El diablo está en los detalles de la próxima gran cumbre mundial sobre el clima

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2017 (COP23) arrancará el próximo 6 de noviembre. Se celebrará en Bonn, Alemania, sede de los organizadores: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Pero la presidencia del evento recae en Fiji, un país insular del Pacífico de menos de un millón de habitantes. Es simbólico, está claro, pero se trata de uno de los símbolos más potentes de la acción climática internacional hasta la fecha: los Estados pequeños, rodeados de un mar que se los come, son tragados por las consecuencias de un fenómeno que no han generado ellos. Son, también, símbolo de que el cambio climático no es algo que vendrá si no ponemos remedio: es algo que ha llegado, y que será una tragedia humanitaria descomunal si no ponemos remedio.

La COP23, la segunda tras la histórica COP21 que aprobó el Acuerdo de París, tiene como lema no oficial la "solidaridad", y es el gesto que avala la presidencia de Fiji. Pero más allá de las palabras bonitas, los principales objetivos de la conferencia son dos: presentar unidad ante la salida de Estados Unidos del tratado climático más importante de la historia, y convertir las buenas intenciones y la meta climática de los 2 grados de 2015 en compromisos reales, vinculantes, y en acuerdos técnicos que permitan llegar al final. El reto es, si cabe, más complicado que el que se presentó tras la pérdida de vigencia del Protocolo de Kyoto. Hay que llevar al papel las metas en base a varios elementos clave: la transparencia, la adaptación, la reducción de las emisiones, la financiación, la creación de capacidad y la tecnología, con vistas a que en la COP24 de 2018 en Polonia se rematen definitivamente todos los compromisos.

"Cuando tienes que trasladar los objetivos a acciones concretas, es más complicado aún si cabe. Obliga a los países a unos esfuerzos que algunos no están dispuestos a asumir", afirma la coportavoz de Equo Rosa Martínez. Sobre el primer objetivo, opina la copresidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN), Teresa Ribera: "Políticamente, es importante tomar el pulso a cómo de comedida y caliente es la reacción a la irresponsabilidad, a la locura de Trump. Hay una cierta posición tibia que es importante sacudir. La COP no se puede convertir en una zona de confort de 'como no soy Trump, soy bueno'".

Esta semana, además, ha saltado una noticia que avisa de la urgencia de actuar y de que quizá los objetivos internacionales son, como se ha denunciado múltiples veces y desde numerosas voces, poco ambiciosos. La Organización Mundial de la Meteorología (OMM) aseguró el pasado lunes que la concentración de CO2 es la más alta de la Historia y que en 2016 alcanzó un récord que no se superaba desde hace 800.000 años. El secretario general de la organización, Petteri Taalas, advirtió: "De momento nos estamos moviendo hacia cifras más altas (del objetivo de 2 grados de calentamiento global de París) debido al aumento de la concentración atmosférica del CO2 (...) Hay que elevar urgentemente el nivel de ambición". Un mensaje que cuadra con lo que investigadores del Parlamento Europeo señalaron hace unas semanas: aunque cumplamos con todo lo dispuesto, no será suficiente.

Desunión climática

La Unión Europea es la indiscutible líder de la acción climática a nivel mundial. Eso no quiere decir que lo haga todo bien, pero los planes nacionales contra el cambio climático de sus Estados miembro son los más avanzados, y se plantea unas metas difícilmente superables por otros países fuera de su órbita. Pero lo que está pasando en la UE es el ejemplo perfecto de las dificultades a las que se enfrenta la lucha. En su seno se viven debates enconados sobre cómo aplicar el Acuerdo de París que distan, mucho, de la unidad mostrada al mundo en 2015.

La burocracia comunitaria es compleja. Cualquier directiva, sea o no medioambiental, debe partir de una propuesta de la Comisión Europea, ser analizada por la comisión del Parlamento Europeo al respecto, y ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de la Unión Europea del ramo correspondiente. Ambas instituciones deben llegar a un consenso entre ellas junto a la Comisión, en lo que se llama “negociaciones a tres bandas”, base de la legislación europea. En este largo proceso, el consenso está lejos de llegar, sobre todo en lo referente a las diferencias entre lo que propone el Ejecutivo comunitario y lo que están dispuestos a aceptar los países.

En 2014 se llegó a un acuerdo en la Unión Europea que constituye la línea maestra del camino a seguir para llegar a menos de dos grados de calentamiento global. Hablamos del Marco sobre clima y energía para 2030, que cuenta con tres objetivos principales: al menos un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), al menos un 27% de cuota de energías renovables y al menos el 27% de mejora de la eficiencia energética. Está basado en el marco hasta 2020, a punto de agotarse, y que establecía un 20-20-20 en esos mismos tres ámbitos.

Este mismo marco está en discusión en su propia revisión, en la que un informe presentado al Parlamento Europeo por José Blanco, ex ministro de Fomento y eurodiputado, propone que en 2030 la UE deba alcanzar un 35% de energías renovables y que sea vinculante para Estados miembros. El Consejo europeo, formado por los Ministros de Medio Ambiente de los países, prefiere mantenerse en el 27% y que no sea vinculante. Otras diferencias son relativas a lo que podríamos llamar la ejecución de la ejecución: las medidas propuestas por la Comisión relativas a cómo debe traducirse en la legislación nacional los objetivos del marco. Están contenidas en dos disposiciones: la decisión de reparto del esfuerzo, que establece cómo los Gobiernos deben limitar las emisiones en los llamados sectores difusos (los gases de efecto invernadero que no son emitidos por la industria) y el llamado Paquete de Invierno, que propone una serie de medidas en el ámbito de la energía para cumplir con lo acordado. Ambas disposiciones son vinculantes, y ahí radican las divergencias.

Así lo expresó el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que estuvo el pasado jueves 26 de octubre en el Congreso: "Dediqué dos años a ir de Parlamento en Parlamento, intentando convencerlos", afirmó, sentenciando que convencer a los Gobiernos de esos objetivos vinculantes es lo más complicado de su labor. Con respecto a las diferencias en la meta de renovables de 2030, aseguró: "Será un trílogo –Comisión, Parlamento y Consejo–complicado, porque hay mucha distancia entre un 27% y un 35%". Dentro del seno de la UE, hay hay “trucos” o “trampas” que defienden algunos Estados para aliviar el peso de su responsabilidad climática

Dentro del debate sobre la decisión de reparto del esfuerzo, inmerso ahora en esas negociaciones a tres bandas, hay "trucos" o "trampas" que defienden algunos Estados para aliviar el peso de su responsabilidad climática. Entre ellos, España. Así lo defiende Antonio Calvo, experto en legislación climática europea de la organización Transport and Environment. Explica que hay una cláusula en discusión que, de aprobarse, conllevará que los países podrán aplicar lo reducido en emisiones "de más" con respecto a su objetivo de 2020 para reducir sus metas de 2030. Simplificando mucho, se traduce a que si, por ejemplo, un país tiene un objetivo del 20% en reducción de gases contaminantes en 2020 y llega al 22%, en 2030 podría llegar al 25% en vez de al 27%. En teoría hay limitaciones: en caso de salir adelante, solo se tendría derecho a usar el 20% de la reserva y siempre que el conjunto de la UE no supere unos millones de toneladas en concreto –cuyo número también está en discusión–.

Los países también pueden, además, comercializar con las emisiones: igual que con el mercado de carbono que manejan las empresas, pueden comprar derechos para emitir y vender lo que hayan adelantado. Por ejemplo: Si Portugal llega al 22% en 2020 y España se queda en el 18%, puede comprar ese 2% que le sobra al vecino luso. "Italia y España consideran que no implantar ese derecho es injusto, porque no se le reconocerían, entonces, los esfuerzos tempranos que han realizado", explica Calvo. Esos "esfuerzos tempranos" son, en realidad, descenso de emisiones por la ralentización en la industria producto de la crisis económica.

En las negociaciones, considera Rosa Martínez, de Equo, "España se está alineando con los países menos relevantes, como Polonia –referente en carbón- en vez de con los líderes". Destaca que, en la comparecencia de Arias Cañete en el Congreso de este jueves, el comisario reconoció el posicionamiento de la Cámara Baja española en llevar al 40% los objetivos de renovables, más allá del 27% establecido y del 35% que propuso Blanco en el Europarlamento: una iniciativa rechazada por el Gobierno. Arias Cañete proviene del Partido Popular. Ribera, cuestionada sobre cómo llega España a esta COP23, es tajante: "España es un buen ejemplo de esa zona de confort. ¿Qué ha hecho desde 2015? Nada. Nadal dice que quiere impulsar la transición energética, pero no hay ninguna medida al respecto". Nada tampoco en desarrollo rural, ni en agricultura sostenible, ni un enfoque integral y ambicioso del problema que tenemos con el agua. "No hay intención de abordarlo como el agua como recurso finito".

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La COP23, más allá de las declaraciones políticas que se produzcan al final de las jornadas, tiene un carácter eminentemente técnico, de definir los procesos concretos gracias a los cuales se aplicará de verdad el Acuerdo de París. Pero la sociedad civil a veces va más allá, o por senderos distintos, de los políticos. Dos de las reivindicaciones que algunas organizaciones llevan a la COP sorprenden, por lo alejado de los discursos habituales, centrados en cuotas, emisiones y esfuerzos. La Alianza Climática alemana ha pedido que se incluya a la ganadería en los debates: responsable del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según la FAO. Y, por tanto, que el debate público sobre el cambio climático aborde el consumo de carne.

Equo, por su parte, defiende que los discursos y las ponencias introduzcan la perspectiva de género. "La sequía y la desertificación tiene un fuerte impacto en las mujeres que viven del campo, responsables de alimentar a su familia (…) En desastres naturales, los más afectados son mujeres y niños. Ellas tienen que llevar a sus hijos en brazos, y los hombres tienen la tecnología de aviso en tsunamis, por ejemplo. (…) En Occidente, en cuanto a pobreza energética, las mujeres en general sufren más. Pasan más horas en casa, lavan con agua fría, cocinan sin luz…", explica Martínez. ¿Y cómo empezamos a aplicar la perspectiva de género en el cambio climático? “La presencia de mujeres en organismos de decisión climáticos” sería un buen paso, afirma.

Son aspectos que, puede que injustamente, se relegarán a un segundo plano. El gran reto de esta COP y de la de 2018 es convertir el Acuerdo de París en un compromiso legal más allá de la declaración de intenciones. Si ya es difícil poner de acuerdo a los veintiocho, lo será más con 193. Pero por intentarlo que no quede.