Las elecciones europeas decidirán el futuro del Pacto Verde: "Hay margen de sobra para una versión 2.0"
El Pacto Verde Europeo ha sido el pilar de la política comunitaria durante los últimos cinco años. Se propuso antes de la pandemia y de la guerra de Ucrania, y como se trataba de una hoja de ruta poco definida, se ha ido adaptando a los diferentes contextos que ha vivido la UE durante la legislatura. Ahora vive un punto de inflexión con las elecciones del próximo 9 de junio, puesto que quedan puntos por tratar que se pospondrán a la próxima legislatura, y la idea original del pacto, centrado en el medioambiente, se ha diluido poco a poco debido al auge del populismo en Europa y las disputas comerciales con Asia y Estados Unidos. Este martes, el Instituto Europeo de Política Ambiental publicó una encuesta entre 312 expertos de la Unión sobre el Pacto Verde, y el 67% espera que el resultado de las elecciones tenga un impacto negativo en su aplicación a futuro.
El Pacto Verde fue presentado a finales de 2019 como un macroproyecto para reducir a cero las emisiones contaminantes en Europa en 2050 y desde entonces se han aprobado la gran mayoría de leyes propuestas por la Comisión. La reducción de emisiones un 55% en 2030 frente a 1990, la prohibición de venta de coches de combustión en 2035, el establecimiento de un fondo social para el clima, el endurecimiento del sistema de derechos de emisiones, la rehabilitación edificios para mejorar su aislamiento, y un largo etcétera. El siguiente paso es fijar cuál es el futuro del Pacto Verde.
Los defensores del acuerdo temen a poco más de dos semanas de las elecciones que la agenda verde europea vaya pase a un segundo plano en la próxima legislatura, incluso aunque de las urnas salga un Parlamento similar al actual. Basta con mirar las negociaciones del último año en temas polémicos relacionados con la agricultura, como la ley de restauración de la naturaleza o la normativa de uso sostenible de pesticidas, que empezaron a negociarse con un consenso político y terminaron en discusiones abiertas entre socialistas y populares. Y el panorama irá a peor si, como adelantan las encuestas, la extrema derecha gana peso en la Eurocámara, mientras que los Verdes y los Liberales podrían perder peso. De hecho, en los últimos meses se han acelerado muchas negociaciones de legislaciones para garantizar que las leyes quedaban aprobadas antes de las elecciones de junio.
Javi López, eurodiputado socialista, ha participado en negociaciones del Parlamento sobre el Pacto Verde y ha coordinado la reforma de la directiva de Calidad del Aire. Explica que al menos tres cuartas partes de Pacto Verde ya está ratificado, por lo que el margen de maniobra de la Eurocámara para deshacer las medidas ambientales será limitado. El problema es que los futuros eurodiputados tendrán que poner en marcha todas las nuevas leyes y tendrán que desarrollar nuevas en materia de adaptación al cambio climático, la pata pendiente de abordar en Bruselas.
Daniel Lozano, analista de Ecounion, una organización ambiental que presiona en favor de políticas verdes coincide en que la primera etapa del Pacto Verde está prácticamente cerrada, pero que hay mucho más por hacer. "El Pacto Verde es un proyecto amplio y de largo recorrido. Tenemos un objetivo para 2030, pero se están preparando uno del 90% para 2040, por lo que hay margen de sobra para elaborar un Pacto Verde 2.0 para una segunda fase de implementación".
El primer avance de lo que podrían ser los próximos cinco años en Bruselas llegará en la agenda estratégica del Consejo Europeo que su presidente, Charles Michel, debe presentar en junio. En abril se filtró el borrador de esa hoja de ruta —que es susceptible de cambios y ahora se está negociando— y ninguno de los tres bloques principales está orientado al cambio climático ni a la naturaleza. El plan que orientará a la UE se divide en Defensa, Competitividad y Democracia, y del medio centenar de ideas que incluye, solo dos hablan del cambio climático.
El Pacto Verde ya mutó el año pasado hacia una versión más orientada a la economía con el Pacto Verde Industrial que presentó la Comisión en febrero de 2023, que incluyó la ley sobre la industria cero emisiones y la ley europea de materias primas críticas. Se trató de una visión actualizada del paquete, que incorporó los cambios geopolíticos de la guerra de Ucrania, así como la tensión actual sobre las cadenas de suministro de minerales y materias primas necesarias para la industria tecnológica y las energías renovables, donde China domina la producción.
"El Pacto Verde Industrial tiene que ver con la carrera global por la innovación tecnológica y verde. Hay preocupación por las subvenciones salvajes de EE UU y China, y el Pacto Verde se verá afectado por un mundo más centrado en la competitividad, el comercio y la seguridad. Creo que estará más relacionado con la geopolítica", opina Javi López. De hecho, es en los asuntos industriales y energéticos donde en los últimos meses se han cerrado en Bruselas en tiempo récord y sin grandes choques políticos múltiples legislaciones. Por ejemplo, la reforma del mercado eléctrico, la directiva de cero emisiones industriales o la directiva de eficiencia en edificios.
Este viraje de una política verde a una industrial preocupa mucho a las organizaciones ecologistas, que temen que las guerras comerciales roben protagonismo a la crisis climática. "Estamos todos de acuerdo en que el Green Deal no tiene precedente, pero el trabajo no está terminado", opina Chiara Martinelli, directora de Climate Action Network, una red de ONG europeas. "Si sustituimos el pacto verde por un plan industrial, tenemos que proteger sus ambiciones originales, la neutralidad climática, las cero emisiones y la protección social. Que los que contaminen paguen, y que los que más han contaminado, aporten más", opina la experta.
El reparto de asientos en el Parlamento será clave para el futuro de la legislación ambiental, pero también la figura que ocupe la cartera del Pacto Verde dentro de la futura Comisión Europea. Ursula von der Leyen tiene todas las papeletas para repetir como presidenta de la institución, y fue ella quien situó en 2019 a Frans Timmermans como comisario del Pacto Verde, el artífice de la oleada de reformas. Sin embargo, el verano pasado abandonó el cargo para presentarse a las elecciones de Países Bajos como candidato socialista, que terminó perdiendo. La figura que está llamada a sucederle es la vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera, que encabeza las listas del PSOE a las europeas en España, una persona que siempre ha defendido una política climática ambiciosa como la de Timmermans.
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El impulso legislativo del último año para cerrar las nuevas regulaciones y directivas ha llevado a que algunas de ellas tengan que aprobarse al límite de la legislatura. La más sonada es la ley de restauración de la naturaleza, que se espera que sea ratificada el 17 de junio, en el último consejo de ministros de Medioambiente de la presidencia rotatoria de Bélgica del Consejo de la UE. Esa votación se hará después de las elecciones europeas porque los comicios son al Parlamento Europeo, pero las reuniones de ministros se mantienen operativas. También está pendiente la ratificación de la ley sobre la industria cero emisiones.
Otras negociaciones más duras han quedado incluso pospuestas hasta la siguiente legislatura y podrían desaparecer si la composición del Parlamento da un vuelco tras las elecciones. Por ejemplo, la directiva europea de fiscalidad energética, que pretende aumentar los impuestos a los combustibles fósiles, se ha quedado bloqueada en el Parlamento por la presión de transportistas, agricultores y aerolíneas. En agricultura se han paralizado también muchos asuntos relacionados con la estrategia Del campo a la mesa por las críticas de los ganaderos a las leyes de bienestar animal, como las normativas sobre etiquetado de alimentos, tenencia de animales y sacrificio.
En el área ambiental está sobre la mesa para la próxima legislatura el gran desafío de sacar adelante un objetivo de reducción de emisiones para 2040 frente a 1990, puesto que por ahora solo hay uno de rebaja del 55% en 2030 y otro del 100% en 2050. La Comisión ha propuesto una meta intermedia del 90% de recorte en 2040. Está pendiente también una nueva directiva de protección de suelos y una ley de adaptación al cambio climático para Europa.
