Es la vivienda, si se atreven
Llevamos meses conviviendo con realidades contrarias e insostenibles. Se venden más pisos que en el boom y cada vez más caros. Los precios del alquiler baten récords, muchas familias no pueden asumir la subida de las hipotecas y otra mayoría de jóvenes no puede acceder a una vivienda. Los últimos datos arrojan que alquilar es inasumible en 25 provincias, donde el esfuerzo financiero supera el 30% de los ingresos. Los banqueros centrales de Alemania y España anticipan nuevas subidas de tipos en una entrevista conjunta. Los bancos empiezan a cerrar el grifo y un 20% de familias sufre estrés hipotecario. Noticias aparentemente sueltas, donde los dirigentes se resisten a unir los puntos y se ponen de perfil con respuestas insuficientes. La Ley de Vivienda da vueltas en el Congreso como si no fuera lo más importante para cerrar el año. Según Pedro Sánchez, ya ha cumplido. Y la derecha no se mueve de las tesis de las patronales inmobiliarias y el blindaje de los propietarios.
El mayor golpe al poder adquisitivo de las familias en España es la vivienda. Un derecho fundamental y un asunto estructural (...) El resultado es una España cada vez más desigual, donde la brecha está entre propietarios y quienes alquilan
El acceso a la vivienda nunca ha estado en el programa del PP, pero ha sido bastión de las corrientes que armaron la coalición de Gobierno. Aznar liberalizó el suelo pero la burbuja estalló con Zapatero. Después llegó la gran recesión, los miles de desahucios, el 15M. De la PAH y V de Vivienda hasta los ayuntamientos del cambio en las elecciones que marcaron el fin de ciclo del PP. Y aun así, ahí sigue la primera Ley de Vivienda de la democracia, símbolo de la coalición, sin aprobarse.
Ante las circunstancias adversas —pandemia, shock inflacionista, invasión de Ucrania— el Gobierno ha priorizado siempre el escudo social, un despliegue de medidas eficaz y más justo que el mantra simplista de la bajada de impuestos como milagro contra la crisis. Son tiempos excepcionales que han cambiado los paradigmas políticos y económicos. Medidas que parecían impensables y ahora son corriente hegemónica, empezando por la defensa del Ejecutivo de limitar el precio del gas. Pedro Sánchez ha conseguido no solo la excepción ibérica, sino que ha contribuido a impulsar políticas energéticas europeas conjuntas, con más intervención en los mercados e impuestos extraordinarios a la riqueza y a la banca y energéticas. Las medidas estructurales están dando sus frutos frente a una oposición incapaz de desplegar una alternativa económica.
Pero falta esta parte de la agenda crucial por abordar. El mayor golpe al poder adquisitivo de las familias en España es la vivienda. Un derecho fundamental y un asunto estructural donde no hay ejecutivo que se atreva a poner freno. El resultado es una España cada vez más desigual, donde la brecha está entre propietarios y quienes alquilan; entre los que heredan o pagan la hipoteca hasta su jubilación; entre los rentistas que se benefician y los jóvenes que se hacinan en sus casas.
El mercado de la vivienda está tan roto como el mercado eléctrico. Y como la riqueza en España se concentra en el sector de la vivienda, no se puede abordar el aumento de la desigualdad sin intervenir el mercado inmobiliario. El nuestro está tan roto que donde hay empleo no hay un alojamiento asequible y donde es posible pagar un alquiler, no hay empleo. En un Estado de bienestar maduro, tiene que abordarse como un derecho y no como un vehículo financiero.
En el minuto-resultado de la tramitación de la ley, el PSOE de momento no da el paso del escudo social al de la vivienda. Y eso que, con lo que queda de crisis económica, es una agenda ganadora, si se atreven. Las presiones de la banca y las patronales inmobiliarias las percibimos aun sin saber hasta dónde llegan. Y las autonómicas han vuelto a colocar a PSOE y UP en las antípodas. Patxi López defendiendo el desalojo exprés en las ocupaciones, Rafael Mayoral promoviendo que la Sareb devuelva los pisos vacíos que ya se pagaron con dinero público y se cedan a las comunidades autónomas. La Ley de Vivienda no es solo una agenda de éxito para la coalición. Como dice un asesor conocedor del asunto, serviría de pegamento y movilizaría a ambos electorados. Mientras, el PP seguirá apostando por un modelo donde los ciudadanos se embarguen durante 30 años mientras protege a grandes tenedores y especuladores.
