Colectivos ciudadanos denuncian que el Gobierno quiere incluir en la factura del gas los gastos de mantenimiento del Castor

Los colectivos ciudadanos Caso Castor y Xnet exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que no incluya de nuevo en la factura de la luz los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor y que sea la empresa concesionaria, del grupo ACS, quién pague. Por un lado, estarían los casi nueve millones de euros, una cantidad ya auditada y relacionada con costes de operación de una infraestructura localizada frente a las costas de Castellón y Tarragona y que, en la actualidad, se encuentra en hibernación. Y, por otro lado, estarían los 118 millones que Escal UGS –que pertenece en un 66,7% a la constructora de Florentino Pérez– ya ha recibido como parte de las indemnizaciones aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que el Tribunal Constitucional anuló el pasado año. 

Según explican Caso Castor y Xnet, el plan del Gobierno consiste en incluir los 8.730.906 euros de mantenimiento en las retribuciones por peajes del sistema gasista para el próximo añoen las retribuciones por peajes del sistema gasista para el próximo año. Esta parte regulada del recibo de la luz representa el 40 % de la factura total. Esta proporción es la que tiene más peso, por encima de la energía que se consume –el 35%– y de los impuestos –el 25%–.

El motivo que alega el Ministerio para la Transición Ecológica para incorporar los gastos del Castor es proporcionar a Escal lo necesario para evitar "el abandono incontrolado de la instalación". "Privar a la empresa responsable de las instalaciones afectas a este almacenamiento de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control implicaría riesgos de difícil previsión para el medioambiente, el tráfico marítimo, e incluso, las estructuras geológicas y, por lo tanto, se hace necesario implementar los medios legales que permitan el abono de estas cantidades", asegura la orden ministerial. Así, afirman, se garantizará "la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente".

No sería la primera vez, que se incluye en las retribuciones por peajes la factura del fracasado proyecto Castor. Desde el 2014, se ha incluido la parte correspondiente a la indemnización concedida a Escal tras renunciar a la concesión de explotación almacenamiento gasístico en 2013. En total, hasta que el Constitucional anuló parcialmente el real decreto-ley aprobado por el Gobierno de Rajoy, había recibido en torno a los 118 millones de euros. 

El Constitucional, por unanimidad, declaró en diciembre de 2017 la nulidad e inconstitucionalidad de varios artículos de este real decreto-ley por el que se acordaba la hibernación de las instalaciones de Castor y el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa Escal después de su renuncia a seguir explotando la plataforma. El montante, que la compañía ingresó en sus arcas poco después de la aprobación del decreto, fue abonado por la nueva titular, Enagás Transporte S.A.U., a cambio de obtener derechos de cobro del sistema gasista durante tres décadas. Es decir, con cargo al recibo del gas de los consumidores. 

Desde el grupo ciudadano Caso Castor y Xnet, creen que el nuevo plan del Gobierno es "un acto irresponsable" ya que sería la ciudadanía la que "tenga que seguir pagando a través de la factura del gas el coste de operación y mantenimiento de una infraestructura que se encuentra en hibernación y que nunca ha entrado en funcionamiento".

Lo que ambos colectivos piden al Ejecutivo socialista es que "en el próximo acuerdo de Consejo de Ministros, donde se establecerán dichas retribuciones, se apruebe el desmantelamiento del proyecto Castor". Asimismo, también exigen que se "devuelva a la ciudadanía aquello que ya han pagado, como apuntan las sentencias del Tribunal Supremo", en referencia a los 118 millones de euros que ingresó la empresa concesionaria durante los años 2014 y 2015, dinero procedente de la factura de la luz de los consumidores. 

Para ambos grupos, debería ser Escal la que devuelva los 118 millones de euros ya que "es la responsable de este proyecto fallido". "Y si lo asume el Gobierno, la ciudadanía habrá pagado dos veces por los mismo". En el caso de que se llegue a producir un desmantelamiento de las infraestructuras, según Caso Castor y Xnet, el coste también lo debería abonar la empresa. 

Último día de consulta pública

Los colectivos ciudadanos Caso Castor y Xnet recuerdan que este lunes 17 es el último día para participar en la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica. Ambas parten animan a la ciudadanía a participar enviando un correo para evitar "pagar por tercera vez el Castor". "Queremos que lo paguen los responsables: ACS y los responsables políticos que permitieron este despropósito. Es absolutamente posible y de justicia. Queremos un Gobierno que se encargue de que se asuman las responsabilidades, no que prologue el saqueo perpetrado por el proyecto Castor", explican. 

También recuerdan que conjuntamente el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña han presentado una querella criminal contra los responsables políticos y empresariales del proyecto gasístico, a los que atribuyen delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. 

En concreto, la querella, registrada en febrero en la Audiencia Nacional, se dirige contra los exministros de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP) y las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa (PP). La acción judicial también pretende llevar a los tribunales a Florentino Pérez, así como al presidente de Escal, Recaredo del Potro. Hay, además, otros dos políticos querellados: Juan Cotino, exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana con el PP; e Ignasi Nieto, exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo con el PSOE.

Un caso abierto desde 1996

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Los orígenes del proyecto Castor se remontan a 1996, cuando, con José María Aznar al frente del Gobierno, se otorgó a la empresa España Canadá Resources permiso para investigar hidrocarburos frente a las costas de Castellón y Tarragona, una habilitación que fue cedida en 2003 a Escal a través de una orden ministerial firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato.

Cinco años después, se inició la fase de explotación. En 2008, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, firmó el decreto Castor, que otorgaba la concesión a Escal e incluía una cláusula en la que se establecía que la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por "el valor de residual de las instalaciones” aunque existiese “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria". Un año después, la secretaria de Estado de Cambio Climático y actual ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dio luz verde al almacén de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona. La DIA, según denunció en un informe el Síndic de Greuges en 2014, no tomó en consideración "el apartado de riesgo sísmico", a pesar "de las denuncias recibidas". A pesar de ello, según señaló Ribera el pasado mes de junio, "nadie recurrió en su momento" la declaración.

De las tres fases en las que se dividía esta etapa de explotación, las dos primeras se completaron sin contratiempos. No ocurrió lo mismo en la tercera, desarrollada durante el mes de septiembre de 2013. Primero se detectaron pequeños movimientos sísmicos en la zona del delta del Ebro, lo que llevó al Ministerio de Energía a ordenar el cese temporal de la actividad en la zona. Dos semanas después, se registró un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter a una profundidad de 5 kilómetros y frente a las costas de Vinaroz. Tanto el Instituto Geográfico Nacional primero, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) después, vincularon directamente los temblores a la inyección de gas colchón. Estos contratiempos llevaron a Escal a renunciar a la concesión y al Gobierno de Rajoy a aprobar el real decreto-ley.