Así es Arabia Saudí: ejecuciones masivas, crímenes de guerra y mujeres discriminadas

El rey Felipe VI tenía previsto viajar este sábado a Arabia Saudí, en una visita que iba a durar dos días, para retomar la agenda exterior que postergó en enero como consecuencia de la situación política del país. Durante su estancia, el rey iba a estar acompañado por los ministros de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna. La reina Letizia no tenía previsto acudir al viaje, aunque en Zarzuela aseguran que la ausencia no respondía a una protesta por la violación de los derechos de las mujeres en el país.

En la mañana de este sábado, la Casa del Rey emitía un comunicado a los medios anunciando la suspensión de este viaje "debido al fallecimiento de Su Alteza Real el Príncipe Turki bin Abdulaziz Al Saud, hermano de Su Majestad el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud" (ver nota al cierre de esta página).

El viaje venía cargado de una oleada de polémica por la reiterada violación de los derechos humanos que han llevado a cabo las autoridades saudíes a lo largo de los últimos años. 

Un portavoz de Amnistía Internacional, ONG que envió una carta al monarca expresando su postura al respecto, asegura en conversación con infoLibre que no se opone a la visita, pero insiste en que "cualquier relación bilateral debe tener un componente de derechos humanos, no sólo de negocios". El viaje tiene como objetivo principal firmar un contrato por el que la empresa pública española Navantia construiría cinco corbetas para las Fuerzas Armadas saudíes. 

Estas son algunas de las principales cuestiones por las que el país se encuentra en el punto de mira de las organizaciones humanitarias de todo el mundo.

CRÍMENES DE GUERRA EN YEMEN

El 25 de marzo de 2015, una coalición de nueve Estados dirigida por Arabia Saudí inició una campaña de ataques aéreos contra el grupo armado huthi, que se había hecho con el control de amplias zonas de Yemen y derrocado al Gobierno. Tras la ofensiva, la coalición comenzó a efectuar numerosos ataques que causaron la muerte de población civil yemení. Según Amnistía Internacional, algunos ataques aéreos de la coalición violaron el derecho internacional humanitario y posiblemente constituyeran crímenes de guerra. 

"Los ataques a Yemen han dejado más de 7.000 muertos desde marzo de 2015, más de la mitad civiles", denuncia la organización, que subraya además el "embargo naval y aéreo que impide la ayuda internacional" y los bombardeos a zonas como "hospitales, escuelas o territorios habitados por civiles". Por ello, exige que "se cumpla con la legislación española de comercio de armas y con los tratados internacionales" para que España no venda armamento a Arabia Saudívenda armamento a Arabia Saudí. Es en este contexto, precisamente, donde se enmarcan los negocios con Navantia: "Pedimos a la delegación española que se oponga a este contrato, que no se lleve a cabo. Esos barcos de guerra podrían ser usados para alimentar el conflicto de Yemen", denuncia la ONG.

Alberto Estévez, coordinador de la campaña Armas Bajo Control, formada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, asegura que "en estos momentos el Gobierno español sabe que Arabia Saudí lleva 19 meses bombardeando indiscriminadamente". Estévez destaca que el Ejecutivo no tiene que "pensárselo dos veces", sino que la venta de armamento cuando hay sospechas de ser empleado para acometer crímenes de guerra "está sencillamente prohibida". El experto sostiene que los barcos de Navantia cuentan con "un riesgo muy claro" de ser empleados contra civiles, de forma que tacha la operación de "una ilegalidad flagrante".

discriminación de las mujeres

Amnistía Internacional señala la posición de las mujeres como uno de los principales focos del problema humanitario en el país saudí. En su informe sobre la situación en Arabia Saudí, correspondiente a los años 2015 y 2016, la organización denuncia que las mujeres y las niñas "siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica". Señala, asimismo, que las mujeres se encuentran subordinadas a los hombres en la legislación, especialmente en lo relacionado con asuntos familiares como el matrimonio o el divorcio, y que además no reciben protección adecuada contra la violencia machista, especialmente la de carácter sexual.

Arabia Saudí ha protagonizado escándalos que han traspasado fronteras en relación con las penas impuestas a las mujeres víctimas de las agresiones de género. Es el caso de la joven de 19 años violada por siete personas que fue condenada en el año 2015 a seis meses de cárcel y 200 latigazos.

Por otro lado, las leyes del país prohíben a las mujeres conducir, por no tratarse de un "asunto de mujeres", y les obliga a estar supervisadas por un familiar varón con la autoridad suficiente para permitirles trabajar –en el tipo de negocios que estime adecuado para ellas–, viajar o incluso estudiar en la universidad.

Aunque en diciembre del 2015 se permitió por primera vez a las mujeres votar y presentarse como candidatas en las elecciones municipales –ocuparon 21 escaños de los 2.106 totales–, la situación dentro de la política sigue siendo una odisea para ellas. En enero del 2016, dos mujeres elegidas como concejalas en la ciudad saudí de Yedá recibieron amenazas de muerte por pretender sentarse en la misma mesa que los hombres durante las reuniones municipales.

Pena de muerte y violación de los derechos humanos

Otra de las principales razones que convierten al país en uno de los lugares más cuestionados en lo que a derechos humanos se refiere es la imposición de la pena de muerte por parte de los tribunales saudíes. "Desde el año 2013 se han llevado a cabo más de 350 ejecuciones, y en el 2016 van más de cien", recalca Amnistía Internacional, que considera al país como "uno de los mayores verdugos del mundo".

Algunos de los delitos castigados con pena de muerte incluyen aquellos vinculados con la tenencia y tráfico de drogas, aunque no impliquen violencia, "con frecuencia en juicios sin garantías en los que no investigan adecuadamente" las denuncias de los acusados, que en ocasiones han manifestado haber sido víctimas de tortura, coacción y engaño para realizar confesiones falsas. Además, un documental de la cadena británica ITV denunció en marzo de este año las habituales ejecuciones realizadas en el país mediante prácticas como decapitaciones en plena calle y la exhibición de los cadáveres ante el público. 

En este sentido, Amnistía Internacional lleva meses denunciando la posible ejecución de Ali al Nimir, quien estaba a la espera de la pena por delitos cometidos cuando era menor de edad, algo que prohíbe la Convención de Derechos del Niño. "Pedimos al rey español que contemple este tema durante la visita, que Ali no sea ejecutado como paso previo para revertir el número" de condenas en el país.

Otro de los casos más paradigmáticos de los últimos años es el de la sentencia de muerte en noviembre del 2015 al artista y poeta palestino Ashraf Fayadh, tras haber sido declarado culpable de apostasía. Anteriormente, un tribunal de apelación había anulado su condena original de cuatro años de prisión y 800 latigazos. Por otro lado, en febrero de este año un tribunal condenó a un hombre a diez años de cárcel y a recibir 2.000 latigazos por expresar su ateísmo a través de las redes sociales. 

Ataques a periodistas y activistas

"Desde el año 2013 absolutamente todas las personas opositoras al régimen fueron encarceladas, silenciadas a fuerza de amenazas o forzadas a huir", señala Amnistía Internacional. La persecución incluye a activistas, blogueros, periodistas y a asociaciones de carácter social y político.

La ONG denuncia que, al concluir 2015, siete miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos –prohibida por las autoridades en 2013– se vieron obligadas a cumplir 15 años de prisión, "impuestos por cargos imprecisos y demasiado generales".

Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha acusado al Gobierno saudí de mantener un "asalto contra la libertad de expresión" mediante condenas como la aplicada el 21 de diciembre del 2015 a Zuhair Kutbi, un crítico que reivindicó la necesidad de llevar a cabo reformas políticas. El activista fue castigado con cuatro años de prisión, cinco años de limitación de viajes y 15 años de prohibición a comparecer en medios de comunicación.

En noviembre del pasado año, el activista Mijlif al Shammari fue condenado a dos años de cárcel y 200 latigazos por "sentarse con chiíes" en un intento por mejorar las relaciones entre ambas comunidades. Una represalia similar fue la impuesta al bloguero Raif Badawi, fundador del foro de Internet Liberales Saudíes Libres, condenado en 2014 a diez años de cárcel y recibir mil latigazos por "insultar al Islam". Badawi ha sido recientemente galardonado por el Parlamento Europeo con el premio Sájarov 2015.

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La persecución de las voces críticas afecta de forma directa a los periodistas que como Alaa Brinyi se manifiestan contrarios al régimen dictatorial. Brinyi fue condenado a cinco años de cárcel, ocho años de prohibición de viajar y 50.000 reales saudíes –aproximadamente 10.000 euros– de multa por publicar mensajes en Twitter a favor de los presos de conciencia y en apoyo al derecho de las mujeres a conducir.

ACTUALIZACIÓN: A las 11.00 de este sábado, 12 de noviembre, la Casa del Rey emitía el siguiente comunicado anunciando la suspensión de la visita: 

"Debido al fallecimiento de Su Alteza Real el Príncipe Turki bin Abdulaziz Al Saud, hermano de Su Majestad el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas del Islam, se suspende el Viaje Oficial de Su Majestad el Rey al Reino de Arabia Saudí, previsto para los días del 12 al 14 de noviembre de 2016".