¿Protegerá la futura Ley de Libertad de Prensa europea a los periodistas?
"Ariane Lavrilleux ha sido detenida, un semanario nacional ha sido comprado por la extrema derecha, una redacción entera ha perdido a sus periodistas... Las amenazas a la libertad de prensa existen incluso en mi propio país, Francia". Eso declaró David Cormand, eurodiputado francés de Europe Écologie - Les Verts (EELV), el pasado martes en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, recordando que no es sólo en Hungría y Polonia donde están amenazados el trabajo de los periodistas, su independencia y su seguridad.
Esa mañana se debatió el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. Presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2022, el texto pretende fijar una nueva norma común: garantizar la independencia y la pluralidad de los medios de comunicación. La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (European Media Freedom Act, EMFA) fue aprobada por 448 votos a favor (102 en contra y 75 abstenciones), y ahora será objeto de un diálogo a tres bandas –Parlamento, Consejo y Comisión– antes de ser sometida a nueva votación de los eurodiputados.
El texto, de 28 artículos, pretende prohibir la vigilancia a los periodistas, garantizar la protección de sus fuentes, limitar el bloqueo arbitrario de los contenidos de los medios en las grandes plataformas (Facebook, X, etc.), garantizar la transparencia sobre la identidad de los propietarios de los medios, impedir la concentración de medios y las injerencias extranjeras en el ecosistema mediático europeo. Todo ello con el fin de promover un "modelo cultural europeo", afirma Geoffroy Didier, eurodiputado de Les Républicains.
Ante un Parlamento casi vacío, la eurodiputada alemana Sabine Verheyen (PPE, Partido Popular Europeo) se mostró entusiasmada: "Sin libertad de prensa no puede haber democracia. Es esencial que se garanticen los derechos de los periodistas". A continuación, su colega rumana Ramona Strugariu (del grupo político Renew, que incluye a eurodiputados del partido macronista Renaissance) se hizo eco emocionada: "La democracia no sobrevivirá si se silencia la verdad". Los pocos eurodiputados presentes aplaudieron unánimemente.
Deseo del secreto absoluto de las fuentes
Tal y como se aprobó en primera lectura, ¿protegería realmente la Ley de Libertad de Prensa a los periodistas? ¿Podría, por ejemplo, haber evitado la detención de la periodista de investigación Ariane Lavrilleux y la incautación de sus documentos de trabajo ordenada por un juez, alegando el secreto de defensa nacional? Sí, gracias a su artículo 4, afirma la eurodiputada francesa Sylvie Guillaume, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) y miembro del Partido Socialista Francés (PS).
Según los términos de ese artículo, los Estados tienen prohibido "detener, sancionar, registrar o incautar [...], desplegar medidas de vigilancia [o] utilizar programas espía [...] cuando tales acciones puedan permitir el acceso a las fuentes de los periodistas". Incluso cuando el Estado en cuestión se preocupe por salvaguardar la seguridad nacional, "lo que podría invocarse en el marco del secreto de defensa", explica Sylvie Guillaume.
Esta interpretación la comparte con orgullo la eurodiputada rumana Ramona Strugariu. Tras la votación del Parlamento, admitió en una breve rueda de prensa que "algunos profesionales preferirían morir antes que revelar sus fuentes". Ante las preguntas que sugerían cierta desconfianza sobre la eficacia del sistema, la eurodiputada afirmó que "está totalmente prohibida la vigilancia de periodistas mediante programas espía" en el reglamento aprobado.
Según publicó Mediapart en junio, unos documentos de trabajo del Consejo Europeo revelan que el gobierno francés intentó limitar esa protección absoluta de las fuentes. En una versión anterior del texto, se autorizaba a los Estados a "utilizar programas espía" para vigilar a un periodista, si lo justificaba una "razón de seguridad nacional".
Eso habría formalizado, por primera vez en la ley, la autorización del espionaje de periodistas en todos los países de la UE, lo que provocó la indignación de Reporteros sin Fronteras (RSF) y la reacción de sesenta y cinco organizaciones de la sociedad civil y de periodistas. En la versión aprobada no hay rastro de esa excepción: "Hemos suprimido esta mención", resume Sylvie Guillaume.
Incautaciones de investigaciones no periodísticas
Sin embargo, Laurence Farreng, eurodiputada francesa del MoDem (Mouvement Démocrate, afiliado al grupo político Renew) considera que, según la legislación europea, la seguridad nacional prevalece sobre la confidencialidad de las fuentes. La incautación, el registro, la vigilancia y el uso de programas espía seguirían estando permitidos contra un periodista profesional en determinados casos.
"En particular, en el caso de una investigación dirigida contra un periodista al margen de su actividad periodística. Estas excepciones deben cumplir una serie de precauciones, entre ellas no estar vinculadas a la actividad profesional del medio de comunicación o de sus empleados, y no dar lugar al acceso a fuentes periodísticas", explica Sylvie Guillaume. “Deben autorizarse por un juez. Estas excepciones no se aplican a la obtención de revelación de fuentes, como parecía ser el motivo del registro en el caso de Ariane Lavrilleux".
Esta excepción está prevista en caso de investigación de un delito castigado con al menos cinco años de cárcel. Pero, ¿cómo estar seguros de que las investigaciones y medidas utilizadas para vigilar al periodista no afectarán a su actividad profesional ni comprometerán sus fuentes? Si finalmente se aprueba la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, corresponderá a los jueces de los Estados miembros decidirlo.
Por su parte, Laurence Farreng no ve ningún inconveniente a esa excepción. "Si esas acciones son abusivas, la Ley de Libertad de Prensa prevé que el periodista pueda recurrir a un órgano independiente, lo que es un gran paso. Se podrán investigar cuestiones de seguridad nacional, y castigar los abusos.”
Sin embargo, en su pequeño despacho del Parlamento de Estrasburgo, David Cormand se muestra preocupado por el futuro del texto que negociarán el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Tres órganos de la UE con intereses independientes: "Todo el trabajo del Parlamento es transparente, pero no ocurre lo mismo con el Consejo [los jefes de gobierno]. Cuando se nos presente el texto final, deberemos aprobarlo en su totalidad o no aprobarlo. ¿Se ha abandonado esta vez la noción de seguridad nacional, para reintroducirla más adelante? No sabemos lo que se podrá negociar.”
Será un debate difícil, pero la libertad y la independencia de los periodistas son líneas rojas.
Aunque la Ley de Libertad de los Medios es presentada por sus defensores como una salvaguarda contra el autoritarismo y cuenta con el apoyo de RSF en su versión final, otros consideran que no es competencia de la UE legislar en este ámbito. Es el caso del eurodiputado de Rassemblement National (extrema derecha francesa) Gilles Lebreton, que lamenta con vehemencia "el autoritarismo de la UE y su intención de meter en cintura a los medios de comunicación que se resisten al europeísmo, como los de Vincent Bolloré".
Es también el caso del Bundesrat alemán (Senado), de los parlamentos húngaro y danés, y del Senado francés. En su resolución del 11 de diciembre de 2022, la alta cámara francesa "cuestiona la legitimidad y el valor añadido de dicha norma europea" y duda de la legalidad de crear un organismo independiente para hacer cumplir la normativa.
La primera ley de medios europea mide la fuerza de la UE para frenar el retroceso de la libertad de prensa
Ver más
Sabine Verheyen declaró a los periodistas en la sala de prensa del Parlamento: "Será un debate difícil, pero la libertad y la independencia de los periodistas son líneas rojas que no estamos dispuestos a negociar". Sin embargo, no especificó la medida sobre la que se mantendría intransigente, salvo que el texto sea finalmente rechazado.
Las negociaciones entre el legislativo y el ejecutivo europeo tendrán que ser rápidas. "Nos gustaría que el texto se presentara a votación final antes de diciembre de 2023", explica Laurence Farreng. Las elecciones europeas se celebran en junio de 2024, y en julio Hungría, donde el partido en el poder "controla el 80% del paisaje mediático", asumirá la presidencia de turno del Consejo Europeo. "Sabemos muy bien que si el texto no se aprueba antes de la Presidencia húngara, no se aprobará después", asegura la eurodiputada.
Traducción de Miguel López
