El sistema sanitario público que necesitamos
El Sistema Sanitario Público en España se está desmantelando. Tras gozar de un gran prestigio internacional hace pocos años, alcanzar cotas notables de calidad y eficacia y ser muy bien valorado por los ciudadanos, la situación actual empieza a ser dramática. Las listas de espera sanitarias en muchas zonas del país alcanzan niveles escandalosos, la privatización sanitaria es cada día mayor a pesar de las evidencias de que ello conlleva peores resultados en salud y solo el 55 % de los ciudadanos considera que su funcionamiento es óptimo aunque precisa cambios de mejora.
Por todo ello, creemos que son necesarios cambios decididos hacia otra política sanitaria, de cobertura estatal, que revierta los deterioros actuales antes de que estos sean ya irreversibles. Las medidas y propuestas para ello que creemos fundamentales son las siguientes:
1.El marco conceptual: Sanidad 100 % pública, de calidad, gratuita y universal.
Todo el sistema sanitario debe ser público, financiado con impuestos de forma progresiva según capacidad de todos los ciudadanos. Debe tener alta calidad y capacidad y, por tanto, estar adecuadamente dotado en medios técnicos y humanos. Debe ser gratuito para el ciudadano en el momento de su uso y equitativo. Cualquier español debe tener derecho al uso del Sistema Sanitario Público.
2. Aumentar los presupuestos para Sanidad Pública en todo el país.
El Gasto Sanitario Público (GSP) en España (2021) está muy lejos de los países con mayor influencia de la UE. El % sobre el PIB del GSP que tenemos (7,6 %) está en el lugar 11 de los países comunitarios, muy alejado de Alemania (11 %), Francia (10,45 %) o Suecia (9,59 %) por ejemplo e inferior al medio de la UE (8,83 %). Y este índice solo ha aumentado a partir del año 2020; previamente había evolucionado en disminución a partir de 2009.
3.Se establecerá por Ley que los presupuestos sanitarios tienen que ser Finalistas, para todas las Comunidades Autónomas (CCAA).
El importe presupuestado en Sanidad tiene obligadamente que invertirse en Sanidad.
4.Se establecerá por Ley la derogación definitiva de la posibilidad de derivar presupuestos sanitarios públicos a entidades privadas.
Desde la Ley 15/1997 y a pesar de haber existido varias modificaciones legales se sigue permitiendo la dinámica de derivas de forma incontrolada de presupuestos sanitarios públicos a entidades privadas, que además tienen escasas auditorías externas que confirmen sus niveles de calidad.
5.Se establecerá por Ley que hospitales privados no puedan convertirse en referentes para asistencia Sanitaria Pública.
Actualmente hay ejemplos de ello que nos parecen innecesarios e inapropiados (funcional y presupuestariamente).
6.Se establecerá por Ley la recuperación por la Administración Pública todos los centros sanitarios que en su día fueron cedidos a la gestión privada (en mayor o menor grado) y la prohibición de que esto no pueda ser realizado en todo el territorio nacional.
Uno de los ejemplos más característicos de esto fue el diseño de gestión privada del hospital de Alzira y su rotundo fracaso, la recuperación del centro por la Administración Pública y la mejoría de su rendimiento que ello trajo consigo.
7.Se establecerá por Ley que todos los centros Sanitarios Públicos deben tener su PLANTILLA ESTRUCTURAL DEFINIDA (por servicios y especialidades), que tiene que ser actualizada periódicamente y ser pública.
Los ciudadanos tienen que conocer los recursos de su centro sanitario y estos recursos no pueden ser disminuidos (plantillas incluidas) de forma silenciosa por ninguna Administración.
8.Se establecerá por Ley la realización ANUAL de CONCURSOS PÚBLICOS de las plazas vacantes para todos los centros sanitarios de todas las CCAA.
