El Gobierno prevé crear cada año 460.000 empleos de aquí a 2030 gracias a la transformación energética

El Gobierno enviará este miércoles a Bruselas la versión actualizada del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética que seguirá España de aquí a 2030. En el documento original, publicado en 2020, el Ministerio de Transición Ecológica esperaba que este plan incrementara el PIB al final de la década un 1,8% y generara hasta 348.000 empleos al año, pero el Gobierno cree que sus previsiones se quedaron cortas, y ha elevado sus expectativas. En su nueva revisión espera que cada año, de aquí a 2030, se abran entre 363.000 y 560.000 ofertas de empleo relacionadas con la energía, y que el PIB crezca hasta un 3,2% anual. Algunas de las metas que recoge el documento son cuestionadas por el sector privado, como el objetivo de vender un millón de coches eléctricos al año, pero el ministerio dirigido por Teresa Ribera defiende su documento con el argumento de que España es el destino inversor número uno de Europa en energías renovables.

El encargado de realizar las previsiones económicas del nuevo PNIEC ha sido el Basque Centre for Climate Change (BC3). El prestigioso centro de estudios vasco, contratado por el Gobierno, estima que la economía de España se transformará con la llegada del hidrógeno verde, los aerogeneradores marinos, las baterías, la rehabilitación de edificios y el despliegue del coche eléctrico. A estas tecnologías, muchas de ellas desconocidas todavía en la península, se sumarán decenas de miles de paneles solares y miles de molinos de viento que se instalarán en los próximos cinco años.

En concreto, la revisión del paquete energético contempla una reducción de las emisiones contaminantes del 32% en 2030 frente a 1990. Según el PNIEC, en 2030, las renovables supondrán el 81% de la generación eléctrica (en 2023 representaron el 51%) y la capacidad de España para producir su propia energía será del 50% (27% en 2019) gracias al menor uso del petróleo. Para lograrlo, se duplicará la potencia instalada de molinos de viento y se alcanzarán los 76 gigavatios (GW) de potencia fotovoltaica instalada, más del doble de lo actual.

Esta transformación del país supondrá, según calcula el BC3, que el sector energético será uno de los principales impulsores de la generación de empleo en España. En concreto, el nuevo PNIEC contempla la creación de 363.000 empleos en 2025, 468.000 empleos en 2027 y 560.000 en 2030, a una media de 460.000 empleos anuales. Si se ponen en contexto las previsiones laborales del PNIEC, en 2023 se crearon en España 783.000 empleos, según la Encuesta de Población Activa, por lo que casi uno de cada dos trabajos, en números redondos, corresponderá en 2025 a alguna de las inversiones contempladas en el nuevo plan, si se cumplen las expectativas.

La generación de puestos de trabajo irá creciendo año a año porque algunas tecnologías que contempla el plan son todavía poco maduras, como el despliegue del hidrógeno verde o las baterías, y no se espera que sean 100% funcionales hasta finales de esta década.

Aunque todos los empleos que se van a crear abarcan el sector energético, el plan divide esos puestos de trabajo entre subsectores. Las Energías renovables y el hidrógeno verde acumularán la mayoría de empleos porque será el bloque que lidere el plan, y en 2030 supondrán el 35% del total de los nuevos puestos, seguido de los empleos relacionados con Electrificación (23%), Ahorro y eficiencia (18%), Efecto cambio energético (13%) y Redes (10%).

Por Energías renovables y el hidrógeno verde se entiende cualquier puesto relacionado con la instalación de renovables y la industria verde en general; Electrificación, con la sustitución de combustibles por electricidad en el transporte y la industria; Ahorro y eficiencia, con la rehabilitación de edificios o cualquier puesto técnico destinado al ahorro energético; el Efecto cambio energético, con empleos que aborden el efecto de ahorro económico de las energías renovables; y Redes, con puestos relacionados con la ampliación de las conexiones eléctricas, desde técnicos a ingenieros.

El PIB también crecerá con fuerza con la aplicación del plan de Transición Ecológica, y el BC3 estima que el PIB crecerá 25.700 millones de euros en 2025, 33.865 millones en 2027 y 44.014 millones en 2030, lo que supondrá que en 2030 el PIB crezca un 3,2% ese año solo por el efecto del PNIEC.

Altos cargos de Transición Ecológica insistieron este martes en una reunión con la prensa que estas metas son ambiciosas, pero perfectamente factibles. Argumentan que muchos de estos objetivos ya están en marcha y que para la revisión del PNIEC han analizado e integrado 12.000 opiniones de ciudadanos, empresas y organizaciones sociales.

Sin embargo, este mismo martes Greenpeace, la ONG de referencia, lanzó un duro comunicado acerca del PNIEC. "El Gobierno ha tenido más de un año para mejorar el plan, pero no ha aprovechado ese tiempo (...) para introducir nuevas medidas y conseguir así aumentar la reducción de emisiones respecto al borrador", afirman los ecologistas. El sector del automóvil también es muy crítico con el objetivo de venta de coches eléctricos en 2030, ya que si se necesita poner las carreteras un millón de 100% eléctricos al año para cumplir con la meta de 2030, en 2024 se han vendido hasta agosto poco más de 31.000.

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La creación de puestos de trabajo permitirá además superar una de las grandes barreras que tienen ahora las renovables: la oposición social. En los últimos años han surgido organizaciones sociales enfadadas por el impacto visual de la fotovoltaica y la eólica en muchos puntos de España, como Andalucía o Aragón, pero especialmente en Galicia. También porque en algunos lugares han adquirido tierras de cultivo para producir electricidad o porque han producido impactos ambientales en zonas protegidas.

Este martes, los técnicos del ministerio subrayaron que este asunto preocupa mucho al Gobierno, y que se comprometen a resolverlo, aunque por ahora no habrá nuevas medidas para facilitar la convivencia. Los altos cargos de Transición Ecológica valoran que las nuevas normativas que introducen criterios socioeconómicos en los concursos de generación y demanda son la solución, ya que obligan a que los inversores a dejar riqueza y empleo en la zona, además de conservar el patrimonio, para poder intervenir.

Por ejemplo, para acceder a los nuevos nudos de conexión que se han abierto este año en Garoña, Lada y Robla, entre otros, el Gobierno obliga a recualificar a profesionales residentes en la zona —al menos 1 destinatario por cada megavatio del proyecto— y a ofrecer un puesto de trabajo por cada megavatio solicitado.