El calvario de denunciar una violación siendo prostituta

El pasado viernes 3 de noviembre, el conocido abogado Cándido Conde-Pumpido era detenido tras haber sido denunciado como presunto autor de una agresión sexual grupal. El domingo 5, el letrado quedó en libertad sin medidas cautelares junto a otros dos hombres acusados del mismo delito. Las primeras informaciones recogidas por diversos medios de comunicación hablaban de la presunta víctima como una mujer que ejercía la prostitución, si bien tanto ella como la defensa convinieron en asegurar que el detenido no contrató sus servicios en ningún momento. "Cándido nunca le pagó dinero y tampoco ella nunca se lo pidió", pero lo cierto es que "parecía una prostituta", afirmó sin remilgos en una entrevista con Onda Cero el abogado de Cándido Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional.

Independientemente de las particularidades del caso concreto, no es habitual que una mujer en un contexto de prostitución marque el número de la policía para denunciar haber sido víctima de una agresión sexual. Tampoco que se persone a las puertas de una comisaría para buscar amparo, acompañamiento y garantías de reparación. Mucho menos si se encuentra en una situación administrativa irregular. ¿Cuál es la realidad de las prostitutas en términos de violencia sexual?

El calvario de la violencia

Carol L. se presenta como superviviente de la prostitución y activista. Integra, junto a otras muchas, el colectivo Supervivientes en Acción y se pregunta, al otro lado del teléfono, dónde está la línea entre lo que es entendido como violencia sexual y lo que no en un ámbito como el de la prostitución. "Cuando hablamos de prostitución, no existe ninguna práctica ausente de violencia", defiende la feminista, abiertamente abolicionista. Insiste en que reconocer la existencia de violencia sexual "cuando estás en un entorno que ya es en sí todo un acto de violencia" resulta un absoluto calvario para ellas, especialmente si la víctima es una mujer migrante o precarizada.

Pero pongamos que una prostituta decide dar el paso de denunciar una práctica que ha supuesto un atentado a su libertad sexual. Entonces, afirma Carol, las barreras se multiplican. "Cuando he tenido algún problema en la habitación con un putero, el primer obstáculo es el proxeneta", asiente. No tiene que ver necesariamente con una respuesta violenta, sino con la simple negación de la agresión. "Tratan de resolverlo ellos para quedar bien con el putero", de modo que lo habitual es que cualquier denuncia de la víctima se vea aplacada con un "no te preocupes, qué te ha hecho, yo te doy diez euros más y lo olvidamos", pone como ejemplo.

Charo Luque es jurista y miembro de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, por lo que su posición de partida se instala en la convicción de que "los prostituidores ejercen una violación remunerada" por el propio hecho de consumir prostitución. A su juicio, el consentimiento en un contexto de prostitución queda desdibujado, pero "cuando además existe una oposición expresa de la mujer, lo que se conocería formalmente como violación, la dificultad que tienen de denunciar es extrema", completa.

Cristina Garaizabal es psicóloga clínica. En 1995 cofundó el Colectivo Hetaira, uno de los principales espacios de autoorganización y defensa de las trabajadoras sexuales. En entrevista con este diario, la activista disecciona el problema en dos: por un lado, el debate feminista; por otro lado, la realidad de las prostitutas. "Cuando se dice que la prostitución es violencia sexual se excluye precisamente la posibilidad de denuncia de las violencias sexuales concretas" y se lanza una suerte de mensaje aleccionador que niega la agencia de las víctimas y que viene a apuntalar la idea de que "si trabajas como prostituta, todas esas violencias son normales". Garaizabal parte de una base contrapuesta a la de las anteriores voces: en la prostitución, "se intercambian servicios sexuales concretos, pero pactados". Así que aquello que "no es consentido por ellas, es violencia sexual".

"Acudir a las autoridades es un problema en sí"

Superada la primera barrera dentro de las propias paredes del prostíbulo, los siguientes peldaños se convierten en abismos. "Acudir a las autoridades es un problema en sí", relata la superviviente. Especialmente en un país "en el que ser putero no está mal visto" y por tanto "cualquiera puede serlo", por lo que "no sabes si te vas a encontrar con un putero vestido de uniforme".

Un estudio realizado en 2018 por el grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) revela además que en muchas ocasiones son las prostitutas las perseguidas, a través de sanciones impuestas a las mujeres que se encuentran en las calles en base a ordenanzas municipales. Así que las comisarías no suelen ser lugares seguros para ellas.

La Ley mordaza –que no ha sido modificada ni mucho menos derogada en la última legislatura– también da rienda suelta a la persecución de las prostitutas que ejercen en la calle. El artículo 37.5 considera una infracción leve la "realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena", mientras que el artículo 36.6 tipifica como grave la "negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes".

"Nosotras siempre recomendábamos ir directamente a los juzgados. Nos parecían sitios más seguros: no te enfrentas a nadie, ni a preguntas, ni a la incertidumbre de que te cojan o no la denuncia", recuerda Garaizabal. Reconoce que se ha avanzado en formación en los cuerpos de seguridad, pero lamenta que haya calado la idea de que "toda la prostitución es violencia" y por tanto se cuestione que una trabajadora sexual esté legitimada para denunciar. "Es estigmatizante para las propias trabajadoras del sexo", afirma Garaizabal. Mucho más, añade, cuando en virtud de las leyes "la policía se dedica a acosarlas: por las normativas municipales y por los papeles. Entonces, no te fías de lo que pueda pasar porque ni la ley las protege". 

La propia ley como puerta a la prostitución

El muro es especialmente infranqueable cuando se trata de mujeres en situación administrativa irregular. Con la Ley de Extranjería en la mano, la legislación pone la lupa sobre "el hecho de ser migrante" por delante de los delitos sexuales, denuncia la superviviente. Lo cierto es que, según vienen denunciando las expertas, la Ley de Extranjería supone a menudo una puerta abierta a la prostitución porque les exige estar empadronadas durante tres años para demostrar arraigo social, tres años en los que deberán subsistir sin poder acceder a un contrato de trabajo. La única opción que les queda, en muchas ocasiones, es el trabajo sexual.

Además, las mujeres sin papeles tienden a rechazar acudir a las autoridades por temor a enfrentarse a una orden de expulsión, si bien desde la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, la norma impide que las víctimas que denuncien violencia sexual sean expulsadas. La falta de información y la desconfianza en las autoridades, sin embargo, son todavía un gran lastre para las mujeres.

Si la denuncia prospera, la víctima se topa de lleno con el sistema judicial, el enésimo obstáculo. "La justicia se ha encargado de aleccionar a las mujeres: si te están violando nueve hombres, vamos a decir que es juerga y jolgorio", lamenta Carol. Partiendo de esa premisa, resulta que "las mujeres en situación de prostitución son las nadie de las nadie" y lograr que "se reconozcan las violencias sexuales, a no ser que sean muy extremas, es muy difícil". No en vano, la ley consideraba hasta la década de los noventa que la honestidad, un bien jurídico a proteger, no era titularidad de aquellas mujeres que ejercían la prostitución. Hasta 1989, la ley impedía perseguir la violación en dos ámbitos: dentro del matrimonio y en contextos de prostitución.

No puede ser tratada "como un objeto"

Es imposible conocer con exactitud la dimensión de mujeres prostitutas que se deciden a denunciar violencia sexual. Pero sí podemos consultar algunos de los frutos que recogen cuando dan el paso de hacerlo.

Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2002 –cuyo ponente, por cierto, era Cándido Conde-Pumpido Tourón– explica que el Alto Tribunal ha venido estimando que "la imposición violenta del acto carnal a una persona que ejerce la prostitución constituye el delito de violación, hoy agresión sexual, ya que la persona afectada, con independencia del modo que vive su sexualidad, conserva la autonomía de su voluntad en orden a disponer libremente de su cuerpo y de la sexualidad que le es propia".

Otra sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, emitida en 2020, recuerda que "a pesar de que haya existido un acuerdo previo para mantener relaciones sexuales, es indudable que la víctima mantiene el derecho a poner límites a sus prestaciones –o a negarlas, en atención al comportamiento de la otra parte– dado que –resulta redundante decirlo– en el acuerdo no enajena su condición de persona y, por ello, el autor no puede tratarla como un objeto". "Aun en el caso de que exista un consentimiento inicial de ejecutar ciertas acciones sexuales, los acusados no tienen derecho a recurrir a la violencia para imponer brutalmente la ejecución forzada de lo que sus víctimas ya no quieren realizar voluntariamente", añade.

Sobre el papel, parece estar todo claro. Pero en lo que respecta a violencia sexual contra las mujeres, en los tribunales caben muchas interpretaciones. 

En 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó parcialmente una sentencia previa que condenaba a once años de prisión a un hombre, tras agredir sexualmente a una prostituta cuyos servicios había contratado. El motivo: el relato de la víctima no sirve para acreditar la existencia de violencia. Una vez más, el descrédito de las víctimas. "No podemos sostener que la denunciante haya faltado a la verdad en su denuncia y declaraciones", reconocen los magistrados, pero no consideran "acreditada, más allá de toda duda razonable, la comisión de tales delitos contra su libertad sexual".

También puso en duda el relato de la víctima la Audiencia Provincial de Bizkaia. En 2019, los jueces consideraron que el testimonio de una mujer que ejercía la prostitución incurría en contradicciones, así que absolvieron a su presunto agresor, un cliente que la había agredido tras incumplir lo acordado en el encuentro sexual, según narró la mujer. Los jueces obviaron los informes médicos y psicológicos que sí acreditaban los daños derivados de la violencia sufrida. Años después, el TSJ del País Vasco ordenó repetir el juicio por no haberse producido una valoración adecuada de las pruebas.

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La jurista Charo Luque se detiene en un punto clave: el estigma. "Se supone que si eres una mujer prostituida ya no estás legitimada para denunciar una violación", hecho que evidencia "en qué situación estamos: el dinero puede comprar no sólo la voluntad, sino la capacidad de violentar". Encontrar las condiciones necesarias para dar el paso de acudir a las autoridades es de por sí el principal hándicap para las víctimas, pero una vez superado ese primer obstáculo, las mujeres se encuentran con las puertas blindadas de "los cuerpos policiales y del sistema judicial". Especialmente, conviene la jurista, cuando la inmensa mayoría está en situación irregular "o como mínimo muy precaria", en cuyo caso el mero hecho de presentar una denuncia tiende a acarrear un empeoramiento taxativo de su situación. 

"La prostitución no sólo es la teoría, es lo que sucede dentro de las habitaciones. Y de eso nadie quiere hablar, porque da asco", agrega Carol. Mucho menos, denunciarlo: "El estigma no es ser puta, es haber sido una víctima. Hay un componente cultural muy fuerte que se encarga de hacerte sentir culpable y responsable", concluye.

Para la elaboración de este reportaje, se trató sin éxito de contar con la participación de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), el Colectivo Prostitutas de Sevilla, la Associació Genera, el Sindicato OTRAS y la Asamblea de Putas Indignadas. Las tres primeras declinaron participar, y las dos últimas no contestaron a la petición de este diario.