Los ciudadanos tienen que conocer los recursos de su centro sanitario y estos recursos no pueden ser disminuidos (plantillas incluidas) de forma silenciosa por ninguna Administración
La precariedad de médicos y otros trabajadores sanitarios en el Sistema Sanitario Público español es notable, observándose hoy situaciones tremendamente aberrantes. Por ejemplo la mitad de los trabajadores de la sanidad pública en España son interinos, permaneciendo esta situación hasta edades avanzadas del profesional. Ello, junto a salarios bajos y sobrecarga de trabajo (a veces extrema) dado que las plantillas son cada vez más recortadas hacen que muchos médicos y enfermeras españoles opten por la emigración a otros países. La realización de concursos públicos ANUALES hará que la mayoría de los profesionales tengan estabilidad laboral garantizada, evitando la “huida” fuera del país que los formó. Esto, junto a una política de remuneraciones justa y razonable hará que las plantillas de profesionales de los centros sanitarios sean adecuadas.
9.Se establecerá por Ley una distribución de infraestructuras técnicas y humanas de forma lógica pero equitativa con la distribución de la población en los territorios.
No puede haber un hospital en cada pueblo. No puede haber un servicio de cirugía cardiaca en todos los hospitales. Pero no puede haber grandes discriminaciones territoriales en cuanto a infraestructuras técnicas y/o humanas que debieran ser equitativas. Entre otras razones, porque todos pagamos los mismos impuestos. Es responsabilidad de cada Administración la publicación de mapas sanitarios que demuestre esta equidad de infraestructuras técnicas y humanas en los territorios bajo su competencia. Ello es fundamental para que las desigualdades en Salud que existen actualmente entre determinados territorios del país se reduzcan.
10.Se establecerá por Ley la INCOMPATIBILIDAD en el ejercicio médico entre el sector público y el privado.
No sólo para los jefes de servicio y sección sino para todos los médicos que trabajan en la Sanidad Pública. De esa forma se evitarán los efectos perversos de los potenciales conflictos de intereses que pudieran existir en la actualidad.
Por otro lado es falso que trabajar en la medicina privada te permite hacer mejor carrera profesional. En la mayoría de las circunstancias, se trabaja también en la privada para ganar más dinero. Se estima que en España un 37,4% de los médicos compatibilizan el trabajo en la Sanidad Pública con la actividad privada. Muchos cargos de las Administraciones Públicas no pueden desarrollar otra actividad laboral privada, impedimento regulado por ley y así debería ser también para los médicos. Existen conflictos de intereses obvios al trabajar en los dos ámbitos hecho reconocido por muchos profesionales de la Medicina. Este es un debate muy importante que ya ha sido planteado y cabe preguntarse ¿Se puede trabajar a pleno rendimiento con dos jornadas laborales diarias?; ¿Existe un riesgo de que en una de esas jornadas se trabaje con menor intensidad para así reservarse para la siguiente?; ¿Existe el riesgo de que sea la jornada de trabajo en la pública la de menor compromiso?; ¿Existe el riesgo de perversiones en esta dinámica aprovechando el sector público como reclutamiento de pacientes para la actividad privada?; ¿Existe el riesgo de parasitismo, es decir, utilizar la pública para los análisis, las exploraciones complementarias y las medicaciones necesarias en la práctica privada?; ¿Y dado que hay pacientes y personal médico que comparten ambos sistemas, existe el riesgo de que el profesional privado pueda adelantar en las listas de espera públicas a su paciente privado? Si algunas respuestas a estas interrogantes fueran afirmativas, lo último sería ¿Por qué tenemos que asumir dichos riesgos?.
11.Se establecerá por Ley un plazo (no superior a 3 años) para que los profesionales del sistema Público con actividad privada añadida abandonen ésta y que los profesionales con dedicación única pública perciban un Complemento de Exclusividad, mientras se implanta el sistema de Incompatibilidad absoluta entre los entornos público y privado.
12.Se establecerá por Ley EL TIEMPO MÁXIMO DE ESPERA para la atención médica, para pruebas diagnósticas y para tratamiento quirúrgico.
Cada tiempo de espera máximo será acorde con la trascendencia potencial de la misma para el enfermo. Las personas que superen esos tiempos máximos deben ser consideradas como prioritarias y deben estar establecidos los métodos para que la asistencia pendiente se haga rápidamente.
Actualmente, en España las listas de espera se han convertido en un problema sanitario de primer orden. En todo el país la situación de la espera sanitaria es grave. Pero en algunas CCAA el problema ha llegado ya a límites escandalosos. Las consecuencias de un excesivo retraso diagnóstico y de la aplicación de las medidas terapéuticas necesarias son distintas dependiendo de la índole de la enfermedad causal, pero habitualmente ese retraso tiene consecuencias muy serias para la persona. Otro hecho, quizás menos nombrado, es el notable sufrimiento personal que induce la espera sanitaria. Cuando una persona nota que está enferma y los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos se alargan excesivamente, esa espera se convierte en una tortura continua.
13.Se establecerá por Ley que en los hospitales públicos existan, de forma evaluada según las listas de espera del centro, TURNOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE MAÑANA y TARDE, pero con profesionales diferentes en cada turno.
Se aumentarán las plantillas lo necesario para ello. De esa forma los horarios efectivos asistenciales se incrementarán sustancialmente y se reducirán las esperas sanitarias. No se podrían hacer conciertos con los centros privados mientras los hospitales públicos estuvieran a medio gas. Esto no solo es posible, sino que se ha estimado que es mucho más rentable y eficiente que enviar pacientes a que sean atendidos por entidades privadas concertadas.
14.Se establecerá por Ley la prohibición de las “peonadas” hospitalarias, es decir, los mismos profesionales médicos que trabajan por la mañana no pueden continuar por la tarde.
Las experiencias antiguas que ya existen demuestran que no reducen las esperas sanitarias porque los rendimientos laborales por las mañanas disminuyen notablemente.
15.Se establecerá por Ley una NUEVA POLÍTICA DE CONCIERTOS del Sistema Sanitario Público con entidades privadas.
Los Centros Sanitarios públicos deberán ser autosuficientes para ofrecer una asistencia sanitaria de alta calidad. Un concierto o una externalización con una empresa privada solo puede admitirse en el caso de ser imprescindible y con carácter subsidiario: el contrato debe tener una fecha de caducidad no superior a 5 años. En ese tiempo el centro público debe tener resuelta su capacitación para ser autosuficiente.
Ya está demostrado que la utilización de empresas privadas para la prestación de servicios sanitarios ofrece peores resultados en Salud. Así, una investigación realizada en una extensa área de Italia demostró cómo el aumento de financiación en las instituciones sanitarias públicas se asociaba a una notable disminución de la mortalidad evitable de la población atendida. Por el contrario, una financiación mayor a centros sanitarios privados asociados no suponía ningún beneficio en términos de mortalidad. En el Reino Unido, los resultados de un estudio posterior publicado por investigadores de la universidad de Oxford, demuestran como desde 2013 las cifras anuales de muertes evitables en Inglaterra han aumentado. Y ello se asoció de forma significativa con el aumento de la asistencia externalizada en entidades privadas durante el mismo periodo.
16.Es absolutamente imprescindible y urgente el establecimiento por Ley de un PLAN ESTATAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
La Atención Primaria (AP) es el nivel fundamental del Sistema Sanitario Público y actualmente está afectado por una profunda crisis. El gasto sanitario público en AP es actualmente (2021) en España de 14,17 % del GS total. Lo recomendable es que sea del 25 %. La AP en nuestro país sufre una disminución de plantilla extraordinaria: de al menos 8.000 médicos y unas 15.000 enfermeras.
17.Tiene que redefinirse por Ley el funcionamiento de los Centros de Salud en los aspectos que son fundamentales para una correcta asistencia a los ciudadanos.
Todas las primeras consultas clínicas de AP deben ser presenciales y la mayoría de ellas deben ser atendidas dentro de las 48 h (días hábiles) de su solicitud. Y tiene que ser posible que cualquier paciente acuda por motivos urgentes al Centro de Salud y pueda ser atendido en el propio día de su padecimiento aunque sea por otro profesional distinto a su médico de Familia. Todo ello no sólo es justo, sino rentable en múltiples aspectos. Son muchas las investigaciones que han comprobado que una mayor continuidad en AP a los pacientes es muy eficiente, dado que se producen menos hospitalizaciones y menos gasto farmacéutico, con el ahorro económico que ello implica. Pero es más, se ha demostrado de forma rotunda que un mayor seguimiento por el médico de AP disminuye notablemente la visitas a Urgencias y la mortalidad de la población atendida.
18.Se establecerá por Ley cuándo emplear consultas clínicas telefónicas.
Se ha comprobado que las consultas telefónicas son inapropiadas en las personas de mayor edad, que son las que más necesidad tienen de su médico de AP. La potencialidad diagnóstica de la consulta presencial es muy superior a la telefónica.
19.Es absolutamente imprescindible y urgente el establecimiento por Ley de un PLAN ESTATAL DE SALUD MENTAL dentro del Sistema Sanitario Público.
La atención pública a la Salud Mental en España es muy deficiente. Los principales problemas que presenta son:
1) La falta de profesionales. España ocupa el lugar 25 (13,05/100.000 hab) en cuanto al número de psiquiatras en la UE y el 14 (5,1/100.000 hab) en cuanto al número de psicólogos clínicos.
2) Estigmatización.
3) Desigualdad en la atención, mucho peor en áreas rurales y diferencias de unas regiones a otras.
Los problemas psicológicos y psiquiátricos en la población son muy frecuentes y la espera tras solicitar atención muy prolongada: Solo el 26,8% pudo ser atendido dentro del mes de la solicitud de asistencia.
20.Se establecerá por Ley que las Adicciones tienen que ser atendidas en los Servicios Sanitarios Públicos.
21.Se establecerá por Ley una regulación del Gasto Farmacéutico que posibilite su control público.
22.Se establecerá por Ley la existencia de Subastas Públicas de medicamentos en las Comunidades Autónomas.
23.Se establecerá por Ley la existencia de los CONSEJOS DE SALUD con representación social a nivel de Centro de Salud, Área, Distrito, Hospital y municipio, que se reunirán al menos dos veces al año, para que la participación de la ciudadanía sea real y efectiva.
24.Se establecerá por Ley en todos los centros sanitarios la creación de un ÓRGANO TÉCNICO PROFESIONAL con representación de todos los estamentos competentes y con la función principal de velar y garantizar la calidad asistencial en todos sus aspectos.
25.Se establecerá por Ley la potenciación de los Servicios de Salud Pública y Epidemiología Clínica y Social.
Dada la preocupante evolución de la Sanidad Pública española en estos momentos, creemos que debe establecerse un nuevo marco legislativo que garantice la universalidad, la gratuidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud al igual que su carácter completamente público (no solo la financiación, sino también los servicios). Ello además garantizaría la equidad asistencial en todo el Estado y evitaría el desmantelamiento o la privatización en mayor o menor grado por un gobierno de alguna Comunidad Autónoma concreta. Creemos que es necesaria una acción política amplia, valiente y decidida y nos parece imprescindible que se haga ahora. Para eso votan los ciudadanos a alternativas políticas que se suponen progresistas. Las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas, pero el marco legal que define el Sistema Nacional de Salud del futuro debe volver a ser establecido completamente para todo el país y anular normativas del pasado facilitadoras de privatizaciones. Los técnicos deben establecer los métodos, pero si fuera preciso debe promulgarse una nueva Ley General de Sanidad. Y si fuera necesario, debe hacerse un referéndum nacional para su ratificación.
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Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Antonio Vergara de Campos, es ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real y José Antonio Brieva Romero es ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. Los tres pertenecientes a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.
