La Fiscalía no tiene constancia de que el embajador afgano acusado de violación ya no tenga inmunidad

Lunes, 26 de agosto de 2024. La Fiscalía Provincial de Madrid recibe un correo electrónico donde una mujer relata ser víctima de una agresión sexual con sumisión química. El acusado es Mohammad Rahim Peerzada, en aquel momento diplomático y número uno de la Embajada de Afganistán en Madrid. Dos semanas después, el Ministerio Público determina que la inmunidad de la que goza impide realizar las investigaciones pertinentes. El caso queda archivado, hasta que en marzo el Ministerio de Exteriores decide retirar la inmunidad al entonces diplomático. Lo hace tras reunirse con representantes afganos de la sociedad civil que exigían tomar cartas en el asunto. Sin embargo, la Fiscalía de Madrid no ha recibido todavía ninguna notificación de que la inmunidad ha sido revocada.

En todo este tiempo, Rahim Peerzada ha participado en eventos con altos cargos políticos y ha seguido exponiendo en actos oficiales su condición de número uno de la Embajada de Afganistán. El 31 de enero, media docena de organizaciones de ciudadanos afganos afincados en suelo español mantienen un encuentro con representantes del Ministerio de Exteriores. En esa cita, exponen la existencia de una denuncia formal contra el entonces jefe de la embajada, pero también denuncian irregularidades en el seno de la legación. El caso salta a los medios y a finales de marzo Exteriores se pronuncia públicamente: "Esta persona no representa a ninguna delegación oficial, no está acreditada en España y no goza de inmunidad diplomática en nuestro país".

Este diario ha contactado con la Fiscalía de Madrid para saber si existe la posibilidad de reactivar el caso de oficio, sabiendo que el acusado no cuenta ahora con inmunidad diplomática. Sin embargo fuentes oficiales reconocen que por el momento no tienen constancia de ninguna notificación oficial respecto a la retirada de la inmunidad.

Siete meses de inmunidad tras la denuncia

Cuando el correo llega a la Fiscalía de Madrid, el siguiente paso –según el escrito de diligencias de investigación preprocesal– consiste en tratar de recabar información sobre "la condición de personal diplomático del presunto autor del hecho a fin de concretar si existe inmunidad diplomática". La policía judicial concluye que el denunciado es efectivamente "integrante del cuerpo diplomático acreditado", concretamente ostenta el cargo de "consejero de la Embajada de la República Islámica en Afganistán", así que no puede ser investigado.

Fuentes diplomáticas consultadas por infoLibre analizan lo sucedido y ponen el foco en una cuestión clave: si el acusado tenía estatus diplomático, entonces gozaba de inmunidad. Pero ante un hecho "escandaloso como el denunciado", existen herramientas para actuar. "El Estado de origen podría levantar la inmunidad", cosa poco probable teniendo en cuenta el dominio de los talibanes en Afganistán. En este extremo, precisamente, se detuvo la Fiscalía de Madrid en su escrito: "La República Islámica de Afganistán no ha renunciado mediante consentimiento expreso o tácito a la inmunidad en este caso", subrayaba.

Pero incluso en este escenario existen todavía dos vías: el Ministerio podría haberle "declarado persona non grata" o "quitarle la inmunidad", reseñan fuentes diplomáticas. Otras voces pulsadas por este diario reparan además en la anomalía de mantener a un diplomático como jefe de la embajada de un país cuyo gobierno no ha sido reconocido en España. Tras la llegada de los talibanes, de hecho, el que era hasta entonces embajador dimitió del cargo. Y con él se marchó casi todo su equipo: el único que se atrincheró en la sede afgana, tal como consta en documentos oficiales, fue el propio Peerzada. 

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La pregunta entonces es evidente: ¿conocía el Ministerio de Asuntos Exteriores esta denuncia contra un miembro del cuerpo diplomático acreditado? ¿Podía haber revocado su inmunidad? Fuentes de la Fiscalía Provincial de Madrid indican que, tras la recepción de la denuncia, el procedimiento lógico habría sido que la policía judicial contactara directamente con el Ministerio de Albares para evaluar en qué posición se encontraba el denunciado, pero no pueden garantizar que sucediera así. El departamento, por su parte, declina hacer comentarios al respecto.

Los meses han ido sucediéndose y a día de hoy, ni víctima ni presunto agresor se encuentran en el país. La primera vive en Alemania. El segundo partió hacia Turquía recientemente y este fin de semana se desplazó a Estados Unidos, donde reside su mujer. Allí fue detenido por los servicios de inmigración. En el escrito presentado por su abogado para solicitar su liberación –disponible en este enlace– figuran las acusaciones de agresión sexual, pero las encajan en una suerte de cruzada política por parte de un activista que tiene como objetivo el cierre de la embajada. "Las autoridades españolas nunca presentaron cargos penales" y aunque le retiraron "el título" se le "permitió salir del país", asiente el letrado.

Este miércoles, representantes de la sociedad civil afgana en España volvieron a reunirse con portavoces del Ministerio de Exteriores. Tras la cita, fuentes oficiales de la cartera aseguraron que "en estos momentos la embajada de este país no cuenta con personal diplomático acreditado".