Villar Mir sigue de consejero en el Santander pese a su segunda imputación por corrupción

El empresario Juan Miguel Villar Mir sigue formando parte del consejo de administración del Banco Santander y no considera que deba presentar su dimisión a pesar de su segunda imputación por corrupción, conocida este jueves. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, lo citó a declarar el próximo martes 6 de febrero en el marco del caso Púnica. El magistrado le pedirá que explique los vínculos entre las presuntas donaciones a la caja b del PP de Madrid por parte de la constructora OHL –que presidió desde su creación en 1999 hasta junio de 2016– y la adjudicación de obra pública. También declarará su yerno, Javier López Madrid, que ya estaba imputado en esta causa.

Consultado por infoLibre, un portavoz autorizado del Banco Santander asegura que los servicios jurídicos de la entidad "analizarán" esta nueva circunstancia relativa a Villar Mir y que el resultado de este análisis se presentará a la comisión de nombramientos, aunque la última palabra la tendrá el consejo de administración. No obstante, no precisó en qué fecha se analizará el caso ni tampoco qué criterios concretos sigue este órgano a la hora de tomar una decisión de este calado. 

Sí existe un reciente precedente. Tras ser imputado en mayo de 2017 en la trama Lezo por su relación con el presunto pago de 1,4 millones en Suiza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a cambio del contrato que su empresa logró para la construcción del tren Móstoles-Navalcarnero, el consejo de administración del Banco Santander determinó que Villar Mir conservaba la "honorabilidad" e "idoneidad" necesaria para el ejercicio de su cargo en la entidad. 

El empresario forma parte del consejo de administración del Banco Santander desde mayo de 2013. En este tiempo se ha embolsado un total de 657.000 euros: 71.000 en 2013, 105.000 en 2014, 246.000 en 2015 y 235.000 en 2016. Hasta el 31 de enero de 2017, Villar Mir también formaba parte del órgano de dirección de la gestora de autopistas Abertis. Un mes antes también había abandonado el asiento que tenía en el consejo de la inmobiliaria Colonial. 

Situación judicial 

Tras conocerse su segunda imputación, fuentes de OHL recordaron que Villar Mir dejó la presidencia de la constructora en junio de 2016 y que en la actualidad no ocupa ningún puesto en la empresa. No obstante, sí sigue presidiendo el Grupo Villar Mir, que tiene el 51,12% de las acciones de OHL a través de la inmobiliaria Espacio. Según esas mismas fuentes, OHL "mantiene una política de tolerancia cero" con la corrupción y, desde su fundación "ningún directivo ni empleado del grupo ha sido condenado por ningún supuesto de corrupción".

Sin embargo, de manera reciente el nombre de Juan Miguel Villar Mir ha estado ligado a varias investigaciones sobre la presunta financiación del PP. La última, en el marco de la operación Púnica. El juez García Castellón lo ha citado a declarar para que dé explicaciones sobre adjudicaciones públicas a OHL y los posibles amaños en la concesión de obras del metro de Madrid y del metro ligero de Boadilla del Monte. De forma indiciaria, el juez le atribuye a él y a los otros cuatro citados a declarar el mismo día la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsificación.

El magistrado considera que existen adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2004 –cuando la presidía Francisco Granados– en las que se ha evidenciado "la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones". Entre esas sociedades "amigas", García Castellón cita "las empresas de Juan Miguel Villar Mir". Por otro lado, el juez recuerda que OHL se ha identificado como empresa que presuntamente donó dinero al PP de Madrid, unos hechos que también se investigan en la pieza sobre la financiación irregular de esta formación.

El juez otorga un papel destacado en esta trama a su yerno Javier López Madrid, que fue consejero de OHL hasta mayo de 2017. Considera que participó en los amaños al ayudar a la empresa Obrum –vinculada al "conseguidor" de la Púnica David Marjaliza– aportando "las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir" para que pudiera presentarse a los concursos formando una UTE con otras empresas. Según el juez, López Madrid siguió con esta dinámica entre 2004 y 2011, cuando Granados era consejero de Presidencia e Interior.

Aunque ya no forma parte del consejo de administración de OHL, el yerno de Villar Mir sigue dirigiendo Ferroglobe, que es la división de electrometalurgia del Grupo Villar Mir. Todo ello a pesar de que ya fue condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid al considerar probado que se apropió indebidamente de 35.988 euros al gastarlos con la tarjeta opaca de la entidad.

Tanto López Madrid como Villar Mir también están siendo investigados en el curso de la trama Lezo por el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por maniobrar para la adjudicación a su empresa de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid), una obra que nunca se llegó a realizar. En su declaración ante el juez el pasado septiembre, Villar Mir negó conocer los pormenores del desarrollo de este concurso al que concurrió su empresa, puesto que, como presidente del grupo, no estaba al tanto de todas las obras públicas a las que se presentaba la constructora.

Gobierno corporativo 

El reglamento del consejo de administración del banco que dirige Ana Patricia Botín [consultar, aquí] establece que sus miembros "deberán comunicar cuanto antes aquellas circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, las causas penales en las que aparezcan como imputados".

Por otro lado, dispone que deberán dimitir si este órgano, previo informe de la comisión de nombramientos, lo considera conveniente "en los casos que puedan afectar negativamente a su funcionamiento o al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, cuando se hallen incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos".

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De esta forma, la entidad asume la recomendación número 22 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que insta a las compañías que tributan en bolsa a establecer reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados.

El documento del supervisor bursátil [consultar, aquí] también establece que en el caso de que un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración debe examinar el caso y decidir si procede o no que siga en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo.

Las citadas son recomendaciones que la CNMV hace a las sociedades cotizadas y, por tanto, no son de obligado cumplimiento. No obstante, la circular 5/2013 [consultar, aquí], que detalla cuál tiene que ser el contenido de los informes anuales de gobierno corporativo que las compañías tienen que presentar, sí exige a las sociedades que incluyan en esos informes las "explicaciones oportunas" cuando no cumplan o cumplan parcialmente con las recomendaciones.