Justicia universal
12 causas sin justicia
La reforma de la justicia universal, cuyo trámitación parlamentaria fue aprobada este martes en el Congreso con los votos del PP, limitará hasta la asfixia la competencia de los tribunales españoles para investigar delitos de rango internacional. La nueva legislación impedirá no sólo la apertura de nuevas investigaciones de este tipo de crímenes, sino también el archivo automático de las que ya están en marcha.
La proposición de ley del PP pretende restringir la investigación de los delitos de genocidio o de lesa humanidad solo a los casos en los que la causa se dirija contra ciudadanos españoles o contra extranjeros que residan en nuestro país. Exige además que la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento en el que se produjeron los hechos y que simultáneamente la persona a la que se les imputen se halle en España.
En el mandato de Zapatero, la justicia universal sufrió un primer tijeretazo. A partir de entonces fue preciso que las víctimas tuvieran "algún vínculo de conexión relevante con España". Esto provocó que se cerrara una causa que constituía un quebradero de cabeza para el Gobierno socialista, la abierta contra exdirigentes israelíes por un bombardeo sobre Gaza en el que murieron 14 civiles.
Los tribunales españoles mantienen en la actualidad abiertas 12 causas para enjuiciar delitos como genocidios, torturas o crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de las fronteras españolas. Su vida se presume corta ya que los cambios en la legislación supondrán un carpetazo a la justicia universal.
1. GENOCIDIO EN TÍBET
El expresidente chino Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng son dos de los cinco líderes comunistas chinos investigados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ordenó el pasado lunes su busca y captura por presuntos delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad cometidos en el Tibet durante las décadas de los 80 y los 90.
Según el magistrado, Jiang Zemin supervisó y autorizó de forma directa los abusos cometidos sobre la población del Tíbet y es, por tanto, responsable de actos de tortura y violación de derechos humanos contra la población tibetana.
Thubten Wangchen, el monje budista que presentó la denuncia contra el expresidente chino Jiang Zemin, lamentó el pasado miércoles la iniciativa del Gobierno español que limita la justicia universal. Para Wangchen, la reforma legislativa responde a las presiones de Pekín para cerrar la investigación sobre los abusos de derechos humanos en el Tíbet.
2. CASO COUSO
El cámara José Couso fue asesinado en Irak en 2003 por un ataque estadounidenses contra el hotel donde se alojaba la prensa internacional en Bagdad. Sus familiares presentaron el 8 de abril del mismo año una querella en la Audiencia Nacional contra tres de los militares norteamericanos que participaron en la operación.
"O se está del lado de los derechos o del lado de la impunidad", señaló el abogado de la familia, Raúl Maíllo, ante la iniciativa del PP. "Los que tramiten esta norma tendrán que mirar a los ojos a las víctimas y explicarles qué es lo que les motiva a afirmar la impunidad en un texto legislativo", subrayó.
Javier Couso, hermano del cámara fallecido, recordó que la familia lleva once años con un procedimiento judicial que sigue adelante pese a "todos los escollos" puestos por los gobiernos español y estadounidense, además de la Fiscalía. Tras reunirse con el portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, y con representantes del Grupo Socialista, Couso pidió "amparo para que el caso no se cierre en falso".
3. GENOCIDIO EN SAHARA
En septiembre del 2006, diferentes asociaciones de defensa de los derechos humanos y familiares de presos y desaparecidos saharauis presentaron ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra 31 exgobernantes y exresponsables militares marroquíes. El escrito denunciaba delitos de genocidio, asesinato, torturas, detenciones ilegales y lesiones practicadas por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.
Los querellantes contabilizaron 542 desaparecidos, la mayoría de ellos tenían la nacionalidad española cuando fueron expulsados de sus hogares. La denuncia presentada ante la Audiencia subrayaba que "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui".
La exhumación de los cadáveres de ocho saharauis que fueron asesinados el 12 de febrero de 1976 por militares marroquíes durante la ocupación de la antigua colonia española del Sáhara Occidental desveló la procedencia española de todos ellos el pasado mes de diciembre. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomaba declaración este mes a dos peritos que ratificaron la ciudadanía española de los cadáveres. El magistrado investiga esta causa amparado por el principio de la justicia universal.
4. HOLOCAUSTO
El 17 de julio de 2008 Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional, inició una investigación sobre el Holocausto nazi. Tras admitir a trámite una querella interpuesta por supervivientes españoles contra cuatro miembros de las SS de los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg que ahora residen en EEUU, el magistrado emitió un auto determinando un delito de genocidio "que debe ser investigado por la jurisdicción española" en base al principio de justicia universal.
Antes de que la justicia española se hiciera cargo de la causa, ningún otro tribunal fuera de España había decidido perseguir estos hechos.
5. GENOCIDIO EN GUATEMALA
"Creo en la justicia universal, creo que las víctimas hemos cargado nuestro dolor y tiene que haber justicia". Con estas palabras, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú entregaba en 1999 una denuncia en la Audiencia Nacional de Madrid contra ocho personas, entre ellas el golpista José Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante las dictaduras en Guatemala.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico cifró en 200.000 las víctimas de 36 años de Gobiernos militares en Guatemala. En el 93% de los casos se trataba de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y los paramilitares.
El asalto a la Embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980, durante el cual murieron 37 personas, entre ellas tres ciudadanos españoles, junto a los asesinatos de sacerdotes españoles permitieron llevar hasta la Audiencia Nacional, y posteriormente al Supremo, la causa de la premio Nobel. Menchú aseguró que hasta su llegada a España no había hallado sino "negación de la justicia". Recurrió entonces a los tribunales españoles "porque en algún rincón del mundo tiene que haber justicia".
6. VUELOS DE LA CIA
El 12 de junio de 2006, el juez Moreno comenzó a investigar las presuntas escalas en el aeropuerto de Palma de Mallorca de aviones de la CIA con unos peculiares pasajeros: supuestos terroristas islámicos detenidos por las fuerzas estadounidenses que eran trasladaos de unas cárceles secretas a otras.
En los fundamentos jurídicos, el magistrado argumentó que "nos encontramos ante la hipótesis de que a lo largo de los años 2004 y 2005, miembros de servicios de inteligencia extranjeros habrían llevado a cabo detenciones de presuntos terroristas en otros países y utilizando aeronaves los habrían retenido ilegalmente y trasladado hasta determinados lugares, también de países extranjeros, en cuyo iterario efectuaron escalas en diversos aeropuertos españoles para la materialización y culminación de tales presuntas actuaciones ilícitas".
Para justificar la competencia de la Audiencia Nacional sobre el caso, Moreno señaló que el delito de tortura y "otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes" son infracciones de persecución universal.
7. GENOCIDIO EN RUANDA
En febrero de 2005 el juez Fernando Andreu admitió a trámite una denuncia contra 69 altos cargos de Ruanda por el asesinato de nueve españoles y cuatro millones de ruandeses entre 1994 y 2000. Tras la investigación el magistrado ordenó en 2008 la detención de 40 militares del país centroafricano.
Seis misioneros y tres cooperantes de Médicos del Mundo fueron supuestamente asesinados por los tutsis tras presenciar el exterminio de cientos de personas. Andreu investiga la masacre tutsi sobre los hutus. Los acontecimientos fueron fruto de la represalia por el genocidio cometido por los segundos sobre los primeros durante los primeros años de la década de los 90. Distintas organizaciones estiman que alrededor de 800.000 tutsis fallecieron a manos de los hutu.
8. ASESINATO DE CARMELO SORIA
El 24 de mayo de 2012, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al magistrado Pablo Ruz el procesamiento de siete exresponsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Los acontecimientos tuvieron lugar el 14 de julio de 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista imputó delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal a los siete integrantes de la brigada Mulchen del servicio secreto chileno. Dicho destacamento respondía a las órdenes de la Junta Militar de Gobierno y, "más tarde y exclusivamente", a las del general Pinochet.
La Audiencia Nacional se declaró competente para perseguir estos hechos gracias a que Soria tenía la nacionalidad española. Bautista subrayó además que la investigación abierta en Chile fue archivada en virtud de la Ley de Amnistía aprobada en el país sudamericano en 1978 y, por lo tanto, no existía investigación al respecto.
9. ASESINATO DEL JESUITA ESPAÑOL IGNACIO ELLACURÍA
El 16 de noviembre de 1989, tuvo lugar el asesinato de seis jesuitas, entre los que se encontraba Ignacio Ellacuría y dos de sus colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en El Salvador. En 2008 el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesaba y ordenaba la captura internacional del que por aquel entonces era ministro salvadoreño de Defensa, Rafael Humberto Larios, y los 19 militares que idearon, organizaron y perpetraron la matanza.
El magistrado consideró que todos los implicados habrían cometido presuntos delitos de asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad al haber aprovechado un "contexto inicial de guerra" para culminar una "vulneración de derechos humanos" de carácter "xenófobo" que tuvo como único objetivo a los jesuitas de la UCA.
10. LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD DE GAZA
Dos cooperantes españoles que viajaban a bordo de la denominada Flotilla de la Libertad atacada por el Ejército israelí mientras transportaban 10.000 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza presentaron una querella criminal en la Audiencia Nacional contra el Gobierno de Tel Aviv el 23 de julio de 2010. En su denuncia, Manuel Tapial y Laura Arau acusaban a las autoridades israelíes de haber cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en el asalto armado que acabó con la vida de nueve ciudadanos turcos.
Durante el asalto, el 31 de mayo de 2010, hubo víctimas españolas, por lo que la Audiencia Nacional se declaró competente para juzgar el caso.
11. ATAQUE AL CAMPO DE REFUGIADOS DE ASHRAF
El 1 de diciembre de 2009 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu remitió una comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales de Irak para investigar el asesinato de 11 personas de nacionalidad iraní, así como los daños provocados a más de 500 personas en el campo de refugiados de Ashraf en Irak. Los hechos tuvieron lugar el 28 y 29 de julio de 2009 tras una acción llevada a cabo por las fuerzas especiales de seguridad iraquíes.
La querella se sostiene en que el ataque contra el campo de refugiados podría constituir un delito contra la comunidad internacional. Los 11 asesinatos, las 36 detenciones ilegales, y los 480 delitos de heridas graves, torturas y daños, violarían el IV Convenio de GinebraIV Convenio de Ginebra, suscrito el 20 de agosto de 1949 y ratificado por España e Irak en 1977, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra.
La Fiscalía solicitó el archivo de la causa al considerar que la Audiencia Nacional solo puede investigar este tipo de hechos "cuando se acredite que sus presuntos responsables se encuentran en España, existan víctimas de nacionalidad española o concurra algún vínculo de conexión relevante" con nuestro país.
12. FALUN GONG
El 6 de junio de 2006 el Tribunal Supremo estimó el recurso del movimiento de Falun Gong, práctica espiritual prohibida por China en 1999, y ordenó a la Audiencia Nacional la investigación de la muerte entre 1999 y 2002 de sus seguidores.
La decisión del Supremo estuvo motivada al entender que el recurso era anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2005, estableció que la Justicia española era competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aun cuando no haya víctimas españolas.
La querella fue presentada en septiembre de 2004 por 15 personas contra Jia Qinglin, presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y exsecretario del Comité Municipal del Partido Comunista en Pekín, por supuestos delitos de genocidio y torturas.
