El primer ministro francés se convierte en el guardián de la "casta" y la impunidad política tras la condena a Le Pen

La justicia rara vez ha quitado el sueño a los responsables políticos y los ciudadanos lo sienten claramente. “De todos modos, nunca serán condenados”; “Tardarán años en ser juzgados”; “Siempre caen de pie”; “Serán demasiado viejos para ir a la cárcel”. Eso es lo que se oye todo el tiempo cuando se habla de los “casos” que afectan a los responsables políticos.

Desde hace algunos años, una sola cosa parece realmente asustar a los dirigentes que parecen acomodarse sin pestañear a las sentencias de prisión con suspensión de pena, como a las multas que les caen: la inelegibilidad. La pérdida de su mandato, su posición social y los privilegios que conlleva.

Por eso los jueces ahora dictan penas de inelegibilidad inmediata. Esto es lo que se conoce en la jerga judicial como “ejecución provisional”. Desde la sentencia en primera instancia, e incluso antes del recurso, los elegidos deben dejar su cargo (elegidos locales) o renunciar a postularse para uno nuevo (parlamentarios).

Eso es exactamente lo que le sucedió el lunes a Marine Le Pen, y desde Jean-Luc Mélenchon hasta Éric Zemmour, la clase política francesa no se lo está tomando bien. Ya no es posible confiar en la saturación de la justicia, en las solicitudes de actos adicionales y otros recursos, o en las solicitudes de nulidad, con el fin de alargar los procesos durante años y años. A partir de ahora, la sanción puede caer rápidamente.

Aunque todo es relativo. El juicio de Nicolas Sarkozy en el asunto libio se está celebrando catorce años después de nuestras primeras revelaciones y diez años después del inicio de la investigación judicial. El juicio de los asistentes de RN, que Marine Le Pen quiso eludir durante mucho tiempo, se celebró once años después de que reveláramos el caso y nueve años después del inicio de la investigación judicial.

Pero para los políticos, eso es todavía demasiado rápido. Desde hace veinticuatro horas, muchos quieren dar marcha atrás y deshacer una ley aprobada en 2016, tras el terremoto provocado por el caso Cahuzac. En aquel momento, para responder a una fuerte demanda popular a favor de una mayor ejemplaridad, los parlamentarios decidieron introducir en el Código Penal una pena de inelegibilidad obligatoria por atentados contra la probidad.

Abolición de privilegios

El ámbito de esta pena de inelegibilidad se amplió incluso unos meses más tarde a otros delitos, al comienzo del primer mandato de Emmanuel Macron. La disposición fue defendida por su entonces ministro de Justicia, François Bayrou, en el momento de la presentación del proyecto de ley “para restablecer la confianza en la acción pública”, en nombre de la necesidad de “reforzar la exigencia de probidad de los representantes políticos”.

El centrista veía entonces en ese proyecto la culminación de una carrera construida sobre la ejemplaridad en política. Una carrera en la que se enfrentó a “la inmunidad presidencial” durante los mandatos de Chirac y Sarkozy, en la que reclamó la supresión del Tribunal de Justicia (tribunal especial compuesto por políticos para juzgar a los ministros en el ejercicio de sus funciones), y en la que puso en marcha un proyecto de consulta ciudadana sobre la “moralización de la vida pública” durante la campaña de 2012. “Solo el referéndum podrá oponer la voluntad de los franceses a la mala voluntad de los partidos políticos dominantes”, dijo en ese momento.

Al año siguiente, durante los debates posteriores al caso Cahuzac, François Bayrou no estuvo presente en el hemiciclo, debido a la severa derrota de su partido, MoDem, en las elecciones legislativas de 2012. Pero el líder centrista lanzó inmediatamente una petición y una web (www.moralisation.fr, ahora dedicada a la jardinería) para exigir al presidente socialista François Hollande “una nueva noche del 4 de agosto [1789] para abolir algunos de los privilegios más exorbitantes de la ley”.

Una década después, junto a Éric Ciotti (también inmerso en un caso de malversación de fondos públicos) que quiere presentar una propuesta de ley para eliminar la ejecución provisional de las penas de inelegibilidad, resulta muy simbólico ver al mismo François Bayrou entre las personalidades más propensas a revertir uno de los pocos avances legislativos que hoy hace temblar a la delincuencia de guante blanco.

Convertido en jefe de un gobierno amenazado cada día por la censura de la extrema derecha, Bayrou también se encuentra en un evidente conflicto de intereses cuando habla sobre el tema, ya que él mismo está siendo juzgado, en fase de apelación, y se arriesga a ser condenado, también en un caso de asistentes. El caso es ciertamente menos grave en cuanto a su alcance y duración que el del Frente Nacional, ahora llamado Agrupación Nacional, pero comparable en todos los demás aspectos.

Mantener la justicia a distancia

El partido que fundó y que hoy sigue dirigiendo, MoDem, fue condenado en primera instancia (en febrero de 2024) a una multa de 350.000 euros, de los cuales 300.000 en firme, mientras que varios allegados del primer ministro fueron condenados a penas de inelegibilidad condicional. Durante su juicio, en el que Bayrou se eximió de toda responsabilidad en la gestión operativa de su partido, él defendió el principio de una libre organización de los partidos políticos, al margen de la justicia.

Al igual que Marine Le Pen, quiere que los parlamentarios dejen de estar a merced de los jueces en nombre de una “separación de poderes” vaciada de significado. Este principio fundacional del derecho dice precisamente lo contrario: para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder (judicial) pueda detener al poder (político). “La defensa reivindica una impunidad total y absoluta […] en el marco de sus actividades políticas”, tuvo que oír, atónito, el lunes 31 de marzo el tribunal de París en su sentencia, en respuesta a ese argumento presentado por la defensa de Marine Le Pen.

En Francia, el presidente de la República ya goza de inmunidad: se le considera penalmente irresponsable por todos los actos que realiza en calidad de tal. De sus declaraciones se desprende que François Bayrou y Marine Le Pen querrían extender esa inmunidad a los parlamentarios.

Un año antes, preparando el terreno para una posible condena del MoDem en el caso de los asistentes, François Bayrou había salido a dar la cara por el alcalde de Toulon, Hubert Falco, de Los Republicanos (LR), ya en un caso de malversación de fondos públicos. Cuando se le preguntó sobre la pena de inelegibilidad dictada contra el representante de Var, obligado a dimitir de sus mandatos debido a la ejecución provisional de su condena, François Bayrou quiso inmediatamente relativizar este desvío de fondos públicos: “¡No es un crimen contra la humanidad!”

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Ya consideraba necesario “que haya proporcionalidad entre la pena y la falta” y que la sentencia que condenó a Hubert Falco equivalía a “la muerte civil”, lo que sería “terrible”. Pero, ¿no es menos terrible tener como única brújula política la propia supervivencia?

 

Traducción de Miguel López