Las 67 palabras que bloquean la entrega de Puigdemont en la batalla jurídica que acaba de comenzar

Cuando están a punto de cumplirse cuatro años del referéndum independentista del 1-O y de la posterior declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán, Carles Puigdemont ha sido detenido en la isla italiana de Cerdeña en virtud de la orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por el Tribunal Supremo. Los precedentes y la complejidad jurídica del asunto no permiten anticipar una posible extradición y se unen además las dudas que han surgido sobre la efectividad de esa orden y que planteará la defensa del expresident para tratar de desactivar este nuevo intento de la justicia española de sentarle en el banquillo acusado de sedición y malversación.

La clave de esas dudas está en 67 palabras de una resolución del Tribunal General de la UE (TGUE) del pasado 30 de julio que confirmaba la pérdida de inmunidad de Puigdemont como diputado del Parlamento Europeo. A priori, puede parecer que una cosa no está relacionada con la otra, pero ese auto incluye una apreciación formulada por "autoridades españolas" que ahora pueden dar al traste con la entrega. Al menos, es una de las estrategias que va a utilizar la defensa del expresident catalán para poner en tela de juicio su detención y pedir que se rechace la OEDE.

De momento, Puigdemont esperará en libertad el procedimiento en Cerdeña y la decisión de la Justicia italiana. "No hay ninguna medida cautelar. Puede viajar a donde quiera", informó Agostino Marras, el abogado italiano que asiste a Puigdemont en la isla italiana desde que fue detenido el jueves, en declaraciones a Europa Press.

Detención legal, pero inmunidad intacta

La jueza ante la que ha comparecido este viernes tras ser detenido por la policía considera que el expresident, en su condición de parlamentario europeo, sí goza de "inmunidad intacta" para desplazarse por la UE por motivo de su cargo. Además, sostiene en su auto, consultado por infoLibre, que no adopta ninguna medida cautelar contra él para no comprometer "gravemente el derecho del derecho del detenido a viajar libremente para asistir a las reuniones del reuniones del Parlamento Europeo". Y también destaca que la Justicia europea ya apuntó que las órdenes de detención estarían actualmente suspendidas. Eso sí, subraya que la detención en la localidad de Algero "se realizó dentro de los términos y condiciones establecidas por la ley", al saltar una alerta policial por la existencia de la OEDE del Supremo.

El procedimiento en Italia no ha hecho más que comenzar: el expresident aún tiene que ir a declarar el próximo 4 de octubre, a las 11.30 horas, y será un tribunal, y no un sólo magistrado, el que tome la decisión final de si accede o no a la entrega a las autoridades judiciales españolas.

Para entender lo que está pasando y las dudas jurídicas que pueden surgir durante el proceso de tramitación de la OEDE hay que remontarse a principios de este año, cuando la Justicia belga rechazó definitivamente la entrega a España del exconseller Lluís Puig, uno de los huidos junto a Puigdemont. El juez Llarena, instructor de la causa del procés, planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que determine el alcance de las euroórdenes dictadas contra Puigdemont y el resto de los consellers de su Govern que se marcharon a Bélgica justo antes de que la Fiscalía presentara la querella por rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

En esas mismas fechas, el Parlamento Europeo aprobó la retirada de la inmunidad de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, aceptando así el suplicatorio emitido por el Tribunal Supremo para que pudieran ser juzgados en España. La decisión fue confirmada el 30 de julio por el Tribunal General de la UE (TUE) ante las alegaciones presentadas por los exdirigentes catalanes. Los magistrados consideraron entonces que devolverles cautelarmente la inmunidad no estaba justificado, puesto que no afectaba a sus desplazamientos y que tampoco quedaba acreditado que pudieran ser detenidos de forma inminente.

Palabra de las "autoridades españolas"

Aquí empieza el quid de la cuestión. En su resolución, el tribunal europeo señalaba que las "autoridades españolas" manifestaron "expresamente" que la remisión de las prejudiciales "implicaba la suspensión de las órdenes de detención nacionales e implicaba la suspensión de todos los procedimientos de ejecución de una euroorden susceptible de ser iniciada". También añadía que las mismas autoridades españolas indicaron que "ningún tribunal de la Unión podría ejecutar las órdenes de detención europeas hasta que el tribunal (europeo) dictara sentencia". Esto significaría, según ha explicado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que la euroorden contra él no era "ejecutable" en toda la UE salvo en España, donde siempre ha estado en vigor.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Justicia qué "autoridades españolas" se dirigieron al TUE, si fue la Abogacía del Estado, y si fueron esas exactamente las palabras que expresaron, pero no ha obtenido respuesta. Nadie del Gobierno ha dicho nada concreto al respecto.

Y es que en el Tribunal Supremo mantienen otra versión. Por un lado, sostienen que las euroórdenes nunca se desactivaron, por lo que los exdirigentes catalanes estaban expuestos a ser detenidos en cualquier país europeo. La única excepción es Bélgica, precisamente porque, según explican las fuentes consultadas por este periódico, es donde sí estarían suspendidas las órdenes a la espera de la resolución de la cuestión prejudicial.

Así lo ha defendido el juez Llarena en la documentación que ha remitido a Cerdeña tras serle comunicada oficialmente la detención de Puigdemont. Aparte de enviar la OEDE que dictó en su momento por delitos de sedición y malversación, así como la cuestión prejudicial ante el TJUE, apunta en un oficio que la orden de detención y entrega está "actualmente en vigor".

Sobre esta controversia acerca de si la euroorden contra Carles Puigdemont sigue o no activa, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha limitado a afirmar que "el Gobierno debe respetar las resoluciones judiciales, sus procedimientos y sus tiempos y serán las autoridades judiciales quienes determinen el estado en el que se encontraba Puigdemont".

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Lo que se abre ahora es un procedimiento en Italia que deberá dirimir si la OEDE estaba suspendida o no y, por tanto, si la detención del expresident catalán en Cerdeña ha sido legal o no. Se ha activado así la Ley 3/2003 que regula la orden europea de detención y entrega, que establece unos plazos precisos para resolver. Así, se constituye que si la persona reclamada consiente la entrega, ésta se materializa en los diez días siguientes. En caso contrario, la decisión final ha de adoptarse en un plazo de sesenta días tras la detención, prorrogables otros treinta cuando haya razones justificadas.

Este tiempo que se abre, por tanto, será aprovechado por la defensa del expresident para ampliar su estrategia jurídica. Y así, Boye ha anunciado este viernes la presentación ante el TUE de un escrito para solicitar medidas cautelarísimas que frenen la entrega de a las autoridades españolas y confía en que la Justicia europea se pronuncie en un máximo de 72 horas. En ese mismo escrito, la representación de Puigdemont solicitará al tribunal un pronunciamiento sobre si su detención fue o no legal, ya que la resolución del 30 de julio también le daba esta posibilidad. 

"En la hipótesis de que, con posterioridad a este auto, el perjuicio alegado pudiera sobrevenir con probabilidad suficiente, especialmente en caso de arresto por una autoridad de un Estado miembro o de la puesta en marcha de una petición para su entrega a las autoridades españolas, podrán introducir una nueva demanda de medidas cautelares", según explicaba el auto del vicepresidente del TUE.