primarios, 89.704 personas. También son más, un 30,7%, los que superan los 55 años. Los beneficiarios menores de edad suman 163.903, el 20,3%. Antes de pedir la renta mínima, los solicitantes tenían de media unos ingresos de entre 155 y 371,2 euros al mes, dependiendo del número de miembros de la familia.

Las rentas mínimas sólo representan el 6,97% de los 24.717,26 millones de euros que el Estado emplea en su sistema de garantía de ingresos mínimos; es decir, en la protección por desempleo, vejez, incapacidad o a las familias. En total, 6,84 millones de personas reciben ayudas por estos motivos. La partida más voluminosa corresponde a los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, que se llevaron 6.806,1 millones de euros en 2021, el 27,5% de los recursos del sistema. Los subsidios por desempleo suman 5.911,1 millones, el 23,92%. El Ingreso Mínimo Vital, que sustituye o complementa las rentas sociales autonómicas, se lleva el 14,27% del dinero del sistema. Sus 3.526,4 millones duplican el gasto de las rentas mínimas. Las pensiones no contributivas, que también se incluyen en el sistema, suponen un gasto de 2.600 millones.