"Bravuconadas" y "fanfarronerías": el juicio a Villarejo saca a la luz la "estafa" a sus clientes

Contrataron a José Manuel Villarejo y lo reconocen. Se lo dijeron a la Fiscalía Anticorrupción, con la que alcanzaron hace ya meses un acuerdo para acorralar al comisario jubilado, y así lo confirmaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga las actividades supuestamente ilegales del expolicía. Pero además, coincidieron en subrayar algo que quizá no tenga mucho impacto en la futura sentencia, pero que resulta llamativo vista la cantidad de clientes que recurrieron a sus servicios y las cantidades que llegó a cobrar: la información que les suministraba tenía escaso o nulo interés e incluso alguno llegó a calificar su trabajo como una "estafa".

Después de unas largas sesiones de cuestiones previas, el juicio como tal empezó la semana pasada con las primeras declaraciones de acusados. Como suele ocurrir en otros procedimientos, el Ministerio Público es el que propone el orden de comparecientes y si ha habido confesiones, son éstas las primeras en producirse. Así ha pasado en esta vista oral, la primera de la macrocausa Tándem que tiene como principal imputado al comisario jubilado, en la que empezaron declarando antiguos clientes de Villarejo.

En este juicio se examinan tres encargos a Cenyt, el grupo de empresas del expolicía al que empresarios, políticos o grandes compañías recurrían para trabajos de espionaje. Muchos de ellos cuando Villarejo aún era funcionario de la Policía. En otros ya se había jubilado, pero pudo haber seguido utilizando medios oficiales para sus encomiendas. La clave para la acusación de la Fiscalía está en saber si los clientes sabían de esa condición y de los medios de los que podía disponer para así poder probar el delito de cohecho.

Aunque Tándem se divide, de momento, en casi una treintena de piezas separadas, una por cada encargo realizado por las empresas de Villarejo o por el propio expolicía a título particular, esta primera vista juzga tres de ellas, las denominadas Iron, Land y Pintor. En la primera se investiga la contratación de Cenyt por el despacho de abogados Herrero&Asociados para que espiara a un bufete de la competencia, Balder IP Law. En la segunda, Susana García-Cereceda le habría encargado buscar información comprometedora sobre otros herederos en la guerra familiar por el legado del promotor de La Finca. En la tercera, se juzga el encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz –este último marido de la periodista Ana Rosa Quintana– a Villarejo en 2017, cuando ya se había jubilado como comisario, para supuestamente extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía.

Por estas tres piezas, el expolicía se enfrenta a una petición de cárcel de 109 años por delitos que van desde cohecho hasta tráfico de influencias, extorsión, falsedad documental y descubrimiento y revelación de secretos.

"No se hizo absolutamente nada"

Más allá de las explicaciones que fueron dando distintos clientes del comisario acerca de cuál era el encargo que se le solicitó, qué medios utilizó o los pormenores de la relación profesional que mantuvieron, imputados que fueron pasando por la sala de vistas de la Audiencia Nacional confirmaron que recurrieron a los servicios de Villarejo, pero que los resultados fueron bastante decepcionantes.

María Ángeles Moreno, directora y socia de Herrero&Asociados, explicó que la información sobre el otro bufete que les facilitaba Cenyt ya era conocida por el propio despacho. "Creo que nos tomaron el pelo, (...) que se inventaban historias", dijo sin ningún tapujo, tal y como informó Europa Press el día de la declaración. Según ella, fueron víctimas de "una auténtica estafa" porque "no se hizo absolutamente nada". "Me siendo estafada", confesó finalmente.

Moreno habló del modelo 347 de la Agencia Tributaria, que sirve para poner en relación a empresas y clientes. Cenyt se lo ofreció pero, Herrero&Asociados no lo necesitaba porque debido a la legislación sobre patentes y marcas, a lo que se dedicaban, Balder estaba obligado a notificarles cuando asumía un cliente suyo. "Sabíamos los clientes que se iban, los de 500.000 euros y los de 5", ilustró la abogada como ejemplo del servicio poco útil que proponía la empresa de Villarejo.

“Estaba ofreciendo como nueva información que se le había dado desde dentro de la empresa”, resumió la abogada, que en un punto llegó a hablar de "bravuconadas" y "fanfarronerías" para definir

La "estafa", según Moreno, les habría llegado a costar unos 300.000 euros. Eso sí, todos los investigados de Herrero&Asociados que han declarado esta semana afirmaron que Villarejo no les dijo que fuera policía en activo. "A su condición de policía siempre se refería en términos pasados (...), hablaba siempre de su antiguo gremio", rememoró.

"Dos o tres folios"

La empresaria Susana García-Cereceda, acusada de contratar al comisario para espiar a su hermana, a la viuda de su padre, Susana Gómez Cuétara, y al arquitecto de la urbanización de lujo La Finca, Joaquín Torres, también admitió los encargos y la elaboración de dossieres, pero habló de cierta información sobre la que no obtuvo "prácticamente nada". "Que se iba al cine con algunos amigos, nada, realmente nada", relató sobre el expediente relativo a Torres.

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De Villarejo también le llegaron informes verbales, que era el modus operandi, pero de Cenyt, a la que contrató porque había oído hablar de su "profesionalidad", sólo informes escritos que "no eran nada exhaustivos, eran dos o tres folios". Por ejemplo, números de teléfono a los que llamaba Gómez Cuétara, pero nada de contenido sobre esas conversaciones.

La conclusión de Cereceda y el socio de ésta, Francisco Peñalver, es que el encargo y los servicios de Cenyt, por los que supuestamente pagaron más de 300.000 euros, según la investigación de la Fiscalía, no les fueron de mucha utilidad: "Realmente no nos dieron nada"; "no nos sirvió para nada", dijeron, tajantes.

El macrojuicio se retomará el próximo 10 de enero con la previsible declaración del comisario Villarejo, que tendrá que defenderse de todas las acusaciones vertidas por los que fueron sus clientes. Ya intentó hacerlo esta misma semana utilizando su rol como abogado de sí mismo –es licenciado en Derecho y en la vista se sienta junto a su letrado y no en el banquillo de los acusados–, hablando de él en tercera persona cuando se refería a los trabajos que realizó y tratando de introducir buenas valoraciones cuando preguntaba sobre los servicios prestados. Para exasperación de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, en más de una ocasión.