"Los dejaron morir solos": Más Madrid y PSOE cargan contra Ayuso por el protocolo que impedía derivaciones a hospitales

"Lo más grave es que Ayuso mintió y abandonó a nuestros mayores a su suerte. Mintió negando durante días desde su suite que las UCI estuvieran colapsadas. Parece de cajón que si no estuvieran colapsadas no haría falta excluir a nadie. Y abandonó a los mayores a su suerte, puesto que no puso en marcha ninguna alternativa. Nosotros propusimos evacuarlas, nos dijeron que no, que había que medicalizarlas. Al final no hicieron ni una cosa ni la otra. Es de una crueldad insoportable". Con estas palabras tan tajantes denunció Pablo Perpinyà, portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, los hechos que desvela infoLibre este miércoles a través de una exclusiva que demuestra la existencia de un protocolo recibido por hospitales y residencias en el que se detallan "criterios de exclusión" que impedían trasladar a los pacientes enfermos a hospitales. No ha sido el único. 

Emilio Delgado, diputado de la misma formación en la Cámara, aseguró a través de Twitter que "el problema es que no les dieron otra alternativa que morir solos en las residencias. Ni les trasladaron a hospitales, ni las evacuaron, ni las medicalizaron. Nada". Purificación Causapié, diputada socialista, denunció por su parte a través de un vídeo publicado en la misma red social que el envío de dicho documento supone una "vulneración" de los "derechos fundamentales" de los mayores enfermos que, contagiados por covid-19, hubieran necesitado una atención hospitalaria. En paralelo, Unidas Podemos señaló que en el Pleno de este jueves preguntará a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, por la existencia de este Protocolo. 

Como desveló este diario, el Gobierno conservador de Ayuso aprobó un documento en la tercera semana de marzo en el que se fijaron los "criterios de exclusión" de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. El texto fue firmado digitalmente el 20 de marzo por el entonces director de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur de Víu. En el mismo, entre los criterios para condenar a determinados pacientes a permanecer en la residencia y no ser trasladados al hospital, figuran algunos relacionados con la discapacidad física o mental del residente. Y en todo momento plantea la cuestión como una orden, no como una recomendación o sugerencia.

Hay otras dos versiones del Protocolo, también firmadas por la misma persona: una dos días antes —el 18 de marzo— y otra cuatro días después —el 24 de marzo. Sin embargo, según las pruebas documentales que tiene infoLibre, el documento que incluía los "criterios excluyentes" fue enviado a varios hospitales y residencias. La Consejería de Sanidad (PP) se niega a aclarar cuáles, mientras que la de Políticas Sociales (Cs) se desmarca con contundencia de las actuaciones de Sanidad.

Los grupos de la oposición, mientras tanto, critican duramente la existencia del Protocolo desvelado por infoLibre. Delgado, en conversación telefónica, asegura que su grupo pedirá toda la documentación de todos esos protocolos. "Entendemos que puede haber criterios de exclusión en una situación de colapso hospitalario, aunque Ayuso decía que no lo había. Asumiento que lo hubiera, podemos entender que desde un punto de vista clínico se establezcan prioridades, pero inmediatamente después tienes que ofrecer alternativas", explica. "Lo que no tiene sentido", continúa, "es que pidas que no se derive a hospitales y no medicalices las residencias, ni evacúes, ni hagas nada. Eso es condenar a muerte a una persona y lo que nos parece realmente grave. Los criterios de exclusión, si no van acompañados de alternativas, son una vulneración de derechos brutal", condena. 

Y en el mismo sentido se expresa Causapié. "Ya habíamos visto información en este sentido y declaraciones, así que ya hicimos referencia a este tema en el Pleno pasado, pero no respondieron", lamenta desde el otro lado del teléfono. "Es un tema grave que hay que conocer e investigar. Si ha pasado que algunas personas no han ido a un hospital y requerían esa atención, se han vulnerado sus derechos fundamentales", denuncia. Y asegura, al igual que Delgado, que "al menos" se tendrían que haber medicalizado las residencias. "Presentaremos una pregunta específica al Pleno, pero cosas como esta justifican y hacen necesaria la comisión de investigación", sentencia. 

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Precisamente fue este martes cuando PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos registraron la petición para consituirla. Entre los motivos para hacerlo recogidas en el escrito, al que ha tenido acceso este diario, se menciona que "los centros residenciales de la Comunidad de Madrid han protagonizado una de las páginas más dramáticas de la historia de la crisis sanitaria provocada por el covid-19". En los tres últimos meses, más de 5.950 residentes han fallecido con covid-19 confirmado o con sintomatología compatible con el virus. Son el 31% del total de muertes por la enfermedad en geriátricos de España (19.000, a 24 de mayo). Y ello a pesar de que en la región sólo están el 13,5% de las plazas residenciales –51.582 de un total de 381.158–, según los últimos datos del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) correspondientes a 2018 y elaborados con la información que facilitan las propias comunidades.

"Sin duda, el covid-19 tiene efectos devastadores sobre la población que vive en centros residenciales en todos los países del mundo, mayores con patologías diversas y en situación de dependencia en un espacio compartido, si bien es necesario analizar los efectos que en la tragedia hayan podido tener las características de los centros ubicados en nuestra Región (en cuanto a dimensiones, organización, titularidad, gestión, etc…), así como las políticas y actuaciones que durante este tiempo y en el pasado se han desarrollado por parte del Gobierno regional. Es imprescindible conocer todos los datos, analizar las actuaciones y encontrar explicaciones a la situación que se ha producido en nuestra Comunidad", reclama el texto. 

La polémica, no obstante, no se ha quedado solo en Madrid. El diputado del Congreso Íñigo Errejón (Más País) denunció en su perfil de Twitter que "un Gobierno está para proteger a su gente, no para dejarla morir". "Ayuso y su Gobierno deben asumir responsabilidades", exigió. Gloria Elizo, vicepresidenta tercera de la Cámara Baja y miembro de la formación morada, aseguró que la exclusiva publicada por este diario desvela "graves hechos" que "requieren una solución rápida y la depuración de responsabilidades políticas y criminales". Zaida Cantera, diputada socialista, criticó también a través de Twitter que el Gobierno de Ayuso establecía si los ancianos "vivían o morían". "Decidieron abandonarles", lamentó